El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real ha recibido a una representación de los trabajadores de la piscina municipal, para abordar la “situación real” que está viviendo la “parte humana” del conflicto que mantiene a la plantilla de la concesionaria –con la que se va a romper el contrato- en una situación de huelga indefinida, por impagos.
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real, Fernando Boy, recibía el pasado viernes día 9 a una representación de los trabajadores de la piscina municipal, para abordar la “situación real” que está viviendo la “parte humana” del conflicto que mantiene a la plantilla de la concesionaria –con la que se va a romper el contrato- en una situación de huelga indefinida, por impagos.
El representante de la UTE ActivaT-Wellnes que gestiona la piscina ha asegurado a raíz de este conflicto que ha planteado un acuerdo por escrito para darle solución en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos de Andalucía (Sercla), hecho que ha sido desmentido por parte de los trabajadores y del Ayuntamiento, ya que la única propuesta planteada de manera verbal ha sido pagar los salarios atrasados a principios de febrero.
La postura del Consistorio, que Boy ha trasladado de forma pública y ahora de forma concreta a los trabajadores, es que la empresa concesionaria debe cumplir las obligaciones de pago que tiene con la plantilla y todas aquellas que se deriven del contrato regulado por el pliego de condiciones correspondiente.
Del mismo modo, ha informado que el Ayuntamiento sigue adelante con el procedimiento de resolución de contrato y en base a esa actuación confía en que la solución a este conflicto “llegue con prontitud”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, este concejal del PA ha lamentado la situación que están viviendo los trabajadores que se han visto obligados a acudir a su derecho de huelga: “estamos trabajando para atajar la situación de un modo definitivo a través de un procedimiento de resolución del contrato en vigor. Lamentamos la situación que viven los trabajadores y exigimos a la empresa que gestiona el complejo que se haga cargo de sus obligaciones de pago y que reconozca los incumplimientos que han motivado el expediente de resolución del contrato”, sentencia.
