El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Real ha mostrado su apoyo a quienes se encuentran en situaciones problemáticas derivadas de la falta de vivienda, al hilo de la reciente ocupación de un bloque de pisos vacíos por familias necesitadas. Reconoce que “poco puede hacerse desde los ayuntamientos”, aunque “no cejamos en el empeño de seguir luchando para que ninguna persona se encuentre sin un lugar donde vivir”. Se denuncia la nula colaboración de los bancos, y en este caso concreto de la corrala Artículo 47, se aclara que ante la falta de recursos municipales para atender a estas personas se pidió ayuda a la Junta, pero la negó.
El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Real, en boca de la concejala de Vivienda Social, Mayte Sánchez, ha mostrado su apoyo a todas las personas de la localidad que se encuentran en situaciones problemáticas derivadas de la falta de vivienda, al hilo de la reciente ocupación de un bloque de pisos vacíos por familias necesitadas, que han formado la denominada corrala Artículo 47. No obstante, reconoce que “poco puede hacerse desde los ayuntamientos, y más el de Puerto Real, por la deuda que arrastramos desde hace décadas y por las condiciones establecidas en el plan de ajuste del anterior Gobierno municipal, que nos obligan a destinar recursos para los bancos antes que para las personas que nos necesitan”.
“Aunque conocíamos estas limitaciones, no cejamos en el empeño de seguir luchando para que ninguna persona se encuentre sin un lugar donde vivir, y a ello estamos dedicando nuestro esfuerzo desde el Ayuntamiento”, señala esta concejala de Sí se puede Puerto Real, concretando que se está trabajando para que exista un servicio específico para vivienda social y oficina antidesahucio, “aunque en la práctica ya ha asesorado jurídicamente a familias en esta materia, ya que cuenta con un responsable técnico”.
Además, Mayte Sánchez anota en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que el Consistorio ya ha contactado con entidades financieras para solicitar que ponga su parque de viviendas vacías “fruto de la especulación inmobiliaria” al servicio de la administración local “para facilitar alquileres sociales a las familias que no tengan recursos”. De todos los intentos, “sólo uno ha contestado, para dar su negativa”, lamenta.
Asimismo, se ha mantenido un encuentro con el juez decano de Puerto Real para establecer una vía de comunicación permanente con el fin de que el Ayuntamiento pueda actuar frente a los desahucios antes de que éstos se produzcan.
Independientemente de los casos particulares, el bipartito quiere poner en valor el trabajo que en este sentido están llevando a cabo movimientos y plataformas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras, “que han conseguido paralizar numerosos desahucios y realojar a miles de personas”; y “lo han logrado gracias a la movilización ciudadana y a la presión ejercida sobre las entidades financieras”, agrega Sánchez.
En relación con la corrala Artículo 47, explica que el Ayuntamiento ha acompañado a estas familias como usuarias de los Servicios Sociales, reconociendo así su derecho a una solución habitacional, “si bien la emergencia de estas familias no ha podido ser socorrida con los recursos disponibles en el Ayuntamiento”. Por este motivo, se acudió a la Junta de Andalucía, que tiene mayor capacidad de ayudar en este tipo de situaciones, “pero la respuesta hallada fue negativa”.
“A pesar de que el Ayuntamiento como administración local carece de competencias para actuar en casos de desalojos y ocupaciones”, esta concejala remarca que “tiene el deber de preocuparse por los problemas de los ciudadanos y escuchar a todas las partes: propietarios, entidades financieras y familias, para conocer de primera mano su situación”. En coherencia con este principio, en los próximos días, responsables del equipo de Gobierno se interesarán por el estado del edificio que han ocupado estas familias puertorrealeñas, para conocer los motivos por los que ha permanecido cerrado y quiénes son sus propietarios.
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