Era ya hora de que una persona que ha sido considerada insensible, carente de empatía e intelectualoide, pero sobre todo interiormente muy decepcionada, escribiera sobre la cadena perpetua en España. Es conocido por todos como desde hace unos años ha saltado a la palestra política y a la opinión pública el debate sobre la llamada cadena perpetua (“revisable”). El debate se ha convertido en un tema muy transversal, cuyos apoyos a la medida pueden venir de una conversación de taberna, un muro de Facebook como el de la conocidísima en nuestra tierra activista por los derechos trans Mar Cambrollé o en una capilla, con cuerpo presente del pobre niño Gabriel, por el conocido -aunque no en nuestra tierra- Rafael Hernando (PP). C´s ya se retrató hace tiempo con el famoso tweet de Albert Rivera “Quien la hace la paga”, que resume la política penal del partido naranja. Escribo éste artículo no para aquellos que gritan “entregadnosla” -todos sabemos para qué, aunque no los detalles-, tratan a la acusada del asesinato como “la negra” o para aquellos que, en un alarde de desvergüenza, atacan al padre de la criatura asesinada por ser parte de la lista electoral del grupo almeriense de Podemos -concretamente por ser contrario a la cadena perpetua y defender a los inmigrantes-. Los padres del asesinado no derrochan el odio que sí derraman terceros. Este artículo está dedicado a aquellos a los que apoyan la cadena perpetua (“revisable”) -entre los que en el fondo yace una profunda buena intención- y los preocupados por la marcha de su sociedad en conjunto y que ven en las leyes que se aplican un medio para poner las bases de la sociedad que queremos construir.
Me gustaría decir primeramente que no creo en la existencia del “sentido común” -puesto que es una palabra vacía históricamente hablando, cambiante según las épocas, las clases sociales y la cultura-, sino que creo en la ideología y en los intereses. No considero las leyes y los derechos promulgados como algo inherente al ser humano y que ha sido grabado en piedra para la posteridad, sino como resultado de una lucha de intereses entre les individues que componen la sociedad y del desarrollo de una ideología que justifica esos intereses. Por ello, partiré de mi base ideológica en la explicación.
Me considero un individuo que, histórica y socialmente condicionado, tiene unos intereses básicos a conservar. Como mi vida, el fruto de mi trabajo y mi libertad. Al estar obligados a vivir en sociedad con otres individues, presupongo que ésta me ayudará a conservar esos tres aspectos de mis intereses. Si la sociedad amenazara directamente el primero, me vería obligado a separarme de ella, aunque debo consentir en limitar el segundo y el tercero en favor de la comunidad. Sin embargo, sería una contradicción el que consintiera convivir en una sociedad donde se me puede privar completamente de mis bienes y mi libertad, puesto que formo parte de esa sociedad precisamente para conservar éstos en la medida en que es beneficioso para la mayoría de la sociedad. Mi base es esa, sin embargo, no sería ocioso citar el artículo 3º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”, entendiendo como tales evidentemente la pena de muerte y la cadena perpetua sin posibilidad de revisión y cuyo reo quede sin información alguna acerca de que debe hacer para ser considerada su liberación y/o cuándo ésta revisión de su sentencia tendrá lugar y bajo qué condiciones. Por otra parte, el artículo 25.2 de la Constitución española de 1978 establece que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social…”. España es uno de los pocos países que contiene esa orientación en su política penal, apoyada además por la filosofía del derecho penal europeo y de la ONU.
La reforma defendida por el PP y por C´s -muy en línea de su línea persecutoria de la oposición política que le ha ocasionado la reciente condena europea a España por el encarcelamiento de 2 personas al quemar imágenes del rey dentro de su derecho a la libertad de expresión- utiliza, en un alarde de escasez de escrúpulos, directamente el miedo y el sufrimiento de las familias afectadas, azuzando los peores sentimientos de la sociedad a través de lo que se ha venido a llamar “populismo punitivo”, proveniente de una interpretación muy conservadora de la política penal completamente innecesaria e inútil. A la sociedad se le desea transmitir la gran mentira de nuestro tiempo, la cual asevera que es necesario perder derechos para ganar en seguridad. Si algo deben buscar las leyes no es satisfacer los deseos de venganza de las víctimas o terceros, sino el mantenimiento y proporción de un orden social justo y pacífico.
