El portavoz del Gobierno roteño ha dado más detalles sobre los motivos de la dimisión del concejal Jesús Torres, del PSOE, debido a las circunstancias de su esposa por temas urbanísticos; así como el mecanismo que se estaba llevando a cabo en el Ayuntamiento en estos casos durante los anteriores mandatos, y que cambió meses antes de las elecciones de 2015. Ello ha dejado al descubierto en un caso igual de infracción urbanística “tratos de favor de PP y RRUU hacia un histórico dirigente de la formación independiente”.
El portavoz del Gobierno roteño, Daniel Manrique, ha dado más detalles sobre los motivos de la dimisión del que hasta el pasado viernes era concejal de Servicios Municipales, Limpieza, Agricultura y Pesca, Jesús Torres, del PSOE, por las circunstancias de su esposa por una infracción urbanística; así como el mecanismo que se estaba llevando a cabo en el Ayuntamiento en estos casos durante los anteriores mandatos con gobiernos de PP y RRUU, y que cambió meses antes de las elecciones de 2015.
Unas cuestiones que “dan una visión clara” de lo que a juicio de Manrique responde a “una estrategia urdida por la cabeza pensante” del anterior bipartito “contra el actual alcalde socialista”, y deja al descubierto en un caso igual de infracción urbanística “tratos de favor de PP y RRUU hacia un histórico dirigente de la formación independiente”.
El también primer teniente de alcalde ha defendido en todo momento la “actuación ejemplar” del actual bipartito PSOE-IU cuando se detecta una infracción urbanística: “se instruyen dos expedientes, uno sancionador, y otro que obliga a legalizar la obra o en caso contrario a demoler lo construido”. En este sentido, la practica del anterior equipo de Gobierno desde 2003 era realizar tan sólo el expediente sancionador, pero “esta práctica cambia a principios de 2015, cuando PP y RRUU deciden seleccionar 2.000 de entre todos los expedientes urbanísticos existentes no sabemos por qué se eligen unos sí y otros no, y comienzan a tramitar los correspondientes expedientes de demolición”.
Ante este ingente volumen de expedientes, Manrique aclara en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “cuando llegamos al Ayuntamiento, este equipo de Gobierno contrata a tres especialistas para que depuraran los expedientes y pudiéramos actuar sin arbitrariedad”. Y en la realización de este plan, que está a punto de concluir, se encuentra “de manera sorprendente” que tan sólo uno de los expedientes de demolición iniciados, se había culminado, y se había dictado la orden de demolición: el de la esposa del socialista Jesús Torres.
Manrique concreta que los hechos en el caso de Torres se producen en 2009, cuando la esposa solicita licencia para edificar una nave en una parcela heredada de su padre; se edifica la parcela y se procede a reordenar el interior de la nave, algo que los servicios de inspección detectan, y por lo que se les multa con 34.000 euros, que han estado pagando al Ayuntamiento.
Desde esa fecha “ni la esposa ni el propio Jesús Torres han tenido conocimiento de que se hubiera abierto otro expediente”, porque la citada orden aprobada por el anterior equipo de Gobierno un mes antes de las elecciones no se les había notificado, sino que se había publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En este punto, en cuanto el Ayuntamiento tuvo constancia de esta orden de demolición, el alcalde dio instrucciones de que se le diera cumplimiento, y fue entonces cuando Jesús Torres presenta su dimisión “para poder defenderse de esta orden que no se le había notificado”.
UN EXPEDIENTE SIMILIAR PARA UN DIRIGENTE DE RRUU, PERO DIFERENTE
Aprovechando las insinuaciones de otros partidos sobre presuntos tratos de favor, el portavoz del Gobierno ha dejado caer que entre esos 2.000 expedientes de demolición iniciados por el anterior bipartito, también se encuentra en el de una nave ubicada junto a la de la esposa de Jesús Torres, que corresponde a un hermano de esta, un “histórico dirigente de RRUU, expresidente del partido y cargo de confianza, aunque no sabemos por el momento cómo cobraba sus nóminas”, al que no sólo no se culminó el expediente dictando una orden de demolición, sino que además se le fijó una sanción de 18.000 euros, cuando el informe técnico proponía multa de 43.900 euros, “lo que supone una cifra sustancialmente inferior a la aplicada a la esposa de Jesús Torres, aún siendo ambas construcciones de las mismas características”.
Por todo ello, y “si se va a hablar de trato de favor habría que preguntarse hacia quién, hacia un concejal que para defender sus intereses dimite, o hacia un señor al que no se le dicta orden de demolición y además se le aplica menos sanción de la propuesta por los técnicos”, se queja Manrique.
De la misma forma, lamenta este edil socialista que RRUU a través de un comunicado llegue a decir que esta infracción urbanística “es como uno de sus casos”. “Nada más lejos de la realidad, hay cuatro diferencias fundamentales entre uno y otro –defiende Manrique-. En primer lugar los hechos que afectan a un familiar de Torres se dieron cuando éste no era concejal, a diferencia de Lorenzo Sánchez y casi toda la cúpula de RRUU; el tema de Jesús Torres se trata de una infracción urbanística, y en el de RRUU de un presunto delito; en el caso de Jesús Torres se ha realizado en el ámbito privado, a diferencia de RRUU; y por último mientras Jesús Torres presentó su dimisión de manera automática, el líder de RRUU es hoy por un presunto delincuente que sigue como concejal en este Ayuntamiento”.
Finalmente, el equipo de Gobierno de PSOE e IU subraya que “tenemos muy claro que en cuanto haya conflicto de intereses, hay que presentar la dimisión, porque creemos que hay que respetar la institución y no podemos manchar la imagen de este Ayuntamiento como lo han hecho PP y RRUU”.
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