El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz ha condenado a la exalcaldesa de Puerto Real entre 2011 y 2015, Maribel Peinado, del hoy extinto Partido Andalucista, a dos años y medio de inhabilitación para cargo electo por impedir a la oposición el acceso a información pública de manera sistemática en el Ayuntamiento, cuando era primera edil; y tras una denuncia del PSOE local en 2014.
Lo curioso es que en el presente mandato, Peinado, además de concejala en el Consistorio en la bancada de la oposición, es diputada en la Diputación y sostén del Gobierno provincial del PSOE, asumiendo el cargo de responsable de Medio Ambiente y la vicepresidencia segunda.
Nada más conocerse esta sentencia, que es recurrible, el PP en la Diputación ha exigido a la presidenta, Irene García, el “cese inmediato” de la andalucista. Al tiempo, le ha pedido que “depure responsabilidades” porque esta condena de la vicepresidenta segunda “socava más aún la credibilidad de la institución, que ha vuelto con el PSOE a estar bajo sospecha de enchufismo y sectarismo en este mandato”, según la interpretación de la derecha.
El portavoz popular en la Diputación, José Loaiza, ha pedido además a la presidenta socialista que actúe “de manera proporcionada con la sentencia” y ha remarcado que, “a día de hoy, Irene García no puede mantener la confianza en quien está condenada judicialmente, cuando la sociedad reclama a sus representantes públicos conductas ejemplares”; y eso lo dice alguien del PP.
Loaiza, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha insistido en que la “falta de transparencia”, a su juicio, “se ha convertido en marca de la casa de la Diputación” y ha advertido a García de estas prácticas. En este sentido, ha considerado “muy significativo” que sólo hace unos días, el PP denunciase las trabas del Gobierno socialista al acceso a la información en este mandato “y justo hoy se conozca que Maribel Peinado esté inhabilitada por este motivo”; aunque Peinado no sea del PSOE, algo que obvia el expresidente de la institución provincial.
EQUO REFLEXIONA SOBRE UN PA QUE LLEVA DESDE 2015 “DANDO LECCIONES DE TRANSPARENCIA”
Por su lado, Equo en el Ayuntamiento de Puerto Real, también considera que la exalcaldesa “debe dimir” como vicepresidenta de la Diputación: “se ha condenado la actitud sistemática de opacidad, denegación de información y falta de deferencia con la oposición que nuestros concejales sufrieron el pasado mandato”. De hecho el partido verde también llevó a fiscalía esta situación, denuncia que se añadió a la causa que ya había abierta tras las denuncias de la entonces concejala socialista Ana Mosquera.
Equo, que cogobierna actualmente en la localidad junto a Sí se puede, se pregunta ahora “cuál será en adelante la actitud de los andalucistas, que llevan toda la legislatura dando lecciones de transparencia y que encima llegaron a denunciar al actual gobierno tras haber presentado en los inicios del mandato cientos de preguntas con el ánimo de saturar los servicios municipales”. Denuncia que “fue archivada a las primeras de cambio”.
Este partido opina que “no es sólo una condena a Peinado, sino a la nefasta gestión de los andalucistas al frente del Ayuntamiento, que por cierto aún esperan juicio de alguna causa más, como la de los aceites”.
De este modo, “por coherencia política, y aunque la sentencia no sea aún firme”, Equo entiende que la ahora vicepresidenta de la Diputación de Cádiz “debería dimitir”. En este punto se recuerda que en el programa electoral del PA de 2011, “ya que en 2015 no presentaron programa”, los andalucistas “se comprometían literalmente a ‘inhabilitar dentro del partido y en su representación a quien haya sido condenado por algún delito y con carácter preventivo a quienes los jueces hayan decretado medida cautelares personales por la presunta comisión de algún delito’”.
Además desde Equo se preguntan cuál va a ser la posición del PSOE en la Diputación, “teniendo en cuenta el nivel de exigencia que parece querer imponerse el partido en estos tiempos de cambio”, ahora que Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa tras la moción de censura contra el Gobierno del PP, condenado por corrupción.
