La concejalía Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Fernando ha aprobado, a través de un decreto, la autorización para ejecutar los trabajos comprendidos en la segunda fase del proyecto de intervención en la fosa común del cementerio isleño, con el objetivo de exhumar los restos de las personas represaliadas por el franquismo, en virtud a la aplicación de la conocida como ley de Memoria Histórica.
Esta autorización viene a dar respuesta a la petición realizada por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede) y los familiares de las personas represaliadas para acometer la fase definitiva que servirá para la recuperación de los restos óseos humanos de quienes fueron enterrados en la fosa común del camposanto isleño y posteriormente proceder a su identificación, cotejándolos con los datos biológicos de los familiares que aguardan desde tiempo atrás encontrar a quienes sufrieron persecución y darles una digna sepultura.
En los últimos meses, este colectivo ya había criticado el “estancamiento” de este nuevo paso, después de que entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado, se desarrollarán los sondeos arqueológicos y se constatara la existencia de restos humanos con total compatibilidad con los represaliados por el franquismo en, al menos, dos de las siete catas arqueológicas realizadas, así como la existencia de vainas de munición detonadas que pudieran haber sido usadas para la ejecución de los asesinatos.
Según las estimaciones que se manejan en base a estos informes previos, se calcula la presencia de restos de hasta 217 personas asesinadas y enterradas en tres fosas comunes.
Esta nueva fase de intervención, informan desde el Consistorio en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, comenzó esta misma semana, el 9 de agosto, tras “la diligente actuación tanto de la Junta como del Ayuntamiento”, se afirma, que emitió la autorización inmediatamente posterior a que la administración autonómica publicara en el BOJA, el pasado lunes 7, la orden firmada por el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y de Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, por la que se aprobaban siete intervenciones en fosas comunes distribuidas en cuatro provincias: Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva.
En el caso de la provincia gaditana, la actuación que cuenta con luz verde ha sido la de San Fernando, una vez estudiadas por el comité técnico de coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la posguerra.
LA JUNTA PONE CASI 18.000 EUROS
Esta segunda fase del proyecto contará con un presupuesto de 17.990 euros, sufragado por la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta. También participa económicamente la Diputación mediante un convenio y a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, que ya formó parte activa del acuerdo firmado que posibilitó la primera fase.
El presidente de Amede, Eladio Asencio Barbacil, ha destacado la importancia de la aprobación de esta fase por parte de la Junta y el Ayuntamiento, ya que con su ejecución, se podrán localizar la totalidad de los restos óseos, exhumarlos y proceder a su identificación genética, todo ello tras una primera fase en la que los trabajos consistieron en la indagación y localización de la fosa común, así como la comprobación de existencia de restos, algo que el equipo técnico pudo constatar.
Para la ejecución de los trabajos de la segunda fase se cuenta con profesionales contratados gracias al presupuesto aportado por la administración regional. El equipo técnico conoce ya la fosa común puesto que es prácticamente el mismo que el que actuó en la primera intervención con varias incorporaciones. Está formado por el director arqueólogo, Jorge Cepillo; el antropólogo forense Juan Manuel Guijo y el antropólogo social, Francisco Javier Pérez Guirao; el topógrafo Eugenio Olid Chastang y los técnicos auxiliares Félix Urra Ceballos, Susana Rodríguez Domínguez y María José Rodríguez Martín.
La autorización del Ayuntamiento para acometer los trabajos de excavación y exhumación se concede hasta diciembre de 2017. En estos cuatro meses y medio deberán intervenir sobre la fosa común localizada en una extensión de 30 metros de largo por 4 metros de ancho y 4 metros de profundidad, y para ello contarán con el apoyo de equipos e infraestructura aportado por el Ayuntamiento, desde materiales y herramientas a instalaciones en el mismo camposanto donde serán custodiados los restos óseos antes de ser enviados a Granada para su análisis genético.
Desde la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando se ha querido agradecer al Ayuntamiento su disposición para que se acometan los trabajos del proyecto de intervención: “ha sido una administración que siempre ha estado al pie del cañón con nosotros, facilitando todo cuanto hemos necesitado y con una actitud colaborativa excepcional desde que en octubre de 2016 comenzamos formalmente las reuniones con las tres administraciones implicadas para llevar a cabo esta actuación”.
Los primeros trabajos ejecutados en esta semana están centralizándose en las catas 4 y 5, es decir, en la zona del patio de la fosa común más próxima a la puerta de acceso a lo que antaño era un pequeño cementerio protestante. En este enclave fue donde, hace ahora nueve meses, se encontraron hasta cuatro cadáveres de personas represaliadas, alguna de ellas con evidentes signos de violencia, y vainas de munición detonadas que pudieron ser utilizadas para estos asesinatos.
