La alcaldesa de Puerto Real, junto a los responsables de Hacienda y de Deportes, ha querido disipar dudas que están surgiendo en torno al expediente de resolución de contrato de las piscinas públicas, que “está pasando escrupulosamente todos los trámites administrativos”. El Gobierno local, a partir de los informes técnicos, descarta el secuestro de la concesionaria y la municipalización del servicio. Mientras, la Inspección de Trabajo sancionará a dicha empresa por la suplantación de trabajadores durante la vigente huelga de la plantilla, a la que debe varias nóminas.
La alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, junto a los responsables de Economía y Hacienda, Jesús Plaza, y de Deportes, Fernando Boy, ha querido disipar algunas dudas que están surgiendo en torno al expediente de resolución de contrato de las piscinas públicas llevado a pleno el pasado mes de noviembre y que en palabras de Boy, “está pasando escrupulosamente todos los trámites administrativos correspondientes”.
Plaza ha hablado de la comisión informativa celebrada el mes pasado en la que, en presencia del secretario general y el interventor municipal, se plantearon dos cuestiones fundamentales: la posibilidad del secuestro de este servicio y la de su prestación mediante gestión de forma directa. “Ambas inviables por no ajustarse a derecho”, según los informes de Secretaría y de Intervención.
En el primero de estos se recoge textualmente que “instruir un expediente de secuestro, resultaría de todo punto improcedente y no ajustado a derecho además de susceptible de generar graves responsabilidades”. En cuanto a la forma de gestión de las piscinas públicas el informe de Intervención recoge que ésta debe ser indirecta y no con medios propios aclarando que,” desde la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la prestación del servicio municipal de piscinas queda fuera de las actividades deportivas que está obligado a prestar el Ayuntamiento”.
Así, el Gobierno local del PA, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, insiste en que el Ayuntamiento ha procedido en este conflicto, originado a raíz de los reiterados incumplimientos de los pliegos de adjudicación por parte de la concesionaria del servicio, conforme a la vía planteada por los técnicos y a la que da mayor garantía a la prestación futura del servicio, esto es, incoando el expediente de resolución de contrato.
Este mismo viernes día 23 se ha convocado junta de portavoces en la que se va a plantear a los grupos municipales que aporten sus propuestas por escrito para que éstas sean valoradas técnicamente y la semana que viene es intención del equipo de Gobierno convocar pleno extraordinario y urgente sobre el tema.
La alcaldesa ha lamentado el “uso demagógico e interesado” que algunos grupos de la oposición, conociendo de primera mano la información, están haciendo de este conflicto manifestando que “están intentando sacar rédito político aprovechando la situación en que los trabajadores, declarados en huelga indefinida, se encuentran.”
El Gobierno andalucista, asimismo, reitera su total apoyo a los trabajadores así como sus disculpas a los usuarios del servicio, adelantando incluso la predisposición municipal a colaborar en lo que esté a su alcance cuando el conflicto se dirima en el Consejo Consultivo.
ABIERTO EXPEDIENTE SANCIONADOR A LA CONCESIONARIA
Por otro lado, la Inspección de Trabajo ha confirmado a CCOO la apertura de un expediente sancionador contra la empresa concesionaria de la piscina municipal por suplantar a los trabajadores durante la huelga indefinida de la plantilla, principalmente por los impagos de las últimas nóminas.
Según explica el sindicato, la huelga –que tiene un seguimiento del 86,6%¬- comenzó el pasado día 9 de enero. El día 12 se presentó denuncia en Inspección de Trabajo debido a la presencia en las instalaciones de personas ajenas a la plantilla, que estaban realizando las labores de los trabajadores que secundaban el paro. A raíz de esta denuncia, la autoridad laboral ha convocado en dos ocasiones a dicha empresa, los días 15 y 22 de enero, unas citas a las que ha faltado.
La Inspección de Trabajo sí ha confirmado a CCOO que había podido comprobar la veracidad de la denuncia, por lo que ha abierto expediente sancionador contra la concesionaria, con la que el Ayuntamiento ya ha decidido romper el contrato.
