La Guardia Civil, en colaboración con la delegación territorial de Medio Ambiente, ha imputado al gerente y al encargado de una planta de tratamiento de residuos situada en una parte de las antiguas instalaciones de Delphi en Puerto Real, en pleno parque natural, por acumular y verter hidrocarburos sin autorización. De hecho, esta planta de Redelsur operaba “de manera ilegal”, puesto que la Junta sigue tramitando la Autorización Ambiental Integrada. Sin embargo, se han localizado depósitos decantadores con 5.000 toneladas de hidrocarburo y se ha confirmado que ha vertido intencionadamente residuos a la red de saneamiento municipal. En caso de accidente, “hubiera tenido unas graves repercusiones económicas, sociales y medioambientales”.
La Guardia Civil, en colaboración con la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha imputado al gerente y al encargado de una planta de tratamiento de residuos por acumular y verter hidrocarburos sin autorización. Se les imputa los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Los encargados de la compañía Redelsur, situada en una parte de las antiguas instalaciones de Delphi en Puerto Real, tenían acumuladas 5.000 toneladas de agua con residuos peligrosos de hidrocarburos en depósitos decantadores. Con esta intervención se ha evitado la continuidad de una actividad que “ponía en riesgo tanto a las personas como al medio ambiente”.
Al respecto, la Junta aclara que se encuentra en estos momentos realizando la evaluación ambiental de este proyecto empresarial (que prevé crear ocho empleos) para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada, “trámite sin la cual la planta no puede iniciar la actividad”.
“En estos momentos esta tramitación no ha concluido, se encuentra en fase de exposición pública durante la que se han recibido un importante número de alegaciones al proyecto presentado. La empresa opera por tanto de manera ilegal”, remarcan desde la consejería de Medio Ambiente.
A la luz de la información que se deriva de esta operación realizada en colaboración de la Guardia Civil, la administración regional tendrá que valorar estos hechos y tomarlos en consideración en la fase de evaluación ambiental, un proceso que debe culminarse en todo caso y notificarse a la empresa en cuestión.
La Junta también confía en que se depuren responsabilidades en el marco de esta investigación, y recalca que la actuación de la administración autonómica en este operación se ha centrado en dar auxilio a la Guardia Civil para evaluar técnicamente la veracidad de lo denunciado y posteriormente al iniciar expediente sancionador por los hechos y establecer las medidas cautelares que impidan que se continúe con la actividad detectada en la planta. Así, con el objetivo de evitar que siga el funcionamiento ilegal de la instalación “se ha reforzado la vigilancia de la fábrica, y se ha reiterado mediante notificación a la empresa de que no puede operar sin los permisos necesarios para ello”, se señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
De la misma forma, de esta operación se deriva la apertura por parte de la consejería de Medio Ambiente de un expediente sancionador que ya han sido notificados a todas las sociedades implicadas.
EVIDENCIAS DE VERTIDO DE RESIDUOS PELIGROSOS INTENCIONADO
La investigación se inició tras detectar restos de hidrocarburos en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Puerto Real, procedentes de las instalaciones de la antigua factoría de Delphi. El filtrado se habría producido a través de una arqueta de salida conectada a dicha red de saneamiento, que no debería funcionar desde el cierre de la fábrica, ya que su funcionamiento requiere el accionamiento manual de una válvula de corte.
Los agentes se pusieron en contacto con la empresa para que justificase la presencia de hidrocarburos pesados en sus instalaciones y para que aportase la documentación sobre la gestión que se estaba realizando con ellos.
Al no obtener ninguna respuesta por parte de los responsables de Redelsur, la Guardia Civil procedió a realizar una inspección de las instalaciones, donde encontraron evidencias del vertido intencionado de residuos peligrosos, al detectarse nuevamente restos de hidrocarburos en la arqueta de conexión a la EBAR, que ya había sido limpiada por el Ayuntamiento. Además, se descartó que la contaminación tuviese su origen en la red de aguas pluviales, ni que derivasen del suelo contaminado de la factoría.
Asimismo, se confirmó el vertido de hidrocarburos a la red municipal a través de la arqueta de salida de aguas pluviales de la red de saneamiento municipal del polígono industrial donde se ubica la planta, “sin que se tratara de un desvío accidental o fortuito, sino intencionado, bien por descarga directa desde camión cisterna o desde los depósitos de la depuradora de la empresa, que estaban en ese momento llenos de aguas oleosas”.
Por otro lado, los agentes localizaron en tres depósitos decantadores de gran capacidad 5.000 toneladas de agua con hidrocarburos, alcanzado una altura aproximada de entre cinco y seis metros. También encontraron restos de hidrocarburos en las bombas de carga y descarga de la zona de tanques de almacenamiento, además de bombas y mangueras para la carga y descarga de dichos residuos entre camiones cisterna y los depósitos.
Y se comprobó, como ya ha repetido la Junta, que la empresa carecía de la correspondiente autorización medioambiental para la gestión de dichos residuos.
Dado que existe constancia por parte de la administración de que los depósitos decantadores se encontraban vacíos con anterioridad al alquiler de las instalaciones, se confirma el hecho de que “ha habido por parte de la empresa responsable una acción intencionada que constituye una operación de gestión de residuos no autorizada”.
A fin de evitar posibles repercusiones en la seguridad y salud de las personas o en el equilibrio de los ecosistemas, así como la persistencia de la situación de operación ilegal de la instalación y la posibilidad de vertidos, por parte de la administración competente, se procedió al cierre cautelar de las instalaciones y la prohibición legal del funcionamiento de las mismas.
En caso de accidente, el vertido de las 5.000 toneladas de residuos peligrosos al medio “hubiera tenido unas graves repercusiones económicas, sociales y medioambientales”, máxime al estar situado el almacenamiento en el Parque Natural Bahía de Cádiz, remarcan desde la Guardia Civil.
En la actuación han participado agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Cádiz y funcionarios de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz.
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