La alcaldesa de Puerto Real y su concejala de Medio Ambiente han sido llamadas a declarar por presuntas irregularidades en la gestión de aceites usados de origen doméstico y comercial. El Juez ha admitido una querella de Ceregras, denunciando la firma de un convenio de exclusividad con una empresa para la gestión de estos aceites; convenio que impone a los hosteleros a entregar su aceite usado sin recibir compensación alguna, mientras la administración local obtiene un 10% por la venta de este residuo.
La alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, y su concejala de Medio Ambiente, María Beatriz Parrado, han sido citadas a declarar por presuntas irregularidades en la gestión de aceites usados de origen doméstico y comercial en la Villa. El Juzgado de Instrucción número 1 ha admitido una querella de la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (Ceregras), denunciando la firma del Ayuntamiento de un convenio de exclusividad con una empresa privada para la gestión de estos aceites.
Y es que el Ayuntamiento ha impuesto a los restauradores “sin ningún tipo de contraprestación” una empresa gestora para que recoja el aceite de forma exclusiva. Esta empresa cede a la administración local el 10% de los ingresos brutos que obtenga por la venta del aceite usado. Antes los hosteleros entregaban el aceite a distintas empresas que les daba por ello algún tipo de compensación.
El PSOE ya ha avanzado que va a solicitar el acceso y la personación en el expediente abierto para estudiar los pasos que darán a la vista de los hechos. La portavoz socialista, Ana Mosquera, añade además que este es un problema que lleva años sin resolver el equipo de Gobierno del PA y que su partido ha llevado en varias ocasiones al pleno: una, para reclamar que se tuviera en cuenta a Madre Coraje, entidad social que llevaba años recogiendo este aceite, para que no se viera perjudicada por este convenio; y otra denunciando el malestar de los hosteleros, que no pueden ‘negociar’ con su aceite.
Mosquera, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, acusa al Gobierno local de mentir, ya que en “en el pleno en el que se aprobó el convenio con la empresa de recogida de aceites usado preguntamos si los particulares y empresas que estuvieran entregando estos residuos a otras empresas homologadas podrían seguir haciéndolo o tendrían que hacerlo ahora con ésta. Y posteriormente en marzo de 2013, cuando surgieron los primeros conflictos con algunos empresarios locales, volvimos a hacer esta pregunta y la respuesta fue la misma: que era voluntario siempre y cuando trasladen estas empresas las memorias trimestrales para certificar de dónde vienen y a dónde va ese aceite, y resulta que ahora dicen que es obligatorio con esta empresa”.
En ese mismo pleno, insisten los socialista, el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Martínez, dijo que este era un conflicto de competencia entre empresas por lo que licitarían el servicio.
“A la vista de que dicha promesa no fue llevada a efecto, en el pleno del pasado mes de abril instamos a Peinado a que sacara a concurso público este servicio, con transparencia y en igualdad de condiciones para todas las empresas que quisieran optar a él y no por adjudicación directa (a dedo) como lo ha hecho hasta ahora”. Y esta decisión “es la que la lleva a declarar a los Tribunales de Justicia”
“EL AYUNTAMIENTO SOLO DEBE SER VELAR PARA QUE EL ACEITE SE GESTIONE DE FORMA CORRECTA”
De la misma forma, el pasado mes de abril desde Equo se considera que este convenio presentaba “serias dudas de legalidad”. Independientemente de los conflictos que genera el hecho de adjudicar a una empresa este servicio vía convenio sin que medie un procedimiento con publicidad, concurrencia y competencia, “lo cierto es que el Ayuntamiento está obteniendo una serie de recursos que antes percibían los hosteleros a partir de un subproducto que producen los comerciantes”, se añadía.
El concejal Enrique Vite explicaba en su momento que para su grupo “el Ayuntamiento está negociando con un recurso que no le es propio. En este sentido tampoco nos parecería procedente que el Consistorio sacara a concurso la gestión de los aceites de los hosteleros. Ni podemos estar de acuerdo con la adopción de medidas que con carácter retroactivo afectan a acuerdos a los que en su momento llegaron los comerciantes con empresas gestoras autorizadas, ni podemos estar de acuerdo con una imposición monopolística en la materia”.
Por su lado, el otro concejal de Equo y portavoz, Iván Canca, agregaba que “entendemos que el papel de la administración local debe ser velar para que el aceite se gestione de forma correcta, pero no privar a los restauradores locales de un pequeño ingreso que tienen de forma legítima y además amenazarles si no entregan el aceite a la empresa que el Ayuntamiento impone”.
