La comisión sobre la seguridad del cableado eléctrico del Río San Pedro, que comenzaba a reunirse a principios de año –como respuesta a una proposición no de ley aprobada en el Parlamento andaluz-, ha celebrado un nuevo encuentro en el que se han presentado los resultados de un informe técnico a cargo de la consejería de Salud de la Junta, según el cual “no está certificado” que los campos electromagnéticos del cableado que sobrevuela esta populosa barriada de Puerto Real ocasionen efectos adversos significativos para la salud en los niveles que presentan los campos del Río.
Pese a esto, la representación de vecinos en esta comisión solicita una “solución conjunta” de todas las partes implicadas respecto a este cableado –desde hace años se demanda su soterramiento-. Teniendo en cuenta los informes aportados por Salud, desde la Junta se anota en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que la actuación “ya no reviste el carácter de urgencia que habría adquirido de probarse que la línea de alta tensión estaba perjudicando la salud de los ciudadanos”.
En la reunión de este martes han participado la delegada territorial de Economía, Gema Pérez; el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Federico Fernández; el alcalde, Antonio Romero; el subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz; así como representantes de la delegación territorial de Salud, Adif, Puertos del Estado, Endesa y la plataforma de vecinos Río San Pedro, principalmente.
Y se han puesto sobre la mesa dos opciones respecto a la demanda vecinal sobre el cableado: por una parte, desde la delegación territorial de Fomento, su propio delegado ha expuesto cómo alternativa el soterramiento de este cable aprovechando las obras del tranvía para la zona, o sea, en un futuro. Dicha opción, se asegura, “está presupuestada y es viable para la administración autonómica”, si bien se trataría de una solución “no prevista en el corto plazo cuya fecha, por el momento, no se puede determinar con exactitud”.
Por otro lado, también se ha analizado la posibilidad de desviar la línea a raíz del futuro tren que llegara hasta el Bajo de la Cabezuela. Sobre este particular, tanto Adif -dependiente del Ministerio de Fomento- como Puertos del Estado consideran que “no se trata de una opción viable”, al ser la de la Cabezuela una obra a punto de licitarse que, en caso de incluir el desvío del cableado, ralentizaría mucho los plazos previstos por estas entidades, podría tener impacto sobre la seguridad ferroviaria, encarecería los costes, haría incompatible la explotación ferroviaria e incluso podría originar problemas con la financiación prevista para la obra. En este sentido, también Endesa, que es la empresa distribuidora, rechaza esta alternativa.
La comisión ha acordado que la plataforma de vecinos afectados conozca en profundidad la opción trasladada desde la Junta –o sea, esperar a que algún día se reactive la proyectada línea 2 del tranvía metropolitano, cuando la 1 sigue sin fecha concreta de puesta en marcha-, mientras que la delegación territorial de Economía se ha ofrecido como intermediaria para distribuir los informes de Adif de cara a su mejor conocimiento por parte de todos los implicados con esta instalación eléctrica del Río San Pedro.
Por su lado, el subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz, ha aprovechado este foro, con todas las partes a las que afecta el cableado, para solicitar a la plataforma vecinal que “contribuya a reducir la alarma social entre la población” a raíz del informe de la consejería de Salud.
Asimismo, desde la delegación territorial de Salud se ha abordado la imposibilidad de realizar otro informe específico sobre esta barriada al no darse en ese territorio una muestra poblacional suficientemente representativa, ni por volumen ni por su permanencia en el tiempo, que avale los resultados de dicha investigación. El estudio aportado ahora, se subraya, “es fruto, a su vez, de muchos informes de distintas instituciones, incluso internacionales, que sí que prueban con rigor científico sus conclusiones”.
Esta comisión celebró el primero de sus encuentros el 18 de enero. El foro nacía como resultado de una proposición no de ley (PNL) del PSOE, aprobada por el Parlamento andaluz, para atender a los vecinos de esta barriada puertorrealeña y tratar de buscar una solución a sus históricas demandas. Aunque las competencias de la delegación territorial de Economía se centran en garantizar la seguridad industrial derivada de esta línea de alta tensión, y no en su instalación, la delegada competente pone el acento en que, competencias al margen, “todas las partes con alguna relación con este cableado tienen la responsabilidad de escuchar a los ciudadanos y tratar de arreglar su problema”.
