Se suele definir el conservadurismo como “el conjunto de opiniones, doctrinas, corrientes y posicionamientos que favorecen tradiciones y que son adversos a los cambios políticos, sociales o económicos radicales, oponiéndose al progresismo”. Generalmente toda alusión a gobiernos de tipo conservador suele levantar ampollas en aquellos sectores que se consideran progresistas y que están empeñados en llevar a cabo innovaciones, cambios ( especialmente de tipo social y contrarios al capitalismo), reformas en las instituciones y descabalgar de su poder a todos aquellos a los que se les considera responsables de que la sociedad discurra por una libertad de mercado, mantenga el sistema de la oferta y la demanda como el regulador de los precios, excluya al Estado de cualquier tipo de intervencionismo en la actividad privada, dejándole sólo a su cuidado materias como: el orden público, las relaciones internacionales, la defensa de la nación, la sanidad pública y como garante de que se mantengan vigentes los principios constitucionales.
Es evidente que, a lo largo de la historia, algunos sistemas de gobierno han sido víctimas de procesos revolucionarios, como medio de darles la vuelta a regímenes totalitarios, monarquías absolutistas, dictaduras opresoras o sistemas corruptos, que se han prolongado a lo largo de los años siendo responsables del empobrecimiento de la población. Lo que sucede es que, salvo en contadas ocasiones (quizá una de las más significativas fue la Revolución francesa de 1789, que marcó el inicio de la época contemporánea con la abolición de la monarquía y la proclamación de la 1ª república), como fue el caso francés, los abusos y despilfarros de los reyes y nobles y la extremada miseria que azotaba a los ciudadanos, llevó al alzamiento del populacho y la toma de La Bastilla. Sin embargo, tardó tiempo y tuvo que pasar un largo periodo de desmanes, asesinatos, ejecuciones sumarísimas (perpetradas por los jacobinos) y, eliminaciones sistemáticas (Madame Guillotine trabajó a destajo) de miembros partícipes en la propia revolución, para que los frutos de aquella rebeldía se empezaran a notar en Francia en forma de bienestar para sus ciudadanos.
Es cuando miramos el actual panorama político de nuestra nación, cuando observamos como algunos partidos de nuevo formato intentan apelar a métodos revolucionarios, pretendiendo amparase bajo la cobertura de la legalidad para socavar la democracia de la que venimos gozando; cuando más nos convencemos de que el conservadurismo, el no echarlo todo por la borda o el entregarnos por simple despecho, enfado o impulso destructivo, a los cantos de sirenas que desde algunos sectores de nuestra sociedad pretenden convencernos de que, de nuevo, olvidándonos de los efectos de nuestra Guerra Civil, debemos exponernos a que, las consecuencias de la entrega de España a quienes pretenden, siguiendo la estela griega, dar al traste con todo lo que, a base de sacrificios, de renuncias y de la pérdida del trabajo de millones de españoles, se ha logrado; desentendiéndonos de que, el momento de la reactivación y recuperación de la economía de nuestra nación está a la vuelta de la esquina; aunque algunos advenedizos pretendan negarlo con el propósito de evitar que, esta bonanza, pueda llegar a favorecer a los trabajadores antes de que los que pretenden hundirnos en la miseria, hayan conseguido la revolución, con la que esperan convertir a España en un nuevo régimen bolivariano, al estilo de Venezuela.
No hay duda de que, cuando se actúa con precipitación, cuando se rompe la baraja cuando el adversario consigue ganar una partida o cuando se decide actuar dando un golpe de Estado, aunque se camufle con la pintura de una falsa democracia, para desmontar traumáticamente un sistema de gobierno aunque éste, a trancas y barrancas, con sus puntos negros y sus errores, haya logrado evidentes mejoras, haya conseguido impedir que España tuviera que ser rescatada y haya devuelto la confianza de los inversores extranjeros, que han regresado de nuevo a invertir, cada vez, con más intensidad, en nuestros valores; permitiendo que nuestra prima de riesgo haya bajado espectacularmente y que nuestros intereses, por la deuda pública, hayan descendido de una forma espectacular. Lo malo es que, actuando con la espada divisora y saltando de golpe de un régimen conservador democrático a otro de signo izquierdista, de postulados soviéticos y de propuestas contrarias a los principios de nuestra Constitución y favorables a reconocer los supuestos derechos de nuestras comunidades, en las que los nacionalismo están intentando separarlas de nuestro país; lo que se consigue es que, una parte importante de los españoles se considere injustamente tratada, se vea privada de parte de sus derechos y se sienta agredida en sus derechos particulares y protecciones constitucionales.
Los que hemos vivido los tristes acontecimiento de nuestra Guerra Civil y los no menos penosos años que la siguieron, sabemos que es mucho más sabio que los cambios, si son precisos; los arreglos si la Justicia lo requiere; las correcciones de las desigualdades sociales y la mejora del nivel de vida de todos los españoles, se vaya consiguiendo a medida que nuestra nación se encuentre en condiciones de que, todos estos cambios, tengan lugar de forma natural, sin que ello suponga poner en peligro nuestra economía o signifique cargar a nuestras empresas con un exceso de gravámenes e impuestos que mermen su competitividad con las del resto de la CE; sin que se propicie, para mejorar a unos, que el Estado se convierta en el censor de la iniciativa privada, la sustituya y burocratice todo el entramado, económico y financiero, de modo que el cinturón de controles, impedimentos y fiscalizaciones impidan al emprendedor poner en práctica sus ideas, crear puestos de trabajo ( los que precise) y convertirse en una fuente de ingresos para la administración estatal, que beneficien a todos los españoles.
En estos momentos es evidente que nuestra nación no está en condiciones de permitirse cambios políticos que pudieran distanciarnos, como le viene ocurriendo a Grecia, de nuestros amigos europeos; de tomar decisiones de tipo social que pudieran ser vistas con recelo y hostilidad por Bruselas; de limitar las libertades individuales o poner trabas a la propiedad, que pudieran significar un recorte de las garantías constitucionales de los españoles y, al mismo tiempo, un retroceso en las posibilidades de inversión y de gasto si los españoles se sintiesen despojados de sus patrimonios como consecuencia de un régimen incautatorio, pretendidamente justificado en base a mejoras sociales cuya única finalidad, al fin, sería que todos los ciudadanos quedaran igualados, no en los beneficios, nivel de vida o derechos individuales, sino en la pobreza, que es lo que tantas veces han podido comprobar aquellos que tuvieron la desgracia de tener que vivir en las naciones del lado este del famoso Telón de Acero o Muro de Berlín; si lo prefieren. Los casos de economías dirigidas por los poderes públicos, siempre han resultado un fiasco por su falta de rentabilidad, por la abulia de los trabajadores, por su bajo rendimiento (si cobras igual si trabajas mucho o poco la tendencia es hacer lo menos posible) y por su falta de competitividad respecto a la competencia privada.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, el mantener un gobierno conservador; que actúe con prudencia; que mantenga buenas relaciones con el resto de Europa; que dosifique el esfuerzo en mejoras sociales, en función de la rentabilidad de las empresas, de su competitividad en el extranjero y de los ingresos que ello le vaya reportando al Tesoro nacional; es mucho más sensato que elevar el banderín revolucionario, enfrentar a las dos España y exponerse a que, lo que resulte de esta lucha, acabe por perjudicar a todos, tirios y troyanos, si España terminara fuera de Europa o expulsada de la moneda común, el euro. DIARIO Bahía de Cádiz
