Uno se puede preguntar si tiene algún sentido convocar unas elecciones municipales para constituir un ayuntamiento en el que, tanto el alcalde como los concejales, para tomar sus decisiones respecto a poner en marcha un plan de reordenación urbana o para decidir el sentido de circulación de una calle o la construcción de un hospital o derribar un edificio en ruinas, sea preciso someterlo a la conformidad de los ciudadanos en cada caso. Podemos entender que, el gobierno de la nación, en casos de suma importancia y trascendencia para todos los ciudadanos, use el procedimiento especial del referéndum para consultar la opinión de todos los ciudadanos, como un medio de reforzar el acuerdo que finalmente se decida poner en marcha. Lo que ocurre es que esta medida que se puede considerar excepcional, forzosamente ha de estar restringida y condicionada a la autorización de las cortes generales del Estado, cuando quien pretenda convocarlo sea un organismo de ámbito inferior, como sería el caso de una autonomía o cualquier otra institución que pretendiera someter a consulta pública la toma de una decisión que estimase que requiriera de tal apoyo popular.
La llegada a la política de nuestro país de determinados grupos antisistema, de nuevos partidos integrados por ácratas o personas que pretenden ignorar ciertas leyes que los incomodan o prescindir de ciertas obligaciones con las que no se sienten conformes, ha creado una situación especial que, no se sabe si, por la ineficacia de nuestros legítimos gobernantes; por la perplejidad de los fiscales que deberían poner en conocimiento de los jueces las actuaciones, en ocasiones claramente ilegales y anticonstitucionales, de aquellos municipios en los que las instituciones han sido “asaltadas”, legalmente por supuesto, por estos partidos que, como Podemos o los que han aflorado a su sombra, han decidido entrar en la lid política siguiendo los procedimientos legales, como ha sido acudiendo a las elecciones municipales y autonómicas, por medio de los cuales y a causa de la falta de madurez política de muchos ciudadanos, han conseguido ocupar plazas de municipios, tan importantes, como han sido los de Madrid y Barcelona; pero que no parece tan seguro que, en sus actuaciones, una vez instalados en sus cargos, sigan siendo tan respetuosas con las leyes vigentes en el país.
El tomar decisiones “asamblearias”, el gobernar por medio de consultas a ciudadanos o la participación ciudadana, como se quiera denominar, no es más que un sistema que, en definitiva, desautoriza y limita la función de los representantes del pueblo elegidos democráticamente mediante las urnas, para que asuman la representación de quienes los votaron para que, precisamente, se encargaran, en nombre de la ciudadanía, de dirigir, planear, plantear soluciones, aplicar las técnicas precisas, estudiar los pros y los contras de cada proyecto y, finalmente, tomar las decisiones que más se adecuen a las necesidades de las mayoría, sin dejar de tener en cuenta los legítimos derechos de las minorías. El convertir los gobiernos municipales, las autonomías, o los servicios técnicos provinciales en meros ejecutores de los acuerdos mayoritarios de determinados colectivos de ciudadanos, a los que sea preciso consultar sobre cada decisión de orden municipal o autonómica que se deba tomar, no sólo es algo imposible e irrealizable sino que es la manera de perder la perspectiva global de las necesidades de una ciudad o comunidad, por ser obvio que lo que puede ser bueno para unos sectores o barrios de una ciudad o área metropolitana pueden no serlo para otros y esta es, señores, la principal función de los concejales y el alcalde, la de contemplar objetivamente lo que, en conjunto, puede resultar lo más conveniente para el municipio o comunidad de que se trate.
Cuando el pueblo acude a las urnas a elegir entre varias listas de candidatos, con toda seguridad, elegirá a aquella que se ajuste mejor a sus preferencias y con la que se crea mejor representado para dirigir la institución que deban ocupar. Se espera que aquellos que se presentan para cargos públicos estén en mejores condiciones por su preparación, experiencia, estudios o talentos para ser los que tomen las decisiones que, en cada momento, sean más pertinentes para la ciudad y sus ciudadanos. Resulta curioso que este sistema asambleario, seguramente en España heredado de aquellos revolucionarios del 15M, es el mismo que propugnan los comunistas y el que, históricamente, ha llevado a los países comunistas donde se debiera de haber aplicado, a un tipo de gobierno autoritario, totalitario y dictatorial, del que basta echar un vistazo a los que sucede en el Cono Sur de América, para encontrar ejemplos lo suficientemente ilustrativos de los resultados que, para el pueblo, acaban comportando tales experimentos presuntamente democráticos.
