Paradójicamente, la anunciada contratación anual y al 100% de los profesionales sanitarios calificados como “eventuales estructurales” del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha traído consigo la desestructuración de muchos servicios sanitarios que hasta ahora el SAS ofrecía, ha hecho añicos la gestión por competencias profesionales, ha destrozado a los equipos interdisciplinares de trabajo existentes y ha desplazado del centro del tablero la debida atención a los pacientes, que hasta ahora se entendía como el eje primordial del servicio sanitario, o al menos de ello se vanagloriaban las sucesivas Consejerías de Salud de Andalucía.
La “gran noticia” de la contratación de los profesionales eventuales estructurales del SAS a jornada completa y 100% del salario anunciada el pasado 28 de Enero, ha ocasionado un caos organizativo y un despropósito tanto para los profesionales como a los propios servicios del SAS.
Muchos profesionales han sido “cesados”, eufemismo de despedidos, tras 5, 6,..10 años de trabajo continuado en su puesto de trabajo, otros han cambiado su condición de estructurales y han firmados contratos menores, y muchos de los que han sido afortunados y pueden seguir siendo “eventuales estructurales” lo hacen con la amargura de saber que sus compañeros han sido injustamente tratados y con la inseguridad que este sistema de contratación novedoso y arbitrario les ha creado para lo sucesivo.
¿Por qué ocurre todo esto? En primer lugar, el SAS, para regularizar las contrataciones, ha creado una bolsa única para todos los profesionales sanitarios, pero los criterios de baremación son injustos porque no tiene actualizados los datos de todos los profesionales, motivo por el cual, este sistema ha sido denunciado por la Asociación de Eventuales del SAS.
Pero además de los innumerables errores de baremación, la permanencia en el mismo trabajo de forma continuada es valorada de menor forma que los cursos realizados en entidades privadas, sindicatos o universidad, convirtiendo el acceso a la profesión sanitaria en una carrera mercantilista en la que los créditos se consiguen aproximadamente a 60 ó 70 euros por curso, creando una desigualdad en función del poder adquisitivo, de la financiación de los laboratorios o de la orientación y valores de los profesionales, ya que en muchos casos estos cursos, que son la mayoría online, no aportan capacitación real para el puesto de trabajo. Facultativos con más años trabajados han perdido su condición de “eventual estructural”, desplazados por otros que han terminado la residencia años después que estos. Por otro lado, enfermeras, matronas y profesionales de la salud mental, entre otras especialidades, que optaban a través de su bolsa de trabajo específica han sido “cesadas”, por no estar dichas especialidades aprobadas por la comisión general de especialidades e incluidas en dicha Bolsa general.
Las prisas con las que se ha aplicado esta medida ha creado el caos en los servicios, creando un segundo elemento de desigualdad al aplicarlo de manera diferentes según los centros hospitalarios, mientras que unos han optado por dicha bolsa general, otras han convocado las plazas por perfil, y las que lo han hecho por bolsa, han ofertado las plazas en diferentes tiempos ocasionando un trasiego de profesionales de las diferentes provincias andaluzas, ya que las plazas y contratos ofertados no pueden ser rechazados aun estando fuera de su provincia por estar este rechazo penalizado, viéndose obligado el profesional de la salud en cuestión, a abandonar su puesto de trabajo y su ciudad de manera urgente y precipitada.
Por si esto fuera poco, hay que constatar que los profesionales no han conocido su situación laboral hasta el último día de la puesta en marcha de esta medida, terminando la jornada el pasado viernes a las 3 de la tarde sin saber si el lunes iban a renovar, o en el caso concreto de las urgencias del Hospital Clínico de Puerto Real, siendo desmantelado éste en el 70% del servicio sin previo aviso, los profesionales de la salud afectados aun el sábado no sabían si iban a trabajar el domingo. Esta situación de caos y de descontrol ha sido generalizada en toda Andalucía.
Pero es que el problema no queda aquí, es un punto y seguido, ya que esta situación se repetirá anualmente, y los profesionales sanitarios estarán más ocupados en “comprar” cursos acreditados y especular con qué curso vale más, que en atender a los pacientes. Los profesionales sanitarios han pasado de ser compañeros de la causa de la salud de los andaluces y andaluzas a ser simples competidores, jugándose su puesto de trabajo en función de unos méritos ajenos a su capacitación profesional. Se ha introducido un sistema que no favorece el trabajo en equipo, la gestión por competencias profesionales y las capacitaciones específicas tan valoradas teóricamente por la Consejería de Salud.
Los perjudicados no son solos los profesionales sino también todos los ciudadanos. Los pacientes se han encontrado en estos días con un baile de profesionales desorientados intentando acoplarse a su servicio y mirando de reojo al compañero/competidor, no le vaya a quitar el puesto de trabajo.
El Servicio Sanitario Público, tiene la obligación de aplicar la legalidad, y la contratación del personal público tiene que garantizar los preceptos constitucionales, pero de una manera ordenada y justa, con el objetivo de contratar a los mejores disponibles para cada puesto.
No es fácil resolver este problema, se entiende, pero tal vez la participación de los profesionales y los usuarios en la realización de los criterios de selección, y por supuesto la transparencia en los procesos de selección hubiesen ayudado bastante, sin olvidar que, además de la capacitación en su área específica se necesitan profesionales con vocación de servicio público.
Es lo que ocurre cuando se gestiona a golpe de medidas electoralistas. LO JUSTO se convierte en INJUSTO, y atenta contra el derecho de los ciudadanos y de los profesionales con verdadera vocación de servicio público. DIARIO Bahía de Cádiz
