Navantia ha cedido gratis a la Junta el uso de una nave en el astillero de Puerto Real que hasta ahora era la sede provisional del futuro Centro de Fabricación Avanzada. Además, la Agencia IDEA ha recepcionado unas oficinas anexas construidas por Navantia que darán servicio a esta infraestructura que se lleva prometiendo desde 2017.
La Junta de Andalucía y la empresa pública Navantia han firmado el acuerdo de cesión gratuita de uso como sede definitiva, por 15 años, de una nave en el astillero de Puerto Real que hasta ahora era la sede provisional del todavía proyecto de Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada (CFA) a la consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.
Este futuro centro, que se viene prometiendo desde hace años (recurriendo a fondos europeos de la ITI) y que sigue sin ponerse en marcha (en verano de 2017 se llegó a asegurar que funcionaría en diciembre de ese año), está dirigido a favorecer la innovación productiva y la colaboración entre empresas y grupos de investigación en el sector del transporte industrial.
La nave suma una superficie construida de unos 1.707 metros cuadrados diáfana con una altura de 17 metros, previamente acondicionada con una inversión (desde la administración autonómica) de casi 500.000 de euros. Esa instalación se entrega junto a una parcela de 6.936 m2.
Además, a través de la Agencia IDEA, se ha recepcionado un módulo de oficinas comunicado con el CFA construido por Navantia con una superficie total distribuida en dos plantas de 530 m2 construidos, y una inversión de más de 575.000 euros.
se ofrecerá a las empresas usuarias equipamiento tecnológico similar al de sus plantas de producción para poder ejecutar sus proyectos en colaboración con otras firmas y con los distintos agentes tecnológicos
Este Centro de Fabricación Avanzada, que ahora se dice que “estará operativo en 2023” (ya cuenta con una oficina técnica), se pondrá a disposición del tejido empresarial vinculado al sector del transporte industrial, especialmente aeronáutico y naval, para que, con los oportunos servicios técnicos de apoyo, puedan desarrollar tecnologías aplicables y transferibles a sus procesos productivos. Unas instalaciones de este tipo ofrecen a las empresas usuarias equipamiento tecnológico similar al de sus plantas de producción para poder ejecutar sus proyectos en colaboración con otras firmas y con los distintos agentes tecnológicos, creando un ecosistema para la generación de conocimiento e innovación productiva.
Esta actuación que en global supone un coste superior a los 18,3 millones de euros, que se sacan principalmente de fondos UE, dispondrá de cinco áreas tecnológicas: desarrollo de sistemas digitales, fabricación aditiva, robótica y automatización, soldadura y control de procesos y elementos auxiliares. Entre los objetivos planteados para este equipamiento, se encuentran orientar a las empresas andaluzas hacia actividades de fabricación avanzada y de mayor valor añadido o integrar y favorecer la formación práctica en nuevas tecnologías y sistemas.
El CFA, que inicialmente se preveía iniciar en esta nave provisional hasta su traslado definitivo al polígono El Trocadero, también en Puerto Real, se ha diseñado a partir de una consulta preliminar al mercado y se gestionará de forma privatizada, mediante una concesión de servicios que todavía hay que licitar.
Asimismo, se añade en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la Junta ha comenzado ya la tramitación administrativa para contratar la maquinaria, los equipos y las instalaciones técnicas auxiliares con los que se dotará al centro.
El CFA original fue anunciado por el anterior Ejecutivo del PSOE en septiembre de 2016 y presentado al Consejo de Gobierno de la Junta en julio de 2017. A principios de 2019, el nuevo Ejecutivo autonómico de derechas dijo detectar cuestiones de carácter normativo sin solventar por los anteriores gestores que “exponían el proyecto a ser denunciado ante la Comisión Europea, de forma que los fondos de origen comunitario destinados a la puesta en marcha del centro podían tener la consideración de ayuda de estado, lo que ponía en serio peligro la viabilidad de este proyecto”. Tras un “largo y complejo” proceso de análisis y consultas, esta nueva programación puesta en marcha por la Junta a través de su nueva Agencia IDEA se llevaba a cabo una consulta preliminar de mercado, buscando aporta seguridad jurídica al desarrollo ante la Comisión Europea del proyecto, que parece avanzar sin prisas.
