El Ayuntamiento de Rota se ha visto obligado “una vez más” a destinar parte de los ingresos municipales a hacer frente actuaciones que “no se hicieron bien” por parte de anteriores corporaciones.
El último ejemplo han sido los cerca de 409.000 euros que ha tenido que abonar hace menos de un mes por mandato judicial, a raíz de la expropiación de la plaza de la Mina Chica. Una expropiación que se inició en 2007 (cuando cogobernaban PP y RRUU) y en la que en vez de intentar llegar a un acuerdo con los propietarios se actuó “con prepotencia”, llevando el asunto a los tribunales, que ahora obligan al Consistorio a pagar “una enorme cantidad de dinero en la que incluso se incluyen intereses”, ha denunciado el concejal de Hacienda, Manuel Bravo.
Para este edil del PSOE, esta expropiación de Mina Chica “dista, y mucho de cómo está actuando en estos momentos el Gobierno municipal”, refiriéndose a la expropiación que se hacía hace unos días efectiva de la finca número 1 de la calle Pasadilla, junto a la muralla, “donde el alcalde se ha puesto de acuerdo con la propiedad en el valor de la expropiación, zanjando esta gestión sin discrepancias, sin juicios y sin generar más gastos a las arcas municipales, que el propio precio acordado”.
Así, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes municipales, la expropiación de la finca de 191 metros cuadrados que ocupa la calle Mina Chica, se inició por decreto en junio de 2007. En aquel momento los propietarios no estuvieron de acuerdo en la valoración de la citada finca por la que el Ayuntamiento ofreció poco más de 84.000 euros, por lo que solicitaron que la administración correspondiente fijara el justiprecio, siendo la finca valorada en prácticamente 354.000 euros.
Pero aún con este justiprecio, ambas partes presentaron sus recursos contenciosos administrativos, que ahora, al cabo de diez años del inicio del expediente ha desembocado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ratifica el valor dado por la administración, a lo que hay que sumar los intereses que ascienden a casi 55.000 euros, “haciendo un total de 408.680 euros”.
El pago de este importe afecta “de una manera sensible” a la tesorería municipal, “obligando a destinar este dinero a este pago, en vez de a proveedores o subvenciones”, ha admitido el edil responsable.
“Las cosas hay que hacerlas bien, no se puede ir de prepotente como demuestra en este caso la propia sentencia”, reflexiona Bravo. Y recuerda que este no el único caso con el que se ha encontrado el actual bipartito de PSOE e IU, ya que también ha tenido que hacer frente en 2017 a la expropiación del parque San Fernando (ejecutada en mandatos anteriores), por el que hubo que abonar cerca de 372.000 euros.
