Vigilantes de seguridad en dependencias del Ayuntamiento de San Fernando han decidido concentrarse todos los viernes pasado el mediodía a las puertas del Consistorio provisional, en plena calle Real, para hacer visible los “graves problemas” que llevan sufriendo desde hace meses, sin que se les dé solución.
Este personal, actualmente de la adjudicataria RMD Seguridad, lamenta verse obligada a dar este paso en sus movilizaciones “después de innumerables reuniones con los responsables del Gobierno local y de denunciar ante los órganos competentes”.
El comité de empresa vuelve a recordar, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, las mociones presentadas a pleno sobre su cuestión, aprobadas por unanimidad: “necesitamos la solución con carácter urgente de este problema ya que está provocando problemas familiares sin que nos lo merezcamos”.
El principal problema con esta empresa “con una amplia trayectoria de irregularidades en materia laboral pese a que no llega ni a los tres años de antigüedad” es el pago atrasado del salario.
Sin embargo, existen otras cuestiones: “volver a la cotización del 100%, conceptos de la nómina por debajo del legal por convenio, la no entrega de la dotación necesario para el cumplimiento de funciones, la no entrega de la uniformidad necesaria, o la no impartición de cursos de reciclaje o si los imparte no los paga”.
“Volvemos a pedir que se agilice el contrato”, repite el comité, evidenciando que por lo que se está pagando a la actual adjudicataria, se pueden contratar a empresas serias, “una empresa que cumpla con la ley, con el pliego de contratación y con el convenio nacional de seguridad privada”.
El equipo de Gobierno, por su lado, tiene pensado tramitar el nuevo contrato una vez entre en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que se espera para principios de marzo, y que, se asegura, “no sólo permitirá mejorar el pliego de condiciones sino que también brindará mayores garantías para los profesionales”. Entretanto, se ha decidido licitar un contrato puente que tendrá una duración aproximada de unos seis meses.
A principios de febrero, una semana después del pleno ordinario de enero en el que Sí se puede presentó una nueva moción pidiendo una solución para el conflicto laboral de la plantilla de vigilantes (se aprobó resolver el contrato con RMD, emprender acciones legales contra la empresa y presentar la licitación de un nuevo contrato de seguridad), la agrupación de electores pedía públicamente la dimisión del concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, “por su gestión del conflicto y ser el responsable de que se cumplan los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento”.
Para la formación morada, la situación de esta veintena de trabajadores sigue “agravándose” por las prácticas de la empresa RMD, y la “inacción del PSOE no puede quedar impune”; una “traición a los intereses de los trabajadores”.
