Nueve años después de que se conociera qué estaba pasando en la perrera El Refugio de Puerto Real, con la que trabajaban muchos ayuntamientos gaditanos, ha comenzado el juicio por un presunto delito de maltrato animal contra el dueño, la directora y un veterinario de este centro. Los tres se enfrentan a penas de hasta un año y medio de cárcel. “Conseguimos por primera vez en España que se cerrara una perrera”, recuerdan desde la asociación animalista que destapó los hechos en 2007 y que actúa como acusación.
Nueve años después de que se conociera qué estaba pasando en la perrera El Refugio de Puerto Real, con la que trabajaban muchos ayuntamientos gaditanos (al parecer durante años se sacrificaba sistemáticamente a los animales), este miércoles ha comenzado en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz el juicio por un presunto delito de maltrato animal contra el dueño, la directora y un veterinario de este centro.
El fiscal solicita para los tres un año de prisión, a quienes acusa de un delito de maltrato animal continuado. También pide para ellos tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. Por su lado, la organización proteccionista El Refugio, que denunció en su momento el caso y actúa como acusación reclama una condena de un año y seis meses de cárcel. Las defensas piden la libre absolución de sus representados.
Los tres están acusados de ser responsables de haber aplicado la eutanasia a miles de animales, utilizando un paralizante muscular (Mioflex) que provocaba una muerte “terriblemente agónica por asfixia”.
El juicio se iba a celebrar en marzo de 2013, pero otro de los veterinarios acusados no pudo ser localizado, lo que dio lugar a la suspensión del mismo. Finalmente, más de tres años después, la vista se desarrolla sin él para no paralizar más esta causa.
“Conseguimos por primera vez en España que se cerrara una perrera y se acabara el terrible supuesto sufrimiento que tenían los animales”, ha subrayado el presidente de El Refugio, Ignacio Paunero, que este miércoles no ha dudado en asistir a las puertas de los juzgados en los bajos del estadio Carranza con uno de los perros “salvados” de esas instalaciones y una pancarta con el lema “a juicio el exterminio de la perrera de Puerto Real’”.
Esta asociación animalista con sede en Madrid denunció en junio de 2007 los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona (la Guardia Civil), iniciándose un procedimiento penal en el Juzgado número 2 de Puerto Real.
En dicha perrera de Puerto Real, según relató en su momento El Refugio, se recogían miles de perros y gatos, anualmente, de varios municipios de la provincia de Cádiz. De hecho la mayoría de consistorios de la Bahía trabajaban con este centro. Supuestamente los animales recogidos eran sacrificados con un paralizante muscular que era inyectado indiscriminadamente “ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia que en la mayoría de las ocasiones podía durar varios minutos, durante los cuales el perro o el gato está absolutamente consciente hasta que muere asfixiado ya que afecta a los músculos respiratorios”.
El “horror” en la perrera –llamada entonces curiosamente El Refugio-, supuestamente llevaba sucediendo durante años. Era una empresa que figuraba como sociedad limitada en el registro de sociedades. La asociación denunciante sentenciaba que “en muchos casos, este tipo de empresas que recogen animales sólo buscan ganar dinero, aparentan proteger a los animales pero en ningún caso lo hacen”.
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