“En los negocios prácticos de la vida, no es la fe la que salva, sino la desconfianza”. Napoleón Bonaparte.
Puede, señores, que la presente campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas, sea una en la que más partidos concurren desde que España, al menos nominalmente, abrazó la democracia y, también, una en la que los programas ofrecidos a los electores sean más imprecisos, menos brillantes y escasamente elaborados; ya que la principal preocupación de los aspirantes a ser elegidos para ocupar los cargos públicos que se disputan, se centra más en buscar los defectos, descalificar al adversario, indagar en su pasado para desenterrar cualquier actividad posiblemente delictiva, inventarse historias para minar su credibilidad y, en fin, utilizar cualquier intriga, maniobra, conspiración o malicia para conseguir crear una imagen deteriorada que logre eclipsar las cualidades, el carisma y la preparación del rival al que se pretende abatir.
Lo malo es que tenemos la impresión de que, en este proceso de acoso y derribo del adversario político, parece que intervienen factores que actúan o aparentan hacerlo, a través de instituciones que, si bien en cuanto a su apariencia de imparcialidad, de honorabilidad, de estricta legalidad y de profesionalidad de los funcionarios que las integran, estaban bien consideradas; parece que no consiguen evitar que se produzcan informaciones, filtraciones, revelaciones y asombrosas confidencias que, inesperadamente y en los momentos en que más impacto pueden producir o más daño causar a quienes les afectan, se hacen públicos, se imprimen en los periódicos o salen en las noticias de radios y TV, con virulencia y en prime time, con el maligno objetivo de obtener un efecto deletéreo en la fama, honor, prestigio o credibilidad de aquella persona o partido contra el que se esgrimen.
Hemos tenido ocasión, a través de las últimas legislaturas, de observar como se han producido distintas filtraciones de sumarios secretos, sin que se haya averiguado quienes han sido los culpables; revelaciones por funcionarios anónimos a periodistas para que se hicieran públicas; chivatazos de la policía a miembros de ETA, sin que se hayan conocido los verdaderos culpables; detenciones acompañadas de bandas de periodistas y publicidad televisiva y casos en los que apenas nos hemos enterado porque no había interés en que se hicieran públicos; distintos informes emitidos por Hacienda para favorecer a una persona de la casa real sometida a los tribunales y declaraciones extemporáneas de representantes del Gobierno emitiendo opiniones sobre casos sub júdice.
Tampoco los altos tribunales han quedado fuera de sospecha desde el punto de vista de los ciudadanos, como cuando se declaró legal Bildu, se sancionó el Statut catalá, cuando el propio TC se limitó a hacer algunas correcciones en lugar de devolverlo a las Cortes para que se adaptara a la legalidad constitucional (algo que ha sido la causa de que, en Catalunya, se hayan atribuido funciones y competencias de las que, en puridad, carecen). También se han producido retrasos que no tienen otra explicación que la negligencia de los magistrados o la posible intervención de los poderes fácticos para evitar que se emitieran las sentencia oportunas, tal y como ha sido el caso de la Ley del Aborto aprobada por los socialistas, la llamada Ley Aído, una verdadera carta blanca para asesinar fetos en clara contradicción con la normativa constitucional sobre el derecho a la vida.
Hace apenas 24 horas la aspirante a la alcaldía de Madrid, doña Esperanza Aguirre, ha tenido que ver como, su declaración de la Renta correspondiente al Ejercicio del 2013,
se hacía pública y aparecía en toda la prensa completamente detallada. Una declaración que Hacienda tenía la obligación de mantener en secreto; que no ha formado parte de ningún proceso judicial en el que hubiera sido reclamada; una declaración, por añadidura, de un año, el 2013, en el que la señora Aguirre no tenía ningún cargo público y que sólo mantenía la dirección del PP madrileño; por consiguiente, las retribuciones, muchas o pocas, que pudo haber devengado y declarado a Hacienda, eran de su absoluta competencia y no tenía obligación de dar cuenta a nadie más que a aquélla para pagar los impuestos correspondientes, exactamente igual que cualquier otro español obligado a presentar sus cuentas al fisco.
Como hubiera hecho cualquier persona en su caso, la aspirante a la alcaldía de la capital de España acudió diligentemente a presentar la correspondiente denuncia ante el Juzgado competente para reclamar Justicia y pedir que se busque al culpable de semejante trasgresión. Pero las sorpresas no paran de producirse y, ante el asombro de propios y extraños, Hacienda, en su perenne postura de intocable y prepotente, no ha tenido otra contestación que ofrecer que decir “que puede ser que sea la señora Aguirre la autora de la filtración”, opinión que ¡pásmense ustedes!, parece que comparte el propio Gobierno. Es decir que, lo que el más elemental sentido común y lógica palmaria, nos indica que se trata de una encerrona para perjudicar ante sus electores a la señora Aguirre, se le achaca a ella el haberse tirado un tiro en su propia sien para favorecer a los partidos de la oposición.
En lugar de intentar esquivar la culpa que les corresponde, es evidente que el señor Montoro y los responsables de Hacienda, deben ponerse a la tarea de averiguar quién ha sido el que ha filtrado el documento y, en su caso, si no lo consiguen, presentar su renuncia al cargo por no ser capaces de cumplir con su deber de mantener el secreto que se le debe al derecho a la intimidad de los declarantes al Fisco. Son ya demasiados los errores achacables a altos responsables de la Administración que se dejan difuminar en el tiempo, como si los que ocupan los altos cargos tuviesen una bula especial de la que carecen el resto de contribuyentes con los que, cuando llega el caso, Hacienda se muestra inflexible y, sea por error o por descuido, cualquier retraso se penaliza con recargo y la consabida multa.
Y en todo este asunto aparece, con especial relevancia, la figura del aspirante a la alcaldía de Madrid por el PSOE, el señor Antonio Miguel Carmona que ¡vean ustedes que casualidad más curiosa! Se ha pasado las últimas semanas demandando de la señora Aguirre que muestre su declaración de Renta del 2013. El hecho es que la fijación de este señor en que su oponente enseñe sus ingresos y los ponga en conocimiento de todos parecía dar a entender que, la señora Aguirre, ocultaba algo al fisco o tenía algún error garrafal en su declaración. No, no era esta la intención del señor Carmona, sino la de acusar a doña Esperanza de ganar mucho dinero. Algo absurdo, porque dentro del PSOE tiene a muchos señores, algunos de ellos imputados, que son ricos y puede que tengan una fortuna superior a la que disponga la señora Aguirre que, como argumenta ella, si ha declarado una cantidad respetable es porque se la ha ganado con su trabajo y no como otros que consiguen medrar metiéndose el dinero de los trabajadores en sus bolsillos. En todo caso, el señor Carmona, culpable o no de la filtración, debería explicar esta rara coincidencia que, sin duda, cuando su campaña no parece ir lo bien que él se creía, le viene muy bien desmerecer a su antagonista. Algo que mucho nos tememos que ya sea tarde para evitar su victoria. Otra cosa sería si podrá gobernar en solitario o no.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos como la desconfianza de los ciudadanos en los políticos, vista su manera de actuar, cada día está más justificada. Por algo será. DIARIO Bahía de Cádiz
