La concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real, Fátima Pontones, en la antesala de las elecciones municipales celebradas este domingo, vio oportuno resaltar el trabajo que, en materia de deuda económica, se ha venido realizando durante los últimos cuatro años por parte del gobierno de Sí se puede y Equo.
“Cuando nos hicimos cargo del Ayuntamiento la deuda total era de casi 145 millones de euros, contando lo que se debía a bancos y a otras administraciones públicas, devoluciones de ingresos, facturas pendientes de aplicar, obligaciones pendientes de pago y deuda comercial”, recordaba Pontones. El mandato se cierra “con casi 20 millones menos de deuda”.
Por otro lado, aunque en el periodo medio de pago a proveedores las cifras “han tenido muchos altibajos”, estando actualmente “en mayor tiempo del que nos gustaría”, la deuda ordinaria con acreedores ha descendido “de manera muy significativa”, el 44%, pasando de 40,8 a 23,2 millones: “esto es, una diferencia de 17,5 millones”.
Pero ha sido la deuda comercial la que tras estos cuatro años el actual Ejecutivo liderado por Antonio Romero deja “en el estado más óptimo”: de 8,3 millones se ha pasado a 2,7, lo que significa una reducción del 70%.
La todavía edil de Hacienda remarcaba que “este es el balance que presentamos después de cuatro años de durísimo trabajo del equipo de Gobierno y de los técnicos municipales, un gran ejercicio de responsabilidad porque lo hemos hecho a pesar de que consideramos que las leyes que obligan a que los ayuntamientos a pagar antes a los bancos que atender necesidades de la ciudadanía es rotundamente injusta, antidemocrática e ilegítima”.
“LOS AYUNTAMIENTOS SIEMPRE TENEMOS EL AGUA AL CUELLO”
La concejala morada incidía, una vez más, en que “la lucha debe estar en el cambio de esas normas que, aunque de manera legal, no se hicieron con la transparencia debida y explicando a la gente de la calle lo que se estaba aprobando”.
“Empezando por la reforma del artículo 135 de la Constitución, aprobada en el mes de agosto de 2011, que ya dejaba claro que las administraciones públicas debían adecuarse al principio de estabilidad presupuestaria”. “Luego –continuaba- la nefasta legislatura de la mayoría absoluta del PP permitió a Montoro desarrollar esta reforma en las leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en 2012 y la de racionalización y sonstenibilidad de la administración local”.
En virtud de esta normativa, la deuda bancaria “goza de prioridad absoluta”, de modo que “los ayuntamientos siempre tenemos el agua al cuello, lo que nos impide poner en marcha nuestras políticas en beneficio de la ciudadanía y no para los grandes bancos y las corporaciones multimillonarias”.