¿Por qué la medida de la cadena perpetua es innecesaria? España goza de los índices de delincuencia más bajos de Europa Occidental. Según datos oficiales del Ministerio del interior, la tasa de criminalidad en España acusa una bajada muy alta especialmente desde 2010. Concretamente, la tasa de homicidios por año (por 100.000 habs.) no para de bajar. Países que son considerados “seguros” como Austria, Suecia, Holanda… superan a España en homicidios, manteniéndose nuestro país en uno de los más bajos en los años 2010-2012. Para los años 2015-2016, la tasa de homicidios consumados ha bajado un 3.3%, una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes para éstos años da una cifra de 0.63, muy por debajo de la media de la UE (0.99) y de países como Alemania (0.80), Reino Unido (0.95) o Finlandia (1.63). La escasa subida de la tasa de homicios consumados en 2017 sólo se puede considerar como estancamiento.
Expertos en derecho penal como Juan Carlos Ríos Martín, profesor de derecho en la Universidad Pontifica de Comillas o Jose Luís Díez Ripollés, catedrático de derecho penal en Universidad de Málaga, además de informes de la ONU sobre las penas de prisión perpetuas “revisables”, avalan la opinión anteriormente expresada y además destacan su ineficiencia. Con la prisión permanente revisable, los asesinos de menores de 16 años y personas vulnerables, los violadores que maten a su víctima… deberán cumplir de 25 años a 35 años de cárcel íntegros, tras los cuales el tribunal valorará la conveniencia de devolverles la libertad.
Los expertos citados coinciden en que con periodos tan largos de prisión sin esperanza de recobrar la libertad “se elimina toda motivación de resocialización” para el reo, pues si la revisión es tán tardía “casi no hay esperanza”. En países como Finlandia o Suecia, que cuentan con pena de prisión permanente, la primera revisión se lleva a cabo a los 12 o a los 18 años, en Sri Lanka seis años, en Japón, Corea del Sur y Sudáfrica son 10 años, Austria y Alemania 15 años, en Francia de 17 a 18 años. El informe anterior de la ONU y la opinión de los expertos coinciden en que a partir de los 15 años de reclusión se empiezan a producir daños muy gravosos permanentes que hacen que una persona sea ya difícilmente reinsertable. “La vida en prisión incrementa el aislamiento, el recelo y la desconfianza frente a los demás, se construye una nueva cárcel dentro de la cárcel”. El informe la ONU hace especial hincapié en que la cadena perpetua a tan largo plazo puede producir efectos severos de pérdidas de capacidad de socialización, crisis de identidad, pérdida de responsabilidad personal, dependencia de las instituciones penitenciarias… cuanto más tiempo se permanezca en la cárcel, su reinserción en el mundo es cada vez más difícil.
Finalmente, un tema del que nadie habla es de los recursos necesarios para llevar a cabo la reforma penal, pues en “la tipología de los delitos a los que se aplicará hablamos de presos generalmente muy peligrosos que, al no tener esperanza, pueden acabar actuando contra el sistema y alterando la convivencia en las cárceles”, añade José Ramón López, presidente de Acaip. Si se instaura la cadena perpetua, habrá que formar a los funcionarios para que sepan cómo se debe trabajar con alguien que no tiene horizonte de salida; habrá que pensar en actividades no para prepararles para la vida en libertad, sino para que puedan afrontar la reclusión permanente; habrá que disponer de psicólogos y psiquiatras para evitar o tratar la desesperanza que esa situación produce, para tratar de que no se traduzca en violencia hacia ellos mismos o hacia otros; habrá que habilitar los centros penitenciarios para que se conviertan en lugares permanentes de vida.
Según metroscopia, un 20% de la población apoya la cadena perpetua y otro 47% sólo la apoya si ésta es revisable. Sin embargo, la Apdha pone en duda ese apoyo popular a la medida una vez que se conocen los detalles y además, se comprueba el deficiente conocimiento general de la población acerca del sistema penal. ¿Estamos dispuestos, como sociedad, a asumir el coste de una medida cruel, innecesaria, ineficaz y costosa a cambio de saciar nuestra venganza en vez de poner recursos educativos, de prevención, etc… para reducir eficazmente los delitos? DIARIO Bahía de Cádiz
