“En nuestras mentes resuena como un mantra la frase ‘todos son iguales’ y como si de un virus se tratara se extiende y se multiplica en la sociedad”. Menéndez, Permuy y Alberca.
Como ciudadanos y como afectados por esta extraña e incomprensible actuación de las autoridades en contra de un banco mediano, un banco perfectamente solvente, como indican sus ratios de fiabilidad y un banco que no se encontraban ( al menos antes de que los americanos levantaran la liebre sobre una determinadas actuaciones irregulares que, al parecer, tuvieron lugar en las respectivas direcciones de la Banca Privada Andorrana y de su filial española, el Banco de Madrid) en ninguna situación que amenazara los intereses de los clientes, al menos de la mayoría de ellos; que tenían depositada la confianza en la gestión de sus ahorros en dicha entidad bancaria. Al contrario, cumplían con su cometido y realizaban una encomiable labor permitiendo que pequeños ahorradores, que en otras entidades de mayor tamaño apenas son tenidos en cuenta, con un trato personalizado eficiente y unos empleados atentos y respetuosos con las necesidades de cada uno de sus impositores, velando por los intereses del banco, pero también por los de aquellos que confiaron en él.
De la noche a la mañana una tempestad se cierne sobre la entidad y lo que se consideraba, incluso para el Banco de España, una entidad solvente, con capacidad de pago y con perspectivas de seguir funcionando normalmente; es objeto de una intervención fulminante, una suspensión de todas sus actuaciones y, sin comerlo ni beberlo, la mayoría de los clientes de ambos bancos han quedado “estigmatizados”, fueran cuales fueran las cuantías de sus inversiones y el destino que, a cada una de ellas, se les había dado; de modo que, para la prensa sensacionalista, para los buitres de las TV y para el común de los mortales, pasaron a ser considerados como “unos señorones que se han dedicado a especular defraudando a Hacienda y enriqueciéndose ilegalmente”. Nada más lejos de la realidad.
Ya sabemos lo fácil que resulta abrir la espita de la calumnia, lo corriente que es emitir opiniones sin base alguna y lo difícil que es separar la tinta del agua cuando se ha vertido en ella. Mucho nos tememos que, en todo este tinglado, que ha tenido el efecto de poner en la picota a un banco sin problemas económicos, sólo por la posible corrupción de alguno de sus directivos, por el hecho de que determinados sinvergüenzas lo hubieran utilizado para blanquear dinero o el simple evento de que, la familia Pujol, lo hubiera utilizado como depositario de sus espectaculares ganancias y como medio de defraudar a la Hacienda española. En este affaire ha habido algo más que un interés en que “la justicia” prevaleciera” o, incluso, que salieran a la luz cantidades que deberían haber pagado sus impuestos. Se ha dicho que había interés en que, a modo de ejemplo, se actuara sobre una entidad de crédito de tamaño menor, una que no afectara a la credibilidad del sistema bancario español y que no obligara al FROP a tener que hacerse cargo de costosas indemnizaciones.
Todos conocemos y venimos padeciendo, desde hace años, una fuerte crisis que cada cual, según sus posibilidades, ha intentado paliar para evitar tener que ser un cliente más de Cáritas; algo que, en muchos casos, se ha producido en familias que, antes de la crisis, disponían de un buen empleo, ganaban los suficiente para vivir y permitirse determinados lujos y que, como consecuencia de la caída del bluf de la construcción y subsiguiente secuelas económicas, se han visto obligadas a tener que recurrir a los comedores sociales por no poder alcanzar, con lo que les ha quedado, a llegar a finales de mes. En el caso del Banco de Madrid, una parte muy importante de los que confiamos en él eran personas que han invertido sus ahorros de toda la vida en la entidad para sacarse unos réditos que permitieran completar sus exiguas y cada vez más en peligro, pensiones recibidas del Estado; que no duda, cuando le conviene, en meter mano en el Fondo de Garantía de Depósitos, cada vez que se encuentra en dificultades para cumplir sus compromisos de pago con los ciudadanos.
¿Era necesario que las autoridades económicas del Estado, entraran como elefante en cacharrería para poner todo patas arriba, por el simple hecho de que se tuviera noticia de que, en el banco, se cometían actuaciones ilegales que, en modo alguno afectaban a su solvencia? ¿No sería que, ante las próximas elecciones, a algún partido al que no le vayan bien las cosas y tema quedar desbancado de su actual posición, le conviniera dar un golpe sobre la mesa para hacer ver que no le importaba actuar “contra los ricachones”?
Desde aquí emplazo a las autoridades que han llevado a cabo este “asalