La Policía Nacional ha detenido a diez personas como presuntos autores del robo con fuerza de 5.800 kilos de cobre sustraído del interior de las instalaciones de una empresa ubicada en Puerto Real. El metal sustraído esta valorado en más de 180.000 euros pero los daños ocasionados sobrepasan el millón de euros.
El último detenido es el dueño de una chatarrería de Jerez, que les compraba el cobre sustraído, a pesar de conocer el origen ilícito del mismo.
La investigación se inició tras las denuncias recibidas durante este mismo año 2019 y fruto de las gestiones realizadas se ha podido asociar la venta del cable de cobre con varias chatarrerías de la zona de la Bahía de Cádiz, así como la identificación de los autores del robo del material sustraído para posteriormente poder proceder a su detención.
La investigación ha sido realizada por el Grupo de Delincuencia Urbana II de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de El Puerto-Puerto Real, contando con la colaboración con otros cuerpos policiales.
UN EFICAZ PLAN COBRE
Durante los últimos años este tipo de delitos, cuyo objeto es la obtención de cobre, había creado una gran alarma social, consiguiendo con las operaciones policiales realizadas una gran disminución de los mismos y de los daños asociados.
El origen de la actividad está en la gran demanda de cobre existente en naciones emergentes, principalmente en Asia, que están sufriendo un rápido proceso de industrialización que requiere de la construcción de nuevas infraestructuras y vías de comunicación. Todo ello, apuntan desde la Policía en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, “ha ocasionado un repunte del precio del cobre en los últimos años que indudablemente ha repercutido en el aumento de las actividades delictivas en este ámbito”, cuyas tipologías principales son los hurtos y robos con fuerza de hilo de cobre y algunos otros elementos en infraestructuras y en obras en construcción.
La secretaría de Estado de Seguridad implantó en 2015 el denominado Plan Cobre para prevenir el robo de cobre y evitar la aparición y consolidación de grupos organizados en actividades ilícitas relacionadas con el cobre. Por todo ello se ha mejorado la capacidad de respuesta policial ante este problema, evitando con ello graves repercusiones tanto económicas como en la prestación de los servicios públicos para la sociedad en general por el elevado coste económico que conlleva la sustitución de los materiales robados y las reparaciones por los daños causados.
