Este año está siendo especialmente duro para las personas presas y toda la población en general a causa de la crisis sanitaria por Covid-19, que no deja de provocar estragos en la población y condicionar profundamente todas las facetas de nuestras vidas. La experiencia de confinamiento colectivo se ha vivido con especial dureza en colectivos con determinadas características como por ejemplo las personas con enfermedades mentales, problemas de adicciones o con patología graves crónicas que han tenido que ver alterada o incluso suspendido el acceso regular a sus tratamientos. Lamentablemente en la Apdha conocemos bien los efectos derivados del confinamiento puesto que son carencias que se manifiestan diariamente en el ámbito penitenciario.
Este 1 de diciembre, un año más, queremos alzar la voz en el día internacional de la lucha contra el virus del sida (VIH) para hablar de la situación de las personas presas, y reclamar especialmente medidas adecuadas para que los efectos del coronavirus no sean un añadido más en la lista de graves vulneraciones a las que se enfrente este colectivo. Esta población, además de estar afectada con mayor intensidad por el virus de sida, padece una amplia lista de vulneraciones de derechos y lesiones a su dignidad, que requieren su visibilización y respaldo social para lograr su eliminación.
Nos encontramos en un momento en el que se ha alcanzado la conciencia colectiva de la importancia de disponer de un acceso garantizado a la sanidad pública en condiciones adecuadas y suficientes, ¿por qué debería la población reclusa carecer de este derecho?, ¿cómo podemos defender consignas como “que nadie se quede atrás” permitiendo que las personas presas vivan graves obstáculos para acceder a tratamientos y atención médica adecuada? Es imprescindible que de una vez por todas, se aborde la transferencia de las competencias sanitarias en materia penitenciaria a la red pública de salud para que en la atención sanitaria primen criterios de salud y no de seguridad y regimentales.
Desatacamos además que el padecimiento de estas situaciones trasciende a la persona presa, ya que también las familias, en especial las que proceden de contextos sociales y económicos más desfavorecidos, sufren vulneraciones de sus derechos como ha sucedido recientemente con personas que han sido sancionados por desplazarse a comunicar con sus familiares privados de libertad. Esta es una causa justificada exenta de la aplicación de las medidas de restricción de movilidad, no obstante la Junta de Andalucía no está aplicando esta exención, penalizando así a las familias de quienes se encuentran en prisión.
Por todo esto, y no solo este 1 de diciembre sino todos los días del año, las organizaciones civiles vamos a seguir alzando la voz ante los abusos y las injusticias, ante el olvido y el abandono, por la defensa de la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad. DIARIO Bahía de Cádiz
