Las fronteras entre el bien y el mal no quedan hoy definidas por una verdadera moral humana, sino por unas leyes contranatura elaboradas desde el poder, bajo la falaz excusa de facilitar la convivencia humana o mantener el orden ciudadano.
Valores humanos, propios de la espiritualidad o naturaleza humana, como la acogida a un emigrante, proteger a la madre naturaleza, negarse a tomar un fusil para matar a otra persona o denunciar el mal que provocan estas injustas ordenanzas, se sitúan hoy en el terreno de lo delictivo.
Tal es el caso de la sanción impuesta por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por valor de 1.200 euros, al Ayuntamiento de Cádiz por haber permitido que la asociación Cruz Roja, ante la avalancha de africanos a nuestras costas y no disponer las asociaciones humanitarias de espacios adecuados, los atendiera en las instalaciones del Elcano, propiedad del Ayuntamiento, pero supeditado a la legislación portuaria.
La deplorable e inhumana actitud de la Autoridad Portuaria, nos revela una manifiesta ausencia de fraternidad, violación a los Derechos Humanos y falta de respeto a la libertad de las personas, que encierra no pocas leyes, decretos o normas promulgadas últimamente, como la actual Reforma Laboral, la llamada ley Mordaza, o las crueles leyes dictaminadas contra la inmigración, entre tantas otras, que parecen elaboradas a medida de la mezquindad de aquellos que se apresuran a ejecutarlas con el único objeto de controlar las lógicas protestas de un pueblo cada vez más reprimido y ultrajado.
Como si de una sincronizada actuación orquestal se tratara, inmediatamente a la comunicación de la rocambolesca multa y sin tiempo a reacción alguna de las asociaciones humanitarias y del propio Ayuntamiento, surge el cínico exabrupto de una concejala socialista del Consistorio, en sospechosa armonía con su compañero de filas de partido, como lo es el presidente de la Autoridad Portuaria, arremetiendo contra el equipo de Gobierno bajo una sarta de insultos, injurias e infundios, con la clara intención de aprovechar la torpe sanción para obtener un miserable rédito político que, como un boomerang, se torna en contra de ella. Otra torpeza.
Esta vileza o ruindad debe erradicarse de todo discurso político, por cuanto de negativo aporta a las relaciones diplomáticas y confusión genera en la ciudadanía. ¿O es lo que se pretende? ¿Desprestigiar impúdicamente a un adversario político, que ha actuado correctamente de acuerdo a una verdadera moral humana, al mismo tiempo que se oculta una injusta y controvertida ley? Para algunos profesionales de la política, esta macabra jugada quizás signifique una faena maestra, pero para cualquier persona de bien, representará una hipocresía que enturbia la convivencia ciudadana, agrede los Derechos Humanos y dignidad de las personas y entierra a la crucial verdad, tan maltratada últimamente. DIARIO Bahía de Cádiz
