Cuando entramos en el Ayuntamiento de Cádiz, lo hicimos esperando encontrarnos lo peor. En muchos casos nos hemos encontrado algo peor que lo peor aún. El ejemplo del IFEF es paradigmático en este sentido. No sólo por demostrarnos nuevamente que la política del anterior Equipo de Gobierno se basaba en alimentar una administración instrumental, clientelista en muchos casos sino porque refleja perfectamente el maltrato que el Partido Popular hacía de las instituciones, su uso partidista de las mismas y su nula preocupación por el empleo de calidad. Y eso mismo ha seguido haciendo, usar partidistamente y políticamente la situación de unos trabajadores y trabajadoras. Nosotros no vamos a usar políticamente a estos trabajadores y trabajadoras, como lamentablemente han hecho otros partidos. Hemos trabajado discretamente en busca de la mejor solución, siempre poniéndonos del lado de los trabajadores.
Para el PP, los derechos laborales no han sido nunca, ni serán, más que papel mojado. Una consigna, un mantra que repetir pero que no aplicar. Incluso un obstáculo en muchas ocasiones. Es por eso que el anterior equipo de Gobierno tenía a los trabajadores del IFEF en fraude de ley, concatenando contratos durante 15 años en algunos casos. Y es más, esta situación nace bajo la responsabilidad política de Fernando Sicre, entonces concejal de Fomento, y quien fuera y sigue siendo inspector de Trabajo. Una situación que continuó con sus sucesores en el cargo: Bruno García e Ignacio Romaní. Al primero se le llena la boca hablando de trabajo digno en otros casos y el segundo se jacta de ser experto en gestión de personal, pero ya vemos lo que han hecho cuando han tenido la oportunidad de regularizar la situación laboral de al menos 36 trabajadores.
Por eso, una de las prioridades del equipo de Gobierno fue normalizar y regularizar lo antes posible esta situación laboral. Y dimos pasos en este camino desde que llegamos al Ayuntamiento. Por ello, en el mes de agosto encargamos un informe jurídico externo para esclarecer la situación que atravesaba el IFEF y estudiar las vías de regularización.
Para continuar con la cronología, en enero, Inspección de Trabajo visitó el IFEF tras una denuncia presentada por Autonomía Obrera, solicitando información sobre la situación laboral de los trabajadores. Con el informe de Inspección de Trabajo, en marzo, se confirma la situación de irregularidad que existía en el Instituto, pero este informe no estudiaba la situación individual de cada puesto de trabajo y cada trabajador.
Por ello, para completar el informe de Inspección de Trabajo, se encargó un nuevo informe al departamento de Personal del Ayuntamiento, al gerente del IFEF y al departamento de Contratación del propio IFEF.
Con este doble informe, convoqué el pasado jueves día 7 de abril el Consejo Rector del IFEF, para explicar el contenido de los mismos y se votó asumir las conclusiones expuestas en los informes. En ellas se apunta que en 32 de los 35 trabajadores y trabajadoras se advierte una concatenación de contratos de hasta 15 años en algunos casos, lo que supone una causa objetiva para la conversión de su situación laboral a la de indefinidos no fijos. Sin embargo, se advierte de tres supuestos concretos en los que no ha tenido lugar esta concatenación de contratos. Por ello, el encaje legal no puede ser el mismo que el de los otros 32 trabajadores y trabajadoras.
Sin embargo, y dada la intención del equipo de Gobierno de regularizar la situación de todos los empleados y empleadas del IFEF, solicité una reunión con Inspección de Trabajo (12 de abril) para buscar un posible encaje a esta regularización.
En esta, se le presentaron los informes que se habían elaborado desde el departamento de Personal y el gerente del IFEF y el departamento de Contratación (IFEF) y se le solicitó a Inspección un informe individualizado de cada una de las trabajadoras para analizar la viabilidad de su incorporación, y estudiar el encaje legal adecuado para darle trámite.
Desde la Inspección de Trabajo se señaló que la viabilidad de su incorporación se facilitaría si se verificara que han estado elaborando tareas estructurales en el instituto. Pero eso ni el actual gerente ni yo lo podemos verificar, ya que prácticamente acabamos de llegar y no podemos certificar que han realizado este tipo de trabajos antes del mes de junio pasado. Por tanto, instamos una vez más tanto a Bruno García e Ignacio Romaní, como a la anterior gerente del IFEF a que certifiquen la elaboración de este tipo de tareas por parte de las trabajadoras, para reforzar jurídicamente la incorporación de las mismas.
Esta es la realidad de lo que ocurrió en el IFEF con la existencia de trabajadores en fraude de ley durante 15 años, de lo que ha ocurrido en el proceso de regularización de los trabajadores y las trabajadoras que ha iniciado este Equipo de Gobierno y de lo que debe ocurrir para que estas tres trabajadoras puedan ser incluidas en dicho proceso.
La voluntad política del equipo de Gobierno ha sido y será siempre en defensa del empleo pero bajo unos condicionantes técnicos que avalen las decisiones a tomar es evidente y nos reafirmamos en ella. Obviamente, con los condicionantes técnicos y jurídicos que haya que asumir en las decisiones a tomar. El Partido Popular ya demostró durante estos 15 años le trae sin cuidado la situación laboral de las trabajadoras. Y lo sigue demostrando. Son causantes de esta situación. Por tanto, no vamos a tolerar que se las utilice nunca como arma arrojadiza en la lucha política.
ARTÍCULO DE: Laura Jiménez (Concejala de Fomento del Ayuntamiento de Cádiz)
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