En el pleno (de septiembre) de Chiclana de la Frontera llevamos desde Por Chiclana Sí se puede, una moción de apoyo al caso de Juana Rivas, el cual todo el mundo conoce. Salió adelante por unanimidad.
Por la mañana, en el Congreso de los Diputados se votó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Salió adelante con el voto de todos los grupos. Menos la abstención de Unidos Podemos.
Esta coyuntura provocó que si bien la moción de Juana Rivas saliera hacia adelante, no fuera sin la curiosa situación (aunque cada vez más frecuente) de ver al PP y al PSOE unidos en discurso contra Podemos. Los argumentos más esgrimidos consistieron en señalar cómo podíamos quedarnos fuera de una ley que recogía mejoras que pedíamos en la moción o cómo echamos a perder un “día histórico”. Por supuesto, nos tildaron de “faltos de coherencia”.
Fuera aparte del evidente discurso y juego político de los partidos, entiendo que de entrada resulte chocante esta situación; porque reconozco con toda humildad que incluso yo mismo me sorprendí cuando empecé a ver esta posición de mi propio partido allá por julio de este año, en las comisiones que se discutía esta ley. Sin embargo, los argumentos son suficientemente de peso para comprenderlos y compartirlos.
En primer lugar, desde Unidos Podemos defendimos una propuesta vital que han hecho durante años los colectivos feministas: que se consideraran como violencia de género todos los tipos de abusos contra las mujeres y no sólo aquellos que venían del ámbito sentimental, cuestión necesaria para superar el marco del año 2004. A día de hoy, las agresiones machistas por parte de un jefe, un padre, un amigo o un desconocido no se considera violencia de género. Defendíamos la elaboración de una ley marco que las abarcara a todas; sin embargo, el PSOE lo vetó.
En segundo lugar, desde el grupo parlamentario hemos denunciado la falta total de políticas de Igualdad en el Pacto de Estado, políticas destinadas a educar en nuevos valores de género que permitan erradicar las violencias machistas desde el origen y no solo atajar las que se produzcan. Nuestro deber no debe ser solo perseguir a los varones que atentan contra las mujeres, si no acabar con el patriarcado, la estructura cultural y de poder que educa a estos hombres en la superioridad y la violencia.
Por otro lado, la perspectiva feminista debe ser mucho más transversal que ir sólo a lo urgente, siendo esto también totalmente necesario. La prevención pasa por cambiar las estructuras que sostienen las violencias machistas como la brecha salarial, la mayor precariedad que sufren las mujeres, que las empleadas domésticas coticen en el régimen general trabajadores y no régimen especial, la necesidad de ayudas económicas dignas y un innumerable etcétera. Es decir, la austeridad económica de las políticas neoliberales (abanderadas por PP, PSOE y Ciudadanos) está también en el centro de la desigualdad y del machismo.
En tercer lugar, la falta de garantías económicas, temporales ni legislativas para ser ejecutadas. La subcomisión acordó pedir un mínimo de compromiso económico de 1000 millones a repartir entre todas las administraciones del Estado a cinco ejercicios económicos, pero de momento no hay nada por parte del gobierno, ni tan siquiera el compromiso de especificidad o finalidad de las partidas presupuestarias. Esto quiere decir que a día de hoy no hay un compromiso real y efectivo con la ley. Sin presupuesto no hay aplicación, sin aplicación una ley se queda en una declaración de intenciones.
Dicho todo esto, este Pacto de Estado es en realidad una continuación de la ley de 2004, una reforma con ciertas mejorías (esto no lo vamos a negar), pero que no supone un auténtico avance. Es un pacto muy de mínimos que ni siquiera entra en concordancia con el pacto de Estambul. Es una oportunidad perdida para superar la Ley de Violencia anterior.
En cuarto y último lugar, si no fueran suficientes motivos los tres anteriores (crear víctimas de primera y de segunda, no afrontar la lucha por la Igualdad y no dotar económicamente la ley); nos encontramos con una falta de participación del movimiento feminista, de la sociedad civil en dicho Pacto. Las asociaciones y expertos que han participado en la configuración de la ley pertenecen en su mayoría al ámbito institucional y académico, lejos del nuevo movimiento feminista que se ha movilizado en las calles y que consiguió, entre otras cosas, frenar la reforma de la ley del aborto y la dimisión de Gallardón.
Una vez más, la mayoría de los partidos han entendido la política como una cosa que se hace entre cuatro paredes, que deben tutelar y tan sólo pueden hacer ellos. Se han olvidado de la política que se hace en la calle, en la vida real, que hacen mujeres que tienen que convivir con cada una de las situaciones de desigualdad que presenta un sistema sustentado en dos órdenes: el capitalismo neoliberal y el heteropatriarcado.
Se han olvidado de la realidad y no han querido confrontar con los orígenes de las violencias machistas, porque es más fácil y más grato buscar un consenso sin señalarse como culpables de las mismas, al menos en parte.
Abstenerse ha sido un ejercicio de responsabilidad con el presente pero, sobre todo, con el futuro: con el presente para que saliera adelante una serie de mejoras necesarias; con el futuro para que nadie pueda decir dentro de unos años, que en 2017 hubo una ley que “todos apoyaron” y que, por lo tanto, no hace falta cambiar ni mejorar.
Para ellos, “un día histórico” es aquél en el que se cambian leyes, aquél en el que muestran que hacen algo en sus instituciones. Para nosotros, “un día histórico” será aquél en el que cambiemos la realidad en las calles, en la sociedad; en las que cambiemos las estructuras de poder que sostienen y mantienen las violencias machistas. El día que rompamos con toda forma de desigualdad, ese día será histórico. DIARIO Bahía de Cádiz
