En el día de hoy entra en vigor una amplia reforma del Código Penal. Se trata de una modificación legislativa que no está justificada por razones de necesidad social y que se impulsa desde el Gobierno por criterios de oportunidad vinculados al populismo punitivo, con la finalidad de actuar sobre los mecanismos emocionales de la población. En este sentido, la reforma incorpora castigos más severos, a pesar de que nos encontramos en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo y de que ya estamos en los porcentajes más elevados de población reclusa por habitante.
En esta progresión irracional de la escalada punitiva se introduce una versión de la cadena perpetua, que tiene carácter inhumano y degradante, y que vulnera el principio de reinserción social, por lo que resultaría contraria a la Constitución. La reforma también endurece el tratamiento penal de los delitos contra el orden público e incorpora nuevos castigos con pena de prisión para determinadas formas de protesta social. En este ámbito, la reforma acompaña las muy criticables medidas de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, desde una perspectiva de criminalización de la disconformidad que lesiona las libertades y resulta contraria a los principios de una sociedad plural, democrática y respetuosa con las distintas formas de pensar. Además la despenalización de las faltas de lesiones imprudentes beneficia a las compañías aseguradoras y perjudica a las víctimas de accidentes de tráfico, que con esta reforma ven reducida su protección en el ámbito judicial.
También constatamos desde Jueces para la Democracia que se ha producido un grave error técnico por parte del Gobierno y de la mayoría parlamentaria, que ha convertido diversos delitos hasta ahora clasificados como menos graves en delitos leves. Esta situación afectará al menos a 16 delitos, a los que podrían añadirse muchos más a causa de una regulación confusa, errónea y deficiente, que va a generar serios problemas de interpretación al poder judicial. La entidad de estos errores ha sido calificada como chapuza en todos los sectores judiciales. Ello tendrá importantes consecuencias en ámbitos como la prescripción, la reincidencia y el tipo de procedimiento a seguir.
La nueva configuración de delitos leves, que incluyen a las conductas citadas anteriormente y a las infracciones que han dejado de ser faltas y no se han despenalizado, presenta notables problemas en relación con garantías esenciales del proceso penal. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, no resulta admisible que delitos de cierta complejidad y consecuencias penológicas de relevancia sean enjuiciados en un procedimiento idéntico al del juicio de faltas, sin asistencia letrada obligatoria, sin escrito de acusación previo y con difícil cumplimiento del principio de imparcialidad de los jueces y juezas que instruyan y juzguen a la vez estos asuntos. Todo ello va a provocar previsiblemente la presentación de cuestiones de inconstitucionalidad que pueden tener como consecuencia la nulidad de numerosos procesos.
Desde Jueces para la Democracia mostramos nuestra disconformidad con todas estas actuaciones. Esta reforma del Código Penal es una clara metáfora de la gestión del Gobierno en materia de Justicia en esta legislatura. Una etapa en la que prácticamente no se han realizado aportaciones significativas y la única medida que se presenta como novedosa es una modificación legal innecesaria, contraria a las libertades y plagada de errores técnicos. DIARIO Bahía de Cádiz
