El Ayuntamiento de Rota ha impulsado la elaboración de un estudio que permita regularizar la mayoría de viviendas ilegales del término municipal. Para ello, se han reforzado los servicios técnicos municipales a través del Plan de Empleabilidad para obtener información de las casas que se encuentran en situación de ilegalidad en zonas rurales, y acogerse así al decreto de la Junta de Andalucía que permite a las administraciones locales dar los primeros pasos en el proceso de regularización de estas edificaciones.
El Ayuntamiento de Rota ha impulsado la elaboración de un estudio que permita regularizar la mayoría de viviendas ilegales del término municipal. Para ello, y tal y como explican el primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez, y el concejal de Planeamiento Urbanístico, Francisco del Olmo, se han reforzado los servicios técnicos municipales a través del Plan de Empleabilidad para obtener información de las casas que se encuentran en situación de ilegalidad en zonas rurales, y acogerse así al decreto de la Junta de Andalucía aprobado que permite a las administraciones locales dar los primeros pasos en el proceso de regularización de estas edificaciones.
Este decreto distingue tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos). Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre aquellas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse por ubicarse en suelos protegidos o inundables, o por no haber transcurrido el plazo de años exigidos para que la administración actúe.
Sobre el reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación, la figura está reservada para construcciones no adecuadas a la Ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación, y en las que haya transcurrido el plazo y prescrito la infracción o en los casos de imposibilidad de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, posibilitando su permanencia, sin menoscabo de que se mantenga a dichas parcelaciones el régimen actual de restitución de la legalidad urbanística.
Lorenzo Sánchez apunta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que el Ayuntamiento no puede dar la espalda a la realidad de dichas viviendas, “la gran mayoría construidas hace ya un número considerable de años”, y debe dar respuesta a dichas situaciones en aras del principio de la seguridad jurídica, evitándose así un trato diferenciado a situaciones parecidas y menos tras la iniciativa del parlamento andaluz de reformar el articulo 185 de la Ley Urbanística de Andalucía (LOUA) para facilitar la regularización de viviendas ilegales construidas en suelo rústico.
Será entonces cuando los ayuntamientos estarán facultados para sacar adelante los estudios realizados y los propietarios podrán dirigirse a los servicios municipales con el fin de solicitar esa regularización, pagando lo que les corresponda, claro. En ese sentido, el edil de Planeamiento ya trabaja en la elaboración de identificación de los diferentes tipos de situaciones como son los casos de las edificaciones aisladas, para que tengan las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad y que aborde entre otras cuestiones, el acceso a los servicios básicos de luz y agua, al menos en régimen de autoabastecimiento.
Del Olmo ha dejado claro que tras los estudios iniciados, el Consistorio “no pretende regularizar la situación de construcciones ilegales de forma indiscriminada”, sino “dar una respuesta, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de las circunstancias físicas y jurídicas de cada caso particular”.
