El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha enviado una carta al comandante de las Actividades Navales de los EEUU en la Base de Rota, Michael D. Macnicholl, para expresar su malestar y preocupación por las problemáticas que a nivel laboral se vienen produciendo en este recinto miliar que debe soportar la localidad, en cuanto a reducción de puestos de trabajo –pese a que desde hace unos años acoge a más barcos de guerra en el contexto de eso llamado escudo antimisiles de la OTAN-, el incumplimiento de la ratio de personal laboral local en la Base, el conflicto laboral y despidos de personal del servicio de aeropuerto de la Base, o la externalización de los servicios.
De este modo, se pide al capitán americano su implicación para que interceda ante su administración norteamericana, con la intención de elevar estas situaciones por ambas partes a los respectivos gobiernos, para que quienes son competentes en política internacional den solución a toda esta problemática.
Todo ello en aras de que “se pueda seguir desarrollando la convivencia entre el personal americano y la sociedad roteña en los mismos términos de normalidad y cordialidad que se ha venido produciendo durante todos estos años”, señalan fuentes municipales en la información recogida por DIARIO Bahía de Cádiz.
Esta Base Naval de uso compartido entre la Armada española y la Marina americana empezó a instalarse en este municipio gaditano en el año 1950, en plena dictadura franquista. Al respecto, en su escrito, el primer edil del PSOE subraya que desde entonces la relación entre sus vecinos y la población tanto fija como flotante estadounidense “se han desarrollado en un clima de total confraternidad. Tanto es así, que bien podemos decir que en esta ciudad se ha vivido un proceso de aculturación mutua entre dos formas de vida distintas, que ha conseguido la consolidación de muchas familias y relaciones afectuosas entre personal de la Marina y personal militar y civil español”.
“Lo cierto es que la convivencia del pueblo de Rota con la base naval, ha sido siempre una convivencia pacífica, habiendo contribuido de forma decisiva esta actitud y generosidad de los roteños, a que hoy en día esta base sea un punto estratégico para la defensa nacional e internacional”, reflexiona Ruiz Arana, añadiendo que “esto no significa que todo haya funcionado bien, y que no existan problemas que debamos solucionar, y para lo cual pido su ayuda, ya que tanto usted como yo, que somos los que conocemos de primera mano la existencia de esos problemas porque vivimos aquí y lo hemos comentado en reuniones privadas, debemos hacerles ver a nuestros respectivos gobiernos que es lo que no está funcionando bien”.
En esta carta, el alcalde se detiene en dos problemáticas “que debemos abordar en su máxima amplitud”. Una de ellas es la situación en la que en estos momentos se encuentra el personal laboral local (PLL) “al que se le tiene suspendido el derecho a la negociación colectiva por imperativo del tratado internacional suscrito por nuestros dos Estados, uno de los derechos más importantes en cualquier sociedad democrática”. Ello supone “una discriminación laboral a la que tienen inmersos a estos trabajadores, que no pueden, ni siquiera, defender sus condiciones laborales como cualquier otro trabajador”.
En esta misma línea, y también en relación al personal laboral local, recuerda Javier Ruiz que “desde hace años se está produciendo un incumplimiento sistemático de la ratio que en los acuerdos bilaterales se fijó en relación al número de personal americano y el personal español que debían trabajar dentro del recinto militar”. Dicha ratio está fijada en un 3×7, esto es, por cada tres trabajadores civiles americanos debe haber siete trabajadores españoles. Sin embargo “en los últimos años se está prescindiendo paulatinamente de personal español en beneficio de personal americano, lo que supone un incumplimiento del tratado, y la sensación de muchos trabajadores y no trabajadores del recinto militar de que estamos ante una situación de pérdida de confianza en los trabajadores españoles, sensación que de propagarse pondría dar lugar a un cambio de percepción de la ciudadanía en cuanto a la presencia americana en la instalación militar y sus ventajas, circunstancia ésta que entiendo que debemos evitar a toda costa, toda vez que no traería consecuencias beneficiosas para ninguna de las partes”.
