Equo en el Ayuntamiento de Puerto Real confía que la Junta proceda a paralizar el proyecto del parking en altura del pabellón, “lo cual sería un gran beneficio para la ciudad que evitaría tener que asumir un proyecto inútil y ruinoso que sólo va a beneficiar al banco que lo financie y a la empresa que se encargue de la instalación, que cobrará de inmediato”. El partido verde ha informado por escrito a la delegación territorial de Medio Ambiente de varias irregularidades que dice encontrar en el expediente.
Equo en el Ayuntamiento de Puerto Real confía que la Junta de Andalucía proceda a paralizar el proyecto del parking en altura del pabellón, “lo cual sería un gran beneficio para la ciudad que evitaría tener que asumir un proyecto inútil y ruinoso que sólo va a beneficiar al banco que lo financie (con intereses de hasta el 6%) y a la empresa que se encargue de la instalación, que cobrará de inmediato”. Mientras los riesgos y la deuda de cerca de 2 millones “la asumirá la ciudadanía puertorrealeña a través de GEN. Este es el caramelo envenenado que pretenden dejarnos Martínez y Peinado antes de irse”.
Al respecto, el partido verde ha remitido un escrito a la delegación territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta informando de “varias irregularidades” en el expediente de este proyecto. “La caducidad de la autorización, un proyecto a 30 años vista sustentado en una autorización de uso del espacio de cuatro años, la posible ausencia de evaluación de impacto ambiental, la dudosa utilidad pública del proyecto y la cuestionable encomienda a GEN”, son los argumentos que esgrime el partido en su escrito.
El portavoz de Equo, Iván Canca, afirma en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que espera la intervención del Gobierno regional en este “nefasto” proyecto: “lo primero que hemos hecho es advertir que la autorización que ha concedido está caducada, ya que es de 30 de abril y daba al Ayuntamiento tres meses para el inicio de la obra y otros tres para su finalización, plazos más que superados. De modo que si el Ayuntamiento no ha solicitado una prórroga la delegación debería revocar la autorización. A no ser que se solicite y conceda ahora, lo cual resultaría muy curioso”.
“Por otra parte –agrega- hemos explicado a la Junta que el Ayuntamiento, a través de una encomienda a la empresa pública Grupo Energético de Puerto Real (GEN), pretende la instalación del aparcamiento durante 30 años, mientras que la autorización de la consejería es por cuatro años. En este proyecto se están generando unos derechos a terceros (GEN, empresa constructora del parking y entidad financiera) cuya duración sobrepasan los cuatro años de la autorización”, se evidencia.
Canca señala que el concejal andalucista, Juan Carlos Martínez, el responsable político del proyecto, “se defendió de esta incongruencia diciendo que los terrenos en los que va el parking serán en poco tiempo objeto de una cesión gratuita al municipio por parte de la Dirección General de Patrimonio del Estado, pero este escenario futuro es independiente de la autorización concedida por la Junta, por tanto no se puede sustentar en esta autorización de cuatro años la generación de derechos a terceros por 30 años”. En todo caso, “procedería esperar la finalización del expediente de cesión gratuita para iniciar todo el proyecto del parking”. Por este motivo, esta formación ha pedido la revocación de la autorización “incluso si el Ayuntamiento hubiese solicitado ya una prórroga”.
¿UTILIDAD PÚBLICA?
Por su parte, María Merello, coportavoz de Equo, ha explicado como en el escrito presentado también cuestiona la utilidad pública del parking: “la vocación de este tipo de autorizaciones es la utilidad pública de la actividad a desarrollar. Y en ese caso esta utilidad no se cumple si atendemos a la relación inversión/beneficios para la ciudad”. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado en el anterior mandato por el Ayuntamiento analizaba la posibilidad de creación de bolsas de aparcamiento disuasorio, una de ellas en el espacio que se trata aquí. “Pero en todo caso recomendaba la realización de un estudio de movilidad previo al desarrollo de cualquier proyecto de gestión del aparcamiento. Este estudio de movilidad no se ha hecho por tanto se puede considerar temerario y de cuestionable utilidad pública una inversión de cerca de 2 millones de euros, si sumamos IVA y costes financieros, sin analizar otras posibles soluciones al aparcamiento en el centro que podrían resultar mucho más económicas. A lo que hay que añadir el impacto paisajístico de la infraestructura, que tampoco ha sido analizada en el expediente”.
A parte de la utilidad pública, también se ha requerido a la Junta información sobre los instrumentos de prevención y control ambiental que deben aplicarse para este proyecto según la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que establece para los aparcamientos de uso público la obligación de Autorización Ambiental Unificada o Calificación Ambiental, en función de si el aparcamiento es o no de interés metropolitano. “Tememos que este trámite tampoco se haya solucionado por parte del Ayuntamiento”.
Por último, también se ha informado a la delegación territorial de Medio Ambiente sobre la “cuestionable” encomienda realizada por parte del Ayuntamiento a la empresa pública GEN, “aunque no es su competencia directa lo hacemos para que tomen conciencia del cúmulo de irregularidades que rodean este proyecto”. El Tribunal de Cuentas en su informe ‘Fiscalización de la encomienda de gestión regulada en la legislación de contratación pública de los Ministerios, Agencias y Organismos Autónomos del Área Político – Administrativa del Estado, ejercicios 2008 – 2012’ alerta de que “es necesario evitar que la encomienda de gestión se convierta en un medio exclusivamente dirigido a orillar el régimen de contratación pública correspondiente al poder adjudicador encomendante”. Es decir, sentencia Merello, que el proceso de adjudicación de un contrato de las presentes características “debería estar reservado al Ayuntamiento y no ser cedido a una empresa que se rige por derecho privado, aunque sea propiedad de la misma administración”.
