El lío judicial era previsible: la sociedad propietaria de los terrenos de la antigua Delphi en Puerto Real, Sport City Cádiz (o lo que es lo mismo, el Cádiz CF), recurrirá en la vía contencioso administrativa el acuerdo adoptado por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (con el único voto en contra de la alcaldesa puertorrealeña) por el que la APBC, que en 2017 iniciaba todo el proceso para hacerse con estos suelos como ampliación de la actividad de La Cabezuela, ha decidido solicitar la iniciación de un expediente de expropiación forzosa con carácter de urgencia de la parcela, a raíz de la orden ministerial que la adscribe a la zona de servicio del puerto (orden que se confirmaba días después de que el club de fútbol de la capital hiciera pública la compra de los suelos para levantar una “ciudad tecnológica deportiva y de la salud”).
Dicha sociedad, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, lamenta la decisión de la Autoridad Portuaria, que “no ha tenido en cuenta la solicitud de suspensión del punto del orden del día en el que se abordó”, a pesar del recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Transportes que aprobó la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) que ha dado origen al inicio de los trámites de expropiación. Igualmente sigue sin respuesta el requerimiento que realizó el Ayuntamiento de Puerto Real ante el antiguo Ministerio de Fomento.
Además, Sport City Cádiz ha mostrado su “sorpresa” por las declaraciones de la actual presidenta de la APBC, Teófila Martínez, horas antes de la celebración del consejo en las que aseguraba que en los terrenos de Delphi “no irán graneles” (de hecho, es una de las condiciones que ha exigido el Consistorio de la capital para apoyar la expropiación); interpreta que la veterana política del PP ha cambiado así su planteamiento inicial para la zona, a la vista del amplio rechazo social que, especialmente en Puerto Real, tiene la implantación de una actividad molesta y nociva para los vecinos del Río San Pedro.
“Al cambio de destino de los terrenos se unen las prisas injustificadas de la Autoridad Portuaria, que pide que la tramitación del procedimiento sea urgente”, se añade.
Este cambio de argumento en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz supone, a juicio de los ahora dueños de los suelos de Delphi, “la invalidación de la propia DEUP”, que precisamente se apoya en el tráfico de graneles como base para justificar la medida excepcional que supone una expropiación forzosa. Así, se remarca que en la orden ministerial del pasado 14 de marzo que aprobaba la mencionada DEUP se puede leer textualmente: “de esta forma el puerto dispondría de aproximadamente 40 ha adicionales (393.432 m2) que junto a las 45 ha actuales (451.497,68 m2) de superficie de la instalación portuaria de la Cabezuela susceptibles de albergar instalaciones de almacenamiento de granel sólido, permitirían atender el crecimiento a medio plazo de la Cabezuela”.
Igualmente entiende esta sociedad que Martínez entra en “contradicciones” en este proceso (que no inició ella, se comenzaba en 2017 con otra presidencia en la APBC y entonces también con el apoyo del Consistorio puertorrealeño) al decir ahora que los terrenos de Delphi se incorporarán al futuro proyecto logístico de Lógica (el anteriormente fracasado polígono de Las Aletas), “algo que no se recoge en la orden del Ministerio”.
Además de este cambio de “discurso oficial”, la sociedad propietaria de los terrenos afirma que, en su comparecencia del lunes, “admitió que el proceso de compra y la expropiación se iniciaron al mismo tiempo, evidenciando una estrategia que conducía a una venta forzosa”.
Sport City Cádiz, anteriormente con la denominación de Indanspo, termina insistiendo en que su proyecto para las antiguas instalaciones de Delphi, abandonadas desde el cerrojazo de la factoría en 2017, cuyo proyecto de desmantelamiento ya ha presentado ante el Ayuntamiento de Puerto Real (solicitando la correspondiente licencia de obras), “ofrece muchas ventajas desde el punto de vista medioambiental y es más sostenible para el conjunto de la Bahía que el de los graneles, para el que ya existen otros terrenos propiedad del Estado en la misma zona que no justifican la expropiación, y mucho menos con carácter de urgencia, como ya sentenciaron los tribunales en su momento con el proyecto de Las Aletas”.
