El eurodiputado Miguel Urbán (elegido por la lista de Unidas Podemos, aunque se ha desvinculado de la formación morada conservando el acta; de la corriente anticapitalista) se ha reunido con los diputados provinciales de Adelante Cádiz, Lorena Garrón y Antonio Romero, así como con los representantes de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM). El encuentro telemático se ha producido debido a la situación industria auxiliar en la Bahía de Cádiz, el conjunto de reivindicaciones de los trabajadores y “la represión sindical contra diez trabajadores”, que denuncia la Coordinadora.
Hace unas semanas, el paro de las plantillas de contratas (a raíz de dichos despidos) llevó a paralizar la actividad durante unos días en los astilleros de Navantia de Puerto Real y de San Fernando, algo que no gustó nada ni a la patronal (la Femca) ni a los comités de empresa de ambas factorías.
Según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, los representantes de la CTM han vuelto a poner encima de la mesa exigencias como el cumplimiento del convenio, la readmisión de los compañeros despedidos “como represalias”, la carga de trabajo “sostenible y sostenida” en el tiempo para la comarca y una auditoría externa de Navantia.
Por su parte, Romero y Garrón han contextualizado el “problema” que soporta la Bahía, con índices de desempleo estructurales, la caída industrial y la falta de alternativas al sector servicios. Garrón, además ha querido destacar la situación del colectivo de limpiadoras de Navantia, “absolutamente precarizadas y también perseguidas por apoyar al colectivo de trabajadores de la industria auxiliar”.
Entre los compromisos adquiridos tras conocer la situación, el europarlamentario de Anticapitalistas ha anunciado que llevará el caso de la represión y persecución sindical y el incumplimiento del convenio al Parlamento Europeo, a través de una pregunta al comisario de Empleo, Nicolas Schmit, al que interpelará sobre esta situación particular: “queremos preguntar si se están vulnerando derechos fundamentales en empresas que dependen de una empresa pública como es Navantia”.
Urbán ha propuesto también una visita de una delegación de trabajadores de contratas al Parlamento Europeo en cuanto la Cámara admita visitas de personal externo (canceladas por el coronavirus); al tiempo, que ha animado a los representantes de la Coordinadora a llevar al caso al Parlamento andaluz y al Congreso de los Diputados. En este sentido, desde Adelante Cádiz (la coalición de Podemos e IU en la Diputación gaditana) han recordado las gestiones ya hechas a su vez por Adelante Andalucía, a través de los parlamentarios Ángela Aguilera y José Ignacio García, para plantear en la Cámara andaluza y en el Senado, con Pilar González, “la lucha de estos trabajadores”.
UNA REINDUSTRIALIZACIÓN VERDE CON FONDOS EUROPEOS
Centrándose en la situación de la Bahía gaditana y de sus astilleros, el representante europeo ha explicado la importancia del plan de reconstrucción europea con una parte de sus fondos condicionados a la ‘agenda verde’.
“Se tratan de unos fondos para la consecución de una transición ecológica y de un cambio de modelo productivo que, si hay voluntad política, encajarían perfectamente con lo que necesita la Bahía: una reindustrialización verde que diera estabilidad a sus astilleros con la construcción de energía eólica y renovables y que supondría carga de trabajo para el presente pero, sobre todo, para el futuro. Se abre una oportunidad con este plan para que no se hagan parches y se pueda hablar de verdad de un cambio de modelo productivo y de las condiciones de trabajo”, entiende Miguel Urbán.
En este sentido, los diputados provinciales han rescatado el proyecto ‘Horizonte Bahía: Transición a un empleo ecosocial’, redactado por Podemos meses atrás para la diversificación industrial en los astilleros de la Bahía y asegurar una carga de trabajo continuada, verde y digna, y han instado al Gobierno de la Junta y al Gobierno central a que “miren a la Bahía y apuesten de una vez por cambiar su destino”. “Tenemos profesionales, tenemos proyecto y tenemos los fondos. Es sólo cuestión de voluntad política”, coinciden Lorena Garrón y Antonio Romero.