El Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, en los bajos del estadio Carranza, acogía este lunes el juicio al llamado ‘grupo de los 10’, los diez jóvenes de Puerto Real acusados de causar destrozos en el puente Carranza durante una manifestación en demanda de carga de trabajo para los astilleros en diciembre de 2013. Un centenar de personas ha arropado a los encausados a las puertas, considerando “desproporcionadas” las penas a las que se enfrentaban.
La Fiscalía solicitaba de partida para cada uno de ellos dos años y nueve meses de prisión, además de multas. Pero finalmente estos jóvenes han reconocido los hechos y han aceptado un acuerdo que les evita entrar en la cárcel; una condenados de nueve meses (tres meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y de seis meses por daños; al ser en total inferior a dos años y no tener antecedentes, no serán recluidos). Del mismo modo, deberán pagar cada uno una multa de 1.080 euros, según informa Radio Cádiz.
A la entrada y salida del juicio estuvieron acompañados por familiares, compañeros, representantes sindicales y de algunos partidos e incluso miembros del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Real, como su mismo alcalde, Antonio Romero.
“Independientemente de la irregularidad de las pruebas con las que la Fiscalía acusa a estos diez jóvenes”, la situación por la que están atravesando “resulta una muestra más de que las leyes están redactadas y aprobadas por quienes se benefician de ellas, y que el arbitrario aparato judicial se inclina, como siempre en estos casos, por el más fuerte frente al más débil”, exponía en los días previos al juicio el bipartito puertorrealeño, formado por Sí se puede y Equo en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz; que apostillaba: “la defensa de los derechos básicos en este país por parte de quien debería hacerlo está de saldo, pues ante el atropello, la pobreza y la humillación de las personas trabajadoras ya no se puede ni siquiera protestar”.
De la misma forma, el comité de empresa de Navantia Puerto Real ha expresado su “apoyo incondicional” a estos acusados de vandalismo, en su momento considerados “cabezas de turco” para que pararan las protestas. No se puede obviar, indica en un comunicado, “la situación de frustración y desesperanza en la que estaban inmersas todas las personas que viven del sector naval en la comarca después de años sin carga de trabajo; la reivindicación era la de hacer un llamamiento a los poderes públicos, para que dotaran de carga de trabajo para los astilleros».
“A veces la lucha es el único camino que nos dejan, y estos compañeros eran parte de ella. Gracias a esta hoy hay en los astilleros (de Puerto Real) cuatro petroleros Suezmax y 3.000 trabajadores de la comarca están trabajando y creando riqueza para la Bahía”, apuntan desde el comité, insistiendo en que “en esa lucha social es donde hay que contextualizar este juicio”.
