La alcaldesa de Puerto Real ha mantenido una reunión con representantes de los extrabajadores de Delphi para tratar los últimos temas acontecidos en relación a los suelos de de la factoría cerrada en 2007. La primera edil andalucista ha manifestado su preocupación por el último requerimiento de la Junta en relación a la contaminación de los suelos. Le acusa de “estar tratando de ralentizar el proceso de implantación de una empresa interesada”.
La alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, ha mantenido una reunión con representantes de los extrabajadores de Delphi para tratar los últimos temas acontecidos en relación a los suelos de de la factoría cerrada en 2007. La primera edil andalucista ha manifestado su preocupación por el último requerimiento de la Junta de Andalucía en relación a la contaminación de los suelos.
En septiembre de 2014, la administración concursal envió a la Junta un informe, que data de 2007, donde se reconocen zonas contaminadas en el subsuelo. Para el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Martínez, lo lamentable de esta situación es que “lo metiera en un cajón y no tramitara absolutamente nada” esperando que en enero de 2015 se publicara el decreto por el que se aprueba el Reglamento que Regula el Régimen de los Suelos Contaminados, un decreto por el que traspasa las competencias en esta materia a las administraciones locales.
“Esta inactividad de la Junta de Andalucía en sus competencias ha provocado un retraso intencionado de unos trámites esenciales para las nuevas implantaciones que, en esto momentos, se están gestionando desde el Ayuntamiento de Puerto Real”, asegura Martínez. “Lo que pretende la Junta con esta piedra en el camino, atrasando el tema –añade- es poner la responsabilidad en manos de este Ayuntamiento, sabedores de que esta administración no tiene redactadas, por que no era su competencia, ordenanzas municipales sobre la contaminación de subsuelo”.
Peinado, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, afirma que “lo peor de esta situación es que el propio decreto, en su Disposición Transitoria Primera, establece que en ausencia de ordenanzas municipales se aplicarían las normas que debieran aprobar mediante publicación de orden de la consejería competente”.
Toda esta maniobra, insiste, demuestra por tanto que la Junta “podría haber actuado y redactado el requerimiento de descontaminación de suelos a la administración concursal y ha esperado seis meses a que la competencia pase a los municipios, con lo que el trasfondo de esta torticera actitud no es otra que la de poner obstáculos para la implantación de nuevas actividades en estos suelos”.
Ante esta situación, la todavía alcaldesa se pregunta “si tienen algún tipo de interés político en que no salga adelante una segregación de suelo de parte de estos terrenos”, ya que “parece que para la administración regional es más prioritario el poner la patata caliente a otras administraciones para la estrategia de la venta, que poder ir implantando poco a poco empresas que puedan estar interesadas”.
De este modo, se avanza que el Consistorio puertorrealeño requerirá a la Junta “una explicación” de los motivos de su inacción desde septiembre de 2014, y asegura que hasta tanto no publiquen las normas a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera, el Ayuntamiento no podrá actuar contra la administración concursal “mientras tanto no tenga redactada y aprobadas las ordenanzas que en estos momentos están en fase de elaboración”.
Juan Carlos Martínez se pregunta cuál es el motivo por el que este informe se ha tenido escondido siete años y sale ahora a la luz pública, así como tampoco entiende por qué surgen estas prisas ahora “después de haber tenido guardado uno siete años y otro seis meses”.
A decir de la alcaldesa, “si la pretensión es paralizar o retrasar el desarrollo de estos suelos no lo van a conseguir”, porque el Estudio de Detalle que se ha presentado para la implantación de una empresa “no se va a paralizar”. Y adelanta que el proceso ya tiene informe jurídico favorable y en pocos días estará el técnico redactado por el arquitecto municipal, que dará pie a su aprobación inicial.
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Escrito de un compañero:
Mientra hablamos y debatimos sobre «terrenos y homologaciones» creo que nos olvidamos de lo principal que no es otra cosa que la miseria, criminal e injusta, que nos han impuesto a una parte del colectivo.
Hay que recordar que la mayor parte del colectivo fue «recolocado» en Alestis o prejubilado, disfrutando de sus nóminas, y el resto ¿unos 300? tirados como ratas.
Cada vez somos menos los que cobramos la ayuda de 426 euros, muchos absolutamente NADA, y la respuesta no puede ser el apuntarse para acudir a «asuntos sociales». Tenemos el mismo derecho que los demás…¡¡e incluso más!! por que lo que llevamos vivido, sufrido y peleado no hay dinero para pagarlo.
Cerca de 500 días de encierro, de miseria e injusticia, y ni políticos ni sindicatos (a quien corresponda) son capaces de dar un «puñetazo en la mesa» y solucionar, aunque sea en parte, el crimen que se ha cometido contra nosotros…y seguiremos hablando de «terrenos y homologaciones.