El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor, Jesús Maeztu, se ha interesado por el próximo cierre del colegio de El Marquesado, en Puerto Real.
Semanas antes de decretarse el estado de alarma frente a la crisis sanitaria del coronavirus, familias con hijos en este colegio público se movilizaban contra la decisión de la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía de cerrar este centro a final de curso. Sus cuarenta niños matriculados se derivarían en septiembre al nuevo colegio que todavía se construye en Casines.
El Defensor del Pueblo Andaluz se ha puesto en contacto con el sindicato CGT Enseñanza Cádiz, a través de una carta, indicando que frente a este cierre se está llevando a cabo un análisis de intervención, así como un requerimiento a la delegación territorial de Educación.
Este sindicato trasladó en su momento a Maeztu toda la información recabada sobre este asunto con fotos de la manifestación del 8 de marzo contra el cierre de ese colegio público de Infantil (desde hace 14 años las clases se imparten en aulas prefabricadas). La asociación de padres, la AMPA El Campito, salió ese día a la calle para protestar contra el cierre de este colegio previsto para el mes de junio. Contaron en su reivindicación con el apoyo del Ayuntamiento, la Flampa, asociaciones vecinales, la Marea Verde de Cádiz y el propio sindicato CGT. Durante una hora impidieron el tráfico en la carretera CA-3205, la que cruza dicha barriada rural.
“Son alumnos muy pequeños -de tres a cinco años- para que tan temprano tengan que hacer un recorrido por todas las barriadas y llegar hasta Casines”, expresaron los padres y madres a este sindicato; y es que entienden que ha pequeños “suficientes”, dado que El Marquesado da cobertura a Chacona, Meadero de la Reina y Barrio Jarana.
FALTA DE MONITORES
Del mismo modo, CGT informa en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz de que ha recibido respuesta similar del Defensor del Pueblo Andaluz en relación a la falta de monitores de educación especial (NEAE) en la provincia de Cádiz. Padres afectados llevan desde principios de curso evidenciando esta falta de profesionales PTIS (Profesional Técnico de Integración Social), maestros de PT (Pedagogía Terapeútica) y AL (Audición y Lenguaje), profesionales técnicos en interpretación de lengua de signos (conocido como Interprete de lengua de signos española ILSE), y monitores de comedor escolar y Orientadores Escolares del EOE (Equipo de Orientación Educativa) para la correcta atención del alumnado con necesidades educativas especiales matriculados en los centros educativos públicos gaditanos.