El Tribunal Supremo acaba de notificar al Ayuntamiento de Rota y al titular de la problemática explotación de ganado vacuno existente en la avenida de la Matea, el fallo de una sentencia que pone punto y final a más de seis años de litigio.
El fallo da la razón al Consistorio y deja claro que su acuerdo ordenando el cierre de la vaqueriza es conforme a Derecho, por carecer de autorizaciones administrativas necesarias y estar ocasionando graves problemas de salubridad a los vecinos que residen en las inmediaciones.
Según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes municipales, esta sentencia abre un nuevo escenario “donde ya no cabe discutir más sobre si la ganadería se tiene que quitar o no, sino que lo que procede es su desmantelamiento en el plazo de 15 días”. Si llegada a esa fecha no se hiciera, el Ayuntamiento se verá en la obligación de iniciar la ejecución forzosa, que ya comenzó cuando se recibió la sentencia de primera instancia, pero que se tuvo que paralizar porque la autoridad judicial, a petición del demandante, dictaminó que se esperara a la resolución firme del Supremo.
Dicha ejecución forzosa consistiría en el precinto de actividad económica para impedir que se siga con la comercialización de la leche, con independencia de que mientras se hace el traslado del ganado, el titular de la explotación o sus empleados podrán acceder al interior a los solos efectos de darle los cuidados necesarios a las vacas.
Por otro parte, la Junta de Andalucía debe proceder de forma inmediata a cancelar el código de explotación ganadera, para lo que ya se ha enviado el correspondiente oficio. “La Junta no puede ponerse de perfil y no querer entrar en este asunto, cuando ya hay una sentencia firme que determina que la actividad no puede seguir ejerciéndose y cuando lo que está en juego es la salud pública. Esperemos que el Gobierno andaluz esté a la altura de la circunstancias, respete, acate y cumpla el mandamiento judicial”, desea el equipo de Gobierno roteño, del PSOE.
Con esta resolución judicial “se da un paso muy cualitativo para solucionar de una vez por todas el problema de salubridad pública que muchos roteños vienen padeciendo desde hace más de una década, ya que, aunque la ejecución forzosa es un procedimiento que se puede demorar algunos meses, será la solución definitiva al problema”, se considera.
ASUNTO EN LOS JUZGADOS DESDE 2015
Esta larga batalla judicial emprendida por el ganadero tiene su origen en un acuerdo adoptado en el mes de marzo de 2015 por el entonces todavía Gobierno local de PP y RRUU, que acordaba el cierre de la explotación. Frente a dicha decisión municipal, el titular de la ganadería interpuso recurso contencioso-administrativo.
Paralelamente, el Gobierno municipal ya de PSOE e IU pactó un plan de evacuación, en el cual se hacía un cronograma del desmantelamiento de la actual instalación y el traslado del ganado a otra. Pese a que en ese plan se le dio tiempo “más que suficiente” para poder realizar dicho traslado, “lo cierto es que los actos concluyentes puestos de manifiesto por el ganadero evidencian que nunca tuvo intención de cumplirlo, sino más bien dilatar en el tiempo todo lo posible dicha evacuación”.
El primer revés judicial para este empresario se produce en septiembre de 2018, cuando por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz se dicta sentencia avalando el acuerdo de cierre adoptado por el Ayuntamiento. Es en ese momento cuando recurre la mencionada sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), confirmando dicho órgano la sentencia de primera instancia en toda su integridad. Y es frente a esa segunda sentencia, sobre la que se interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que igualmente ha sido rechazado ahora, en una sentencia que ya es firme y contra la que no cabe recurso alguno.
