La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de rechazar los más de 9 millones de euros procedentes de la venta de 400 bombas láser al corrupto y dictatorial Gobierno de Arabia Saudí, merece todo el apoyo de Ecologistas en Acción y no debe ser ninguna artimaña de “postureo”. Sin embargo, para ser plenamente coherente, debería estar acompañada de un replanteamiento global de toda la política de venta de armas a este petro-estado y a todos los que conculcan impunemente los derechos humanos.
La decisión del Gobierno español de vender cinco corbetas al trono saudí, que con seguridad serán empleadas en la guerra contra el pueblo yemení, es éticamente rechazable, a pesar de la pretendida justificación de que creará una importante carga de trabajo en los astilleros de Navantia de San Fernando y Ferrol.
No se trata solamente de un contrato por 2.000 millones, sino de todo un programa de colaboración bélica con este gobierno autocrático, que pasa por la creación de una compañía conjunta, Industrias Militares de Arabia Saudí, la remodelación del puerto de Yeda, el mantenimiento de los buques y la instrucción de los marinos saudíes en San Fernando. Y se une a la constante venta de piezas de artillería, municiones y bombas por parte del Gobierno a Arabia Saudí.
Asistimos a un grave conflicto entre el derecho al trabajo en las empresas de construcción naval de la Bahía de Cádiz y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad de los receptores y víctimas de ese equipamiento bélico. No podemos actuar como colaboradores necesarios en la masacre que perpetra Arabia Saudí contra Yemen, que ya arrastra un desolador balance de 10.000 muertos desde 2015. Además, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas han documentado presuntos crímenes de guerra de la coalición encabezada por Arabia Saudí en Yemen, un conflicto en que ha habido decenas de bombardeos ilegítimos y criminales de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas.
Esta connivencia del Gobierno español con la violación de los derechos humanos se incardina en una escalada del presupuesto de Defensa para este año, que aumenta un 11%, incluyendo el pago de los Programas Especiales de Armamento.
Es incomprensible y rechazable la aprobación que ha suscitado este contrato de armamento en los sindicatos y algunas fuerzas de izquierda, como el alcalde de Cádiz, José María González, cuando existen alternativas reales de empleo civil a la construcción naval militar. Una mínima conciencia solidaria y un obligado compromiso por la paz exigen de las fuerzas progresistas la búsqueda de alternativas al paro endémico del sector de la construcción naval que no pasen por reforzar la fabricación de instrumentos de agresión bélica. La solidaridad con las víctimas de la guerra y el apoyo a los trabajadores del sector naval son gestos hipócritas si no van acompañados del compromiso por una cultura y una economía basadas en la paz y la solidaridad.
La dicotomía entre fabricar artefactos bélicos o productos para el uso civil tiene respuesta adecuada; de esta forma, dejaríamos de actuar como colaboradores necesarios en la masacre que perpetra Arabia Saudí contra Yemen. La deconstrucción naval y la energía eólica off shore (fuera de la costa) son las dos alternativas necesarias para el mantenimiento y ampliación de la “carga de trabajo” en los astilleros de Cádiz, que harían innecesaria la deriva belicista de construir instrumentos de violación de los derechos básicos de las personas.
El PEMAR (Plan Estatal Marco de Residuos) identifica una oportunidad real de hacerse con un mercado casi virgen: el reciclado ecológico de buques (deconstrucción naval), evitando achatarramientos infames como ha perpetrado Turquía con el portaaviones Príncipe de Asturias. Este desguace sin las debidas condiciones se ha adjudicado en 2,4 millones de €, una cantidad que hubiera venido muy bien a las depauperadas arcas de Navantia. Y en el caso de la energía eólica off shore, entraríamos a formar parte de la cadena de valor de esta energía limpia: construcción, equipamiento, instalación, mantenimiento, suministro, reparación… de aerogeneradores en el mar, una oportunidad desaprovechada en Navantia, que sólo se limita a la construcción de subestaciones y estructuras de soporte a los parques eólicos marinos.
De esta forma, contribuiríamos a desarrollar una cultura de paz, resolveríamos déficits ambientales importantes y ofreceríamos un buen puñado de puestos de trabajo para hacer sostenible a la construcción naval, seríamos solidarios en los compromisos de reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y conseguiríamos descender las escandalosas cifras de paro que padece nuestra población, que recientemente han vuelto a subir. Y pondríamos coto al escandaloso y criminal incremento de las exportaciones de armas que sigue nuestro país. DIARIO Bahía de Cádiz
