El alcalde de Puerto Real ha recibido de la Fiscalía de Cádiz el archivo de la causa presentada contra él por el PA, demostrándose así que es “completamente falso” que esté impidiendo el normal funcionamiento de este grupo de la oposición ocultando información o poniendo trabas para que pudieran acceder a ella. Romero sentencia que “el objetivo era acusarme de falta de transparencia, pero esta retorcida estrategia ha resultado inútil”. Los andalucistas niegan ese supuesta “estrategia de bloqueo” a la gestión del bipartito.
El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, ha recibido de la Fiscalía Provincial de Cádiz el archivo de la causa presentada contra él por el PA, demostrándose así que es “completamente falso” que esté impidiendo el normal funcionamiento de este grupo de la oposición ocultando información o poniendo trabas para que pudieran acceder a ella.
La denuncia data de enero de este año 2016, cuando el andalucista Jesús Plaza presentó en nombre de su extinto partido una denuncia ante el juzgado por la acumulación de preguntas en los plenos de septiembre, octubre y noviembre que no habían sido contestadas, así como la no convocatoria del pleno sobre el estado de la ciudad solicitada en noviembre.
Tras reconocer el derecho que todos los ciudadanos tienen a acceder a la información pública que sea de su interés, el fiscal considera que “no se aprecia concurrencia de los elementos típicos del delito contra el ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 del Código Penal, pues del conjunto de lo actuado no se puede concluir que haya existido por parte del denunciado una conducta reiterada y persistente de negativa y obstaculización a facilitar la información pedida”.
El alcalde de Sí se puede Puerto Real señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “desde que llegamos al Gobierno municipal, la estrategia de Maribel Peinado y su equipo ha sido bloquear la gestión política realizando un volumen de preguntas a sabiendas de que era imposible contestarlas todas a tiempo. De hecho, desde los meses de septiembre a diciembre formularon un total 80 preguntas, que quedaron todas respondidas en el mes de febrero. Su objetivo era poder denunciarme por falta de transparencia, pero esta estrategia ha sido inútil, porque el fiscal ha cortado de raíz esta forma tan artificiosa y retorcida de hacer política”.
“Creo que debemos avanzar todos en beneficio de Puerto Real, y para ello no aporta nada que se busquen artimañas para tratar en el juzgado asuntos que deben solventarse por la vía política, del diálogo y del consenso”, sostiene Romero.
El fiscal ahonda en las circunstancias que concurren en los hechos analizados y se pronuncia claramente en su decreto de archivo al afirmar que “los nuevos responsables de las Corporaciones Locales tomaron posesión a finales de junio de 2015 por lo que es lógico considerar -o al menos ello permite excluir un dolo necesariamente entorpecedor- un periodo razonable de puesta en marcha del funcionamiento normal de este orden de cosas, por otra parte, como se evidencia en el contenido de algunas de las preguntas, algunas de ellas aluden a contenidos y decisiones programáticas que exigían una decisión previa que, hasta tanto no se produjera, no permitía su respuesta. Por otra parte, en lo que se refiere a la petición de pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad, finalmente convocado el 7 de enero y celebrado el 12, de lo actuado se evidencia que las razones aducidas para su ubicación en la fecha mencionada […] no responden tampoco a un propósito obstaculizador de los derechos de la oposición”.
EL PA NIEGA SU “ESTRATEGIA DE BLOQUEO”
El PA en el Ayuntamiento, después de que el alcalde se haya hecho eco del proceder de la Fiscalía, reprueba lo que llama “politización de todos los asuntos judiciales” que, dice, se viene realizando por los miembros del actual equipo de Gobierno.
“No vamos a pronunciarnos sobre ningún asunto hasta que existan resoluciones judiciales firmes, incluyendo aquellos procedimientos judiciales en curso que existen sobre miembros del actual Gobierno. No existe ‘causa’ y por tanto pronunciamiento judicial sobre este asunto, sino decreto de la Fiscalía provincial”, interpretan los andalucistas.
Por otro lado, el principal partido de la oposición niega su “estrategia de bloqueo de la gestión a través del número de preguntas formuladas”, y afirma que “son 80 las preguntas realizadas por este grupo municipal en los cuatro meses a los que alude el alcalde, un hecho que tan solo supone 2,85 preguntas por pleno por cada uno de nuestros concejales”. “El alcalde no contestó ninguna de las preguntas efectuadas por este grupo hasta que fue requerido a ello por la Fiscalía”, replica, y sentencia que “existen nuevos datos que no fueron aportados en su día a la denuncia por carecer de ellos y que serán objeto de valoración”.
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