En España, tanto en Madrid como en Barcelona, parece que sus respectivas alcaldesas, Carmene y Colau, han decidido aplicar el método asambleario o como las prefieren denominar: “de representación ciudadana” como una forma pretendidamente más democrática de tomar las decisiones municipales y, yo diría, como la manera de eludir responsabilidades, de crear enfrentamientos entre los ciudadanos, de retrasar la toma de decisiones, de exponerse a cometer pifias de gran calado porque, si como dice Ada Colau, “Se debe tratar a la ciudadanía como mayores de edad”, también es cierto que el ser mayor de edad no significa, ni mucho menos, el estar preparado para opinar sobre algo que no se conoce debidamente, el estar por encima de las conveniencias personales, el ser capaz de la objetividad necesaria, el tener el criterio y el tino para opinar adecuadamente y el conocer los inconvenientes, tanto prácticos como legales o incluso sociales, de lo que se decide escoger.
No se les pagan cantidades astronómicas a nuestros ediles, no se les dota de asesores y de técnicos capacitados, no se les ofrecen presupuestos sustanciosos para poder planificar las mejores obras municipales, las más urgentes o las más rentables y adecuadas para los municipios; para que, después, resulte que quienes deban dar el visto bueno o de quienes dependa la ejecución de un proyecto, sean los ciudadanos de una determinada barriada o de un sector específico de la sociedad al que se le conceda una especial intervención que pudiera ser decisiva para la comunidad entera de la urbe, no sean el propio ayuntamiento o comunidad los que, en un pleno, decidan si la decisión es viable o no.
Es evidente que los tentáculos de Podemos, a través del éxito de sus “marcas blancas”, Barcelona en Comú o Ahora Madrid, están decididos en sus respectivas ciudades y bajo unos mismos principios y objetivos, establecer un anticapitalismo, una serie de concesiones de tipo comunista y la práctica de un amiguismo o nepotismo que ha favorecido a parientes, amigos e incluso antisistemas como okupas, a los que además de proporcionarles viviendas de propiedad pública( que no quiere decir que lo sean de los actuales inquilinos de los municipios) , sino que en los mismos ayuntamientos se les ha dado las posibilidades de intervenir en la “legalización” del sistema de ocupar edificios de propiedad ajena, mediante el escalo consentido por las autoridades, en perjuicio, naturalmente, de sus legítimos propietarios, sean estos quienes fueren y los habiten o no, por procedimientos que carecen del más mínimo soporte legal, no sólo por no haber sido declarados, con anterioridad, de utilidad pública, sino por haber sido ocupados por procedimientos ilegales no permitidos por las leyes.
Y es que, antes incluso de que se hayan apoderado del gobierno de la nación española; antes de que las izquierdas puedan haber implantado sus métodos invasivos de la propiedad individual o establecidos los impuestos que tienen previstos exigir a los ciudadanos, para poder desarrollar su programa de acaparamiento e intervencionismo de la economía de la nación y su enfrentamiento a la CE, al estilo de lo que sucedió con la Syriza griega; ya vienen anticipando en aquellas localidades en las que han conseguido gobernar gracias al apoyo de partidos que, como los socialistas, se están cavando su propia tumba ayudando a aquellos que, precisamente, son los que les están robando votos para, cuando sean fuertes, poder prescindir de ellos.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, seguimos impresionados viendo como se están apoderando de España a través de los hechos consumados, una serie de personajes que han decidido, por un lado, separase de España a través de la sedición, como es el caso catalán y, por otro, ir estableciendo las cabezas de puente del comunismo bolivariano en aquellos lugares en los que han conseguido hacerse con el poder. Mal futuro les vemos a lo que quede de España. DIARIO Bahía de Cádiz