Y a ello se une la permanente externalización de servicios que está llevando a cabo la Marina americana, “y que está teniendo como consecuencia que se adjudiquen contratos a empresas (muchas de ellas multinacionales extranjeras) que en muchos casos vienen con su propio personal, y que prácticamente tienen un único objetivo a cumplir, el de no bajar del beneficio empresarial que se han marcado, con lo cual se está llevando a cabo diversos despidos y precarización en las condiciones laborales, que afecta muy negativamente al personal que venía prestando sus servicios en esas áreas”.
Un claro ejemplo de esto, es el servicio de asistencia a los vuelos del aeropuerto de la Base. Este contrato se ha adjudicado hace cuestión de un año aproximadamente a la empresa Louis Berger que actualmente mantiene un conflicto laboral importante con la plantilla que han subrogado. Ya se han llevado a cabo diversos despidos y se les está obligando a los trabajadores a que asuman unas condiciones laborales más perjudiciales a las actuales, “con la amenaza de continuar la senda de despidos si no se aprueba el nuevo convenio colectivo en esos términos, lo que supondría un grave ataque al poder adquisitivo de un colectivo muy amplio, prácticamente todos ellos procedentes de la localidad”.
Además, expone el alcalde en su carta, “como consecuencia de las huelgas que se han iniciado por los trabajadores como señal de protesta por este conflicto laboral, se han producido una serie de hechos que entendemos que no se pueden consentir por atentar de forma clara y flagrante al derecho constitucional a la huelga, tales como: sustitución de los trabajadores en huelga por militares, desempeño de personal laboral de la empresa que no han secundado la huelga de funciones que no le competen, y la imposibilidad de acceder al recinto por parte de la Inspección de Trabajo para comprobar los hechos denunciados”. Ante la cabezonería de la empresa, Ruiz Arana alerta de que “además del impacto económico tan negativo para los trabajadores y por ende para nuestro municipio, que un servicio tan sensible como el que estamos tratando se está prestando en una malas condiciones puede afectar inclusive a la seguridad, no ya sólo del recinto militar, sino de todo el término municipal”.
“Por la parte que me toca, ya he tenido la ocasión de exponerle toda esta problemática a la Ministra de Defensa de nuestro Gobierno, y estoy convencido de que tendré su ayuda para que también le traslade los problemas a vuestro Gobierno, con el objeto de que se pueda dar una solución satisfactoria a los mismo”, sentencia el primer edil en su misiva dirigida al comandante de las Actividades Navales de los EEUU en la Base.
LOS PARTIDOS ROTEÑOS EN DEFENSA DE LA PLANTILLA DEL SERVICIO DE AEROPUERTO
Paralelamente, todos los partidos en Rota, con y sin representación en el Ayuntamiento, ofrecían el pasado viernes una comparecencia conjunta posicionándose en bloque en defensa de la plantilla del servicio de aeropuerto de la Base.
El secretario de Organización del PSOE local, Daniel Manrique, ha sido el encargado de explicar la iniciativa acordada por todos los grupos políticos ante una situación que “transciende a este de más de 150 trabajadores, la mayoría de Rota, ya que es un conflicto que va a perjudicar muy gravemente la economía roteña. Además, si permitimos que esto se de, vamos a abrir la veda para que se reproduzca en otros sectores y otros servicios que tiene la Base”.
Representantes de PSOE, IU, PP, RRUU, Sí se puede Rota. Ciudadanos y UPyD han firmado una carta conjunta que se enviará al vicepresidente de la Junta de Andalucía, el secretario de Estado de Defensa, el Almirante de la Base, el Capitán de la Marina Americana en la Base e incluso a la propia concesionaria del aeropuerto, con la intención de que presionen de manera conjunta a la empresa Louis Berger “para que vuelva al status quo existente antes del conflicto”, readmitiendo a los trabajadores despedidos; y que se retomen las negociaciones con la plantilla bajo el principio de buena fe entre las partes.
A juicio de Manrique, si bien la empresa Louis Berger es la única responsable de esta situación, la Marina americana “debería intervenir y exigir a la empresa que los servicios se presten adecuadamente, se respeten las condiciones de los trabajadores, y se inicie el proceso de negociación sin presiones ni amenazas”.
