El Juzgado Contencioso-Administrativo ha condenado a la delegación territorial de Desarrollo Sostenible a la recuperación de la posesión de varias coladas en suelo roteño (de Los Charcos, de Cebollares y de Cobalengo), terrenos objeto de usurpación pese a su condición de dominio público. Ecologistas recuerda que esta situación se repite por toda la provincia.
Tras varios recursos presentados por Ecologistas en Acción contra la inactividad de delegación territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz para la recuperación de diversos tramos objeto de usurpaciones y ocupaciones en vías pecuarias de la provincia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz acaba de condenar a la respectiva consejería a la recuperación de la posesión de varias coladas en el municipio de Rota (Coladas de Los Charcos, de Cebollares y de Cobalengo).
De este modo, se ha dictado sentencia ante la “inactividad” de la administración autonómica competente frente a unas usurpaciones en dichas vías pecuarias, y se insta a la delegación territorial a la tramitación y resolución de la recuperación de oficio de la posesión de los terrenos objeto de intrusión y usurpación.
La propia delegación territorial de Cádiz ya elaboró, a instancias de Ecologistas, un proyecto de adecuación y restauración paisajística de vías pecuarias en el municipio de Rota en 2018, financiado con fondos europeos por unos 900.000 euros, con el objeto de conectar la Puerta Verde de Sanlúcar con la Vía Verde Entre Ríos. Y en el propio proyecto técnico se recoge la usurpación existente de los terrenos por cultivos agrícolas; “sin embargo, la consejería en todos estos años no ha tramitado los expedientes de recuperación de los terrenos que ahora el Juzgado le obliga a efectuar”, lamenta la asociación demandante.
“la condición de dominio público de las vías pecuarias deslindadas obliga a su mantenimiento y conservación, así como a la potestad de recuperar de oficio los terrenos indebidamente ocupados”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Ecologistas en Acción aprovecha para esa “permanente inactividad” también respecto a otras vías pecuarias en territorio gaditano: la Cañada Real de Lomopardo o de Medina, la Cañada Real de Los Arquillos, la Vereda de Patriste a Jimena, el Cordel del Tiznado o la Cañada Real de Monte Algaida, la Colada del Argamazón en el Parque Natural Sierra de Grazalema, o el Camino Alto de Prado del Rey a El Bosque: “todas ellas ocupadas ilegalmente, sobre las cuales la propia Junta y otras administraciones han impulsado usos complementarios de estas vías pecuarias con la implantación y fomento de su uso como recorrido de cabalgada, cicloturismo y senderismo, tanto en el entorno del río Guadalete como en las rutas programadas como ‘Puertas Verdes’”.
Como establece la última sentencia, “la condición de dominio público de las vías pecuarias deslindadas obliga a su mantenimiento y conservación, así como a la potestad de recuperar de oficio los terrenos indebidamente ocupados”. El Contencioso-Administrativo expresa de forma clara que “es una obligación de la Junta, que puede ser exigible por todos aquellos interesados, entre los que se encuentra la asociación Ecologistas en Acción, en defensa de un patrimonio público, sin que se pueda entender que se trata de una facultad discrecional, o que depende de la acción de gobierno, sino de un incumplimiento de normas legales y reglamentarias que genera responsabilidades y obligaciones, y que por tanto es revisable por esta jurisdicción”.
