Existe una creciente preocupación respecto a la repercusión que están teniendo procedimientos de contratación en la Base de Rota por parte de la Marina de EEUU, y que están generando resoluciones no favorables a empresas españolas que llevan muchos años prestando servicios. Ayuntamiento y Faec van de la mano para que se aclare esta situación.
El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y miembros de su equipo de Gobierno se reunían días atrás en el Castillo de Luna con representantes de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (Faec) y de varias empresas asociadas que llevan muchos años trabajando para la US Navy en la localidad.
Y es que existe una creciente preocupación en los últimos tiempos respecto a la repercusión que están teniendo los procedimientos de contratación que lleva a cabo la Marina de EEUU, y que están generando resoluciones no favorables a empresas españolas, muchas de ellas roteñas, que llevan años prestando servicios y ejecutando trabajos en la Base Naval de Rota “con alto grado de satisfacción por parte de las autoridades americanas”.
Sin embargo, ahora se están viendo desplazadas por firmas americanas que “están aprovechando cuestiones no recogidas claramente en el actual convenio bilateral, en cuanto a que se generan dudas sobre si dichas empresas están realmente autorizadas a llevar a cabo dichas actividades en España, según la legislación española”, se apunta en la información municipal recogida por DIARIO Bahía de Cádiz.
Todo ello, sin menoscabo del resultado negativo que se ha venido sufriendo, como ha sido el caso del contrato de gestión del aeropuerto de la Base a favor de Louis Berger, con un conflicto laboral que se alarga ya casi seis años.
El primer edil socialista asegura que ha venido trasladando estas cuestiones en los últimos meses a las autoridades implicadas, pero ambas partes reunidas entienden que “yendo de la mano es posible trabajar en los distintos frentes de una forma mucho más coordinada”.
“hay que garantizar que las empresas españolas tienen todas las garantías en estos procedimientos, dentro del espíritu legítimo y lógico de que los beneficios económicos por la presencia de la Base en Rota repercutan en la economía local”
Respecto a las situaciones que se están dando con algunas licitaciones recientes, en primer lugar se van a plantear acciones a distintos ministerios al objeto de aclarar qué tipo de documentos se deben exigir a las empresas extranjeras para poder operar en el Estado español, “algo que debe suponer que concurren cuanto menos, con las mismas oportunidades que las empresas españolas, que deben pasar por estrictos controles a la hora de justificar su solvencia técnica y económica, frente a la vía de acreditación o capacidad de obrar que encuentran las empresas americanas, presumiblemente mucho menos garantista”.
En segundo lugar, de cara a la negociación de las modificaciones del convenio bilateral entre España y EEUU, se llevarán a cabo igualmente iniciativas conjuntas entre Ayuntamiento y Faec de manera que en el nuevo acuerdo se recojan claramente los requisitos que deben reunir las empresas contratistas de esta base militar de uso conjunto.
Y es que se acerca un momento clave marcado por las expectativas de ampliación del personal norteamericano que viene destinado aquí y la mayor inversión que desde EEUU se tiene previsto realizar en el recinto (se prevén la llegada de dos destructores más como parte del inquietante “escudo antimisiles de la OTAN”), “respetando por supuesto la legalidad y la libre concurrencia, pero garantizando que las empresas españolas tienen todas las garantías en estos procedimientos, dentro del espíritu legítimo y lógico de que los beneficios económicos por la presencia de la Base en Rota repercutan en la economía local y por supuesto, del lado español”, remarcan desde el Consistorio.
Finalmente, Ayuntamiento y dicha patronal más representativa del sector de la construcción en la provincia, han acordado solicitar de manera conjunta al Gobierno central, y más concretamente al Comité Permanente, una mayor atención en los procesos de licitación que impulsa EEUU en la Base roteña, “para que se exija que las empresas adjudicatarias cumplan estrictamente con la legalidad, debiendo acreditarse que las mismas se encuentran autorizadas para llevar a cabo en España sus actividades”.
