Los seis funcionarios del Ayuntamiento roteño condenados a prisión en el caso ‘horas extras’ esperan el apoyo del Gobierno local y de los vecinos a una petición de indulto y aclaran que han sido sentenciados “por el desarrollo de un simple procedimiento administrativo, que considerábamos, y estábamos convencidos de que es legal y ajustado a derecho”. Respetando las decisiones de la justicia, insisten en que las penas impuestas “son totalmente desproporcionadas y faltas de equidad”.
“Respetando las decisiones de la justicia, consideramos que las penas impuestas son totalmente desproporcionadas y faltas de equidad, y es por ello que pedimos a los ciudadanos de Rota que apoyen con su firma y su adhesión la petición de indulto que solicitará el Ayuntamiento”. Son consideraciones del grupo de funcionarios municipales de este Consistorio condenados en el conocido como caso ‘horas extras’. Hace unos días, el Tribunal Supremo ha ratificado íntegramente las condenas dictadas hace un año por la Audiencia Provincial de Cádiz, y que entre otros, sentencia a cuatro años y medios de cárcel a la exalcaldesa del PP, Eva Corrales.
“Han sido casi cuatro años, los que el presente proceso ha durado desde los primeros interrogatorios hasta la recepción de sentencia firme el pasado 24 de mayo, en los que nos hemos mantenido en nuestra posición con toda la entereza que hemos sabido demostrar y durante los que hemos desarrollado nuestra labor en este Ayuntamiento con toda la profesionalidad que atesoramos y que siempre hemos practicado durante toda nuestra vida funcionarial”, defienden estos seis trabajadores en un comunicado conjunto remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Durante esos casi cuatro años, se subraya, “nosotros y nuestras familias, nos hemos visto envueltos en situaciones sin precedentes en nuestro entorno y en las que en muchas ocasiones hemos sufrido juicio paralelos en los medios y por personas -que sin tan siquiera conocer lo que estaba ocurriendo- hacían su juicio de valor, provocando en los ciudadanos de Rota el pensamiento de que hemos robado a nuestro Ayuntamiento”.
Proceso que se inicia por la denuncia efectuada en su día por IU –hoy cogobernando en el Consistorio junto al PSOE-, actuando “en el ejercicio de su legítima labor de fiscalización y control como oposición en el momento de los hechos, que lógicamente respetamos totalmente y que ha dado lugar a la sentencia que nos ha sido adversa”, se agrega.
Estos funcionarios condenados aseguran seguir confiando “ciegamente” en la justicia pero desean apostillar varias cuestiones “que para nosotros son fundamentales para nuestro honor, que hasta ahora no hemos querido manifestar por prudencia”.
Así, estos trabajadores que cuentan “con una dilatada e intachable vida funcionarial”, aclaran que han sido condenados “por el desarrollo de un simple procedimiento administrativo, que considerábamos, y estábamos convencidos totalmente, de que es legal y ajustado a derecho, como así lo corrobora el informe jurídico del propio Ayuntamiento, aunque los tribunales de justicia ha entendido lo contrario”.
Del mismo modo, se repite que “no hemos sido juzgados ni condenados por delitos como: desfalco, robo o malversación de dinero público, ya que nunca hemos cometido tales delitos y nunca hemos robado dinero y la sentencia nada dice al respecto”.
Y finalmente, se quiere condenar las amenazas dirigidas a los concejales de IU “que ponen en peligro las garantías de convivencia democrática y que de igual forma también nos han provocado mucho daño”.
SE APOYARÍA UNA PETICIÓN DE INDULTO EXCLUYENDO A LOS POLÍTICOS
Socialistas e izquierdistas, ahora en el Gobierno municipal, lamentan que “este caso, al igual que los demás casos pendientes de resolver, se hayan tenido que trasladar a sede judicial, por la actitud intransigente del anterior equipo de Gobierno PP-RRUU, que sistemáticamente se vino negando a dar explicaciones sobre las irregularidades que se estaban cometiendo y nunca adoptaron las medidas necesarias para corregirlas”.
Además, el bipartito, mostrando su “respeto a las leyes, al Estado de Derecho y a las resoluciones judiciales”, ha dejado caer estos días que baraja respaldar una petición de indulto si así lo plantean los representantes de los trabajadores, siempre y cuando esa solicitud fuera liderada por la propia junta de personal o por otro colectivo, y que la misma incluyera exclusivamente a los funcionarios condenados y no a los políticos.
La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con la que confirma la pena de cuatro años y medio de cárcel que la Audiencia de Cádiz impuso a la entonces todavía alcaldesa, Eva Corrales, como autora de un delito de falsedad en documento oficial y otro continuado de prevaricación administrativa. La condena incluye además ocho años y medio de inhabilitación especial para cargo público y multa de 2.700 euros.
Las penas que se ratifican para los otros siete acusados son: cuatro años y medio de cárcel, y cinco años y tres meses de inhabilitación especial, respectivamente, para el exconcejal y también funcionario Ismael Puyana, el exresponsable técnico de la delegación de Fiestas, y otros dos funcionarios; dos años de cárcel y cinco años y tres meses de inhabilitación para el funcionario que se hacía con los trabajos de costura; cinco años y tres meses de inhabilitación para la mujer de éste último; y dos años y siete meses de inhabilitación para el exinterventor.
(puedes comentar esta información más abajo)
