Personas convocadas por Iniciativa Galilea, grupo que ha nacido para protestar contra actuaciones del Obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, “marcadas por la prepotencia, por las injusticias y que antepone al dinero al Evangelio”, se han concentrado en la mañana de este miércoles a las puertas de los juzgados del estadio Carranza (el Juzgado de lo Social número 2 de la ciudad) para apoyar al matrimonio que la Iglesia “quiere echar a la calle” en San Fernando.
Carmen Guerrero e Ildefonso Portillo, de 70 años de edad, después de trabajar durante más de 40 años en el convento de las Capuchinas de La Isla y viviendo en la portería, ahora, tras la marcha de las monjas ven cómo el Obispado les dice que tienen que irse.
A finales de 2018, Ildefonso recibía del Obispado de Cádiz un burofax en el que se les indicaba que tenían que dejar las dependencias del convento. En marzo se celebraba un juicio por la vía civil, a partir de la demanda presentada contra el desahucio, pero todavía no hay sentencia. Antes de ese juicio, como intento de acuerdo, la Iglesia le ofreció al matrimonio unos 12.000 euros. Y en el juicio laboral de este miércoles, se reclama una indemnización por despido improcedente y, por supuesto, la permanencia en la vivienda o bien que le abonen un alquiler.
Ildefonso, contratado, realizaba labores de mantenimiento, pero Carmen, sin contrato, solo a cambio de poder vivir en la casa de la portería, ha trabajado todos estos años limpiando, abriendo y cerrando y haciendo gestiones exteriores para las religiosas del convento, entre otras funciones. Como nunca ha tenido contrato (sí existe un documento firmado en 2008 por la abadesa y el matrimonio, donde se reconoce que existe relación laboral con ambos), ahora no tiene ni pensión, ni indemnización, ni vivienda.
Y DESPIDO NULO POR “REPRESALIA EMPRESARIAL”
Este caso se suma a otro reciente en el que el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz declara nulo por “represalia empresarial” el despido de una empleada que llevaba 18 años trabajando en el Obispado; debe ser readmitida en su puesto de trabajo, con el pago correspondiente de todos estos días que ha estado en la calle.
Desde el grupo cristiano de Reflexión-Acción, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, se valora de modo “muy positivo” dicha sentencia condenatoria para el Obispado de Cádiz y Ceuta: “lamentamos que un juez deba declarar el despido nulo por no encontrar motivos para ello y que las causas del mismo hayan sido por represalias contra la trabajadora por haber reclamado el cambio sustancial en sus condiciones de trabajo y también por haber sido sancionado su esposo con cuatro días de suspensión de empleo por motivos infundados hasta el punto que el juez tuvo que revocar la sanción impuesta por el Obispado”.
Este colectivo considera que estos procedimientos, “tan frecuentes en los despidos de empresas mercantiles, nunca debieron ser utilizados por un Obispado que no debe ser una empresa más de corte neoliberal, sino que representa a la iglesia local de Cádiz y Ceuta al frente de la cual hay un pastor, sucesor de los apóstoles de Jesús de Nazaret al que todos deberíamos de seguir”.
“Creemos que el Obispo debe cesar en sus cargos a las personas responsables de estas sanciones y despidos, que no son los únicos, sino que se repiten por desgracia, con demasiada frecuencia”, se remarca; y se añade que “no se puede seguir dando el vergonzoso espectáculo que se está dando en nuestra diócesis con situaciones como estas situaciones y con un descontento muy generalizado entre los sacerdotes que por miedo a las represalias callan y no dicen nada”.
Este el grupo cristiano de Reflexión-Acción apunta que hay que volver a los tiempos de obispos anteriores como Añoveros, Dorado, Ceballos, “donde este tipo de problemas no existían y las relaciones del Obispo con sus sacerdotes y laicos era mucho más fluida y cercana, y donde primaba la preocupación pastoral, más que las de tipo económico como ahora, dando más el Obispo la imagen de un empresario que de un pastor”.
