Vengo colaborando con una ONG de la iglesia católica desde hace años en unos cursos que organizan con el fin de insertar laboralmente a personas en riesgo de exclusión social. La mayoría de los alumnos son mujeres (creo que en todos estos años sólo he tenido dos alumnos varones) cargadas de hijos, divorciadas y con graves carencias formativas. Como generalizar no es bueno, he de decir que hay de todo, pero este es el perfil que más se repite.
Se denominan talleres “pre-laborales” porque entre otras muchas cosas se les enseña a enfrentar una entrevista de trabajo y se explican cosas tan básicas como que hay que estar sujeto a un horario o que no se debe llegar tarde al puesto de trabajo. Es importante que conozcan sus derechos, y por ello expertos de varios organismos públicos les asesoramos sobre diversos temas. La labor no sólo es encomiable, además es efectiva y han conseguido trabajo un número nada despreciable de las asistentes a los mismos. Si no me equivoco, han sido un número de puestos de trabajo parecido a los que se han conseguido con los tropecientos millones gastados en los cursos de Delphi. No es broma, por desgracia.
La sorpresa viene cuando empiezo a hablar sobre los “deberes” y cuando insisto en que el dinero con el que se pagan las bajas laborales fraudulentas, las “paguitas”, las subvenciones, las ayudas, el paro cobrado indebidamente y toda esa larga lista de despropósitos, todo ese dinero, sale del bolsillo del resto de los españoles. Del mío, entre otros. Intento que comprendan que los demás no tenemos que financiar, aunque lo hagamos, las decisiones del resto.
Entiéndanme; si con las mismas oportunidades, por supuesto, una mujer decide dedicarse a su casa y no trabajar fuera, creo que es una opción personal. Por tanto, los esfuerzos del dinero público deberían centrase en ayudar a qué encuentre un puesto de trabajo aquella otra que sí quiere estar en el mundo laboral y por la situación actual no puede. Por ejemplo.
Lo que menos entienden aún, es que califique de fraudulento el hecho de que alguien que se va voluntariamente de una empresa, acuerde con el empresario un despido para cobrar el paro.
Todo esto me venía a la mente estos días en que no cesan de salir noticias sobre fraudes en la concesión de las subvenciones para formación, de la honorable familia del honorable, de Zonas Francas, bahías competitivas que no compiten con nadie, tantos por ciento de paro tercermundistas en una provincia de un país del “primer mundo”. Despilfarro y más despilfarro, corrupción y más corrupción allí por donde mires.
Mires arriba, abajo o en el medio, lamentablemente terminas por concluir que es difícil encontrar gente honesta, dispuesta a vivir de su trabajo y su esfuerzo, como nos enseñaron nuestros mayores. Dolorosa conclusión y tal vez piensen ustedes que exagerada, pero me justifico y apoyo en la sensación de que todo este cenagal ha contado con la complicidad y tolerancia de muchos. Cuando menos, hemos mirado para otro lado pecando por omisión.
Hace unos meses escribí un artículo de opinión reivindicando mi condición de funcionaria. Se contabilizaron más de ochenta y cinco mil entradas amén de casi mil quinientos comentarios (es lo que tienen la prensa digital, que se puede saber cuánta gente te lee) en los que se me decía cualquier cosa menos bonita. No fue agradable, como supondrán, pero fue esclarecedor (entre otras cosas se me quitaron las pocas ganas que tuviera de ser conocida más allá de mis cuatro lectores, amigos y parientes) y hoy tengo y debo de volver a abundar sobre lo mismo.
Todos y cada uno de los casos de corrupción que están saliendo a la luz ha sido gracias al trabajo de los funcionarios de este país en el cumplimiento de su deber. Policía, Hacienda, Seguridad Social, Vigilancia Aduanera, Guardia Civil, Jueces, Inspección de Trabajo y un largo etcétera que me ocuparía un espacio que no tengo. Todos y cada uno de los desafueros, de los derroches de dinero de todos ustedes, de los inmorales tejemanejes que están dando al traste un futuro digno para nuestros hijos. Todos han sido destapados, investigados e informados por esa vituperada, castigada y malquerida “casta” de funcionarios mal pagados y peor tratados de este lindo país de tramposos.
No lo olviden. DIARIO Bahía de Cádiz Susana Suárez
