Puerto Real espera contar en unos meses con cuatro viviendas destinadas a alojamiento temporal de emergencia social en una finca de propiedad municipal situada en pleno centro, en la esquina de Factoría de Matagorda con San Ildefonso (junto a plaza de San Telmo).
Eso sí, la operación debe superar de momento un pleno extraordinario que se celebra esta semana de forma telemática: la aprobación de la cesión gratuita del edificio hoy abandonado y a rehabilitar a la empresa municipal Grupo Energético de Puerto Real (GEN).
Una vez superado dicho trámite, en el que el equipo de Gobierno de PSOE y AxSí espera contar con el respaldo de toda la oposición, seguirán dándose pasos de cara a la rehabilitación y habilitación de esta finca de 198 metros cuadrados.
Las obras serán ejecutadas por una empresa adjudicataria, dentro de un acuerdo de colaboración público-privada que permitirá también volver a recuperar la construcción de viviendas de protección oficial en la localidad, en el paseo María Auxiliadora de Casines. De hecho, este proyecto es una de las condiciones que deberá asumir el promotor que se haga con los 1.791 metros cuadrados licitados por el Consistorio para la construcción de 36 viviendas de promoción oficial en venta.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la concejala de Política Social, Lourdes Bernal, subraya que el alojamiento temporal de emergencia social “es un instrumento que permite actuar con inmediatez en una situación de urgencia”. Este recurso habitacional “contribuye a paliar la situación que desborda a los servicios comunitarios y supone un tratamiento de choque frente a la injusta situación social incrementada por los efectos del Covid”. Además, afirma que este recurso “es ventajoso tanto para reducir los trámites administrativos como para el ahorro de las arcas municipales, ya que reduce los costes destinados tanto a alquileres como al pago de alojamientos”.
Esta edil socialista resalta que “con este acuerdo se pretende plasmar la utilización de sinergias de las entidades públicas para el cumplimiento de los fines públicos elevados a la categoría del derecho constitucional como es la vivienda digna”.
