A modo de recordatorio doloroso este artículo pretende pasar superficialmente por el recorrido de todos aquellos que no se respetan en España y que cada vez se hacen más difíciles de ser reales. Tal vez una buena fórmula para despertar conciencias ahora que termina el año.
Artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”
Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado”
En 2012, Andalucía Acoge y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APDH) en el Campo de Gibraltar, cifraban en 23.000 personas las que habían muerto en el Estrecho intentando llegar a Europa en los últimos 20 años, 3.500 en lo que va de año.
Hace tan solo una semana la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, concluyó que en la tragedia de El Tarajal donde murieron quince inmigrantes ahogados intentando bordear a nado el espigón que separa en esta zona Ceuta de Marruecos, fueron atacados con pelotas de goma y botes de humo aunque al parecer nadie oficialmente dio las ordenes y por lo visto sin intención de dañarles y tan solo de disuadirlos. La indefensión en la que se encontraban estos inmigrantes no parece humanamente corresponderse con las medidas extremas que extraoficialmente tomaron los cuerpos armados.
En los últimos días 23 inmigrantes, muchos de ellos niños, cayeron al mar desde la patera en la que viajaban frente a las costas de Almería.
La Ley Mordaza de la que hablaré también después, va a permitir las devoluciones en caliente de los inmigrantes.
Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”
Esta semana, el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, manifestaba no tener intención de abrir los comedores escolares durante las vacaciones de Navidad para acoger a los menores procedentes de familias con pocos recursos económicos porque según él, los niños madrileños no tienen problemas de desnutrición sino de obesidad.
Tal vez ignora el Sr. González que esos problemas de obesidad pueden venir precisamente de la dieta obligada de las familias en riesgo de exclusión social: pasta, arroz y pan.
Artículo 7: “Todas las personas son iguales ante la Ley”
Esta puede ser una frase elocuente pero poco creíble para los más desfavorecidos cuando la asistencia jurídica que reciben no puede compararse con la que disfrutan los que tienen medios económicos suficientes. El peso de la Ley, cae significativamente de forma más liviana sobre aquellos que roban de la caja fuerte de un banco sin necesidad de forzarla pues tienen las llaves, que sobre aquellos a los que la vida les empuja a situaciones límites como robar en un supermercado un paquete de pañales.
Artículo 17: “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”
Hacia finales de 2012, según la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), el número de desahucios llegaría en España a los 171.110 desde el comienzo de la crisis en julio de 2008.
En octubre de este año, los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial desvelaban que en el segundo trimestre de 20º4 se habían iniciado 21.178 ejecuciones hipotecarias, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2013.
Las Leyes que se aprueban se ponen del lado de las entidades financieras (muchas de ellas rescatadas por todos), ignorando la responsabilidad dolosa de dichas entidades, haciendo parecer justos los desalojos incluso en viviendas que necesariamente quedarán vacías y fuera del mercado.
Artículo 16: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”
Las familias desalojadas son abocadas a la exclusión social al tener que fragmentarse y desenraizarse de su núcleo social habitual.
Artículo 23: “Toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo”
La cifra total de desempleados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se situaba en el mes de noviembre en 4.512.000.
El gasto en protección contra el desempleo mengua cada mes: 314 millones de euros menos este año con respecto al año anterior.
La caída del gasto se acompaña de la caída en la tasa de cobertura que se sitúa en el 57,3%.
Según el Ministerio de Empleo hay 2,4 millones de beneficiarios de ayudas pero aquí no todos son desempleados porque en este colectivo también entran los prejubilados y los contratados a tiempo parcial que pueden compatibilizar su empleo con el cobro de la prestación.
¿De qué subsisten los desempleados que no acceden a las ayudas? Esta es la espinosa pregunta que se contesta de diferente forma según la sensibilidad social del espectador.
Para la mayoría de la clase adinerada, estos datos están falseados por la existencia de un empleo sumergido pues es más cómodo y soportable ponerse una venda en los ojos y no enfrentar estas cifras.
La tétrica realidad que estos datos muestran es que es aún mayor el número de desempleados existentes porque muchas personas ya pasaron de renovar sus papeles en el Servicio Público de Empleo Estatal ante la ineficacia manifiesta de dicho organismo y que gracias a la solidaridad familiar y a los servicios de beneficencia de algunas ONGs, miles de familias pueden acceder a un plato de comida caliente al día.
La nueva ayuda de Rajoy de 426 euros mensuales, excluye a seis de cada siete parados de larga duración ya que solo pueden acceder a ella parados de larga duración sin ingresos y con responsabilidades familiares.
Artículo 26: “Toda persona tiene derecho a la educación… El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos”
Es imposible que sea igualitario ese acceso a estudios superiores cuando la educación ha recortado 275 millones en becas en los dos últimos años. Una vez más, el criterio de acceso viene a ser el status económico de la familia en la que se nace y no los méritos académicos.
El precio de los créditos universitarios ha subido un 45% desde 2009, cifra disparatada en relación a la subida de los salarios en el mismo periodo. Esto, acompañado del endurecimiento de los criterios para el acceso a becas, ha llevado a un porcentaje elevado de alumnos al abandono de sus estudios. Padres que años atrás podían sufragar los estudios de sus hijos, hoy no pueden permitírselo porque estudiar no es solamente pagar matrículas y créditos, sino también libros, transporte, comidas, etc.
Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión”
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (La Ley Mordaza) aprobada el jueves pasado por el Congreso de los Diputados solo con los votos del PP, califica como delito cualquier manifestación ciudadana de opinión si la autoridad competente así lo cree oportuno.
No cabe duda que penalizar económicamente a las personas resulta una medida eficaz para que no hablen ni protesten en los tiempos que corren. Es la manera más despótica que puede tener un Gobierno de asegurarse el silencio y el acatamiento de todas sus decisiones aunque sean injustas. DIARIO Bahía de Cádiz
