La asociación Prodean Bahía de Cádiz acaba de presentar 10.544 firmas recogidas en Internet (a través de la plataforma change.org) exigiendo a la Audiencia Provincial que revise el juicio de la perrera de Puerto Real. El pasado septiembre, diez años después de que saltara a la opinión pública lo que escondía el llamado El Refugio, y tras el demorado juicio celebrado en noviembre de 2016, se dictaba sentencia absolutoria por presunto delito de maltrato animal contra el dueño, la directora y un veterinario. El juez considera que el uso de Mioflex, un paralizante muscular (que provoca una muerte “terriblemente agónica por asfixia”), no constituye delito punible alguno. Había un cuarto acusado, otro veterinario, que sigue en paradero desconocido.
Prodean ya señalaba en su momento que con este fallo “inaceptable”, “la justicia nos toma el pelo” porque “nadie puede dar por normal el sufrimiento y la agonía que han pasado estos animales por mucha ley que lo ampare”.
Tras dicho juicio, se reconoce en la sentencia que más de 500 animales fueron sacrificados “de forma cruel y dolorosa”; pero a la vez, dicho fallo “permite, tolera y justifica la matanza de animales con Mioflex tal como ha quedado demostrado”.
Literalmente, el juez del Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz reconoce que “resulta incontrovertido (que no tiene discusión) que la ejecución de las eutanasias mediante la aplicación de Mioflex provocaba a los animales una muerte agónica con sufrimientos innecesarios que aumentaban de forma injustificada sus padecimientos”. Sin embargo, tras esa afirmación, absuelve a los acusados por entender que “no buscaban de manera directa el aumento del sufrimiento de las víctimas”.
Además, Prodean, en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz, alude a que el fiscal expuso en sus alegaciones finales una serie de leyes y normativas “que no se han cumplido”, como la Ley 11/2003 de Andalucía, que dice que “el sacrificio de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hospital veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza mayor”. O el artículo 22.5 del Código Penal que determina como agravante “aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito”.
El “horror” en la perrera –llamada curiosamente El Refugio, igual que la asociación animalista de Madrid que denunció los hechos en 2007 ante la Guardia Civil-, supuestamente llevaba sucediendo durante años. En dicho centro se recogían miles de perros y gatos, anualmente, de varios municipios de la provincia de Cádiz. De hecho la mayoría de consistorios de la Bahía trabajaban con este. Supuestamente los animales eran sacrificados con un paralizante muscular que era inyectado indiscriminadamente “ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia que en la mayoría de las ocasiones podía durar varios minutos, durante los cuales el perro o el gato está absolutamente consciente hasta que muere asfixiado ya que afecta a los músculos respiratorios”. “Conseguimos por primera vez en España que se cerrara una perrera y se acabara el terrible supuesto sufrimiento que tenían los animales”, presumió en su momento el presidente de El Refugio, Ignacio Paunero.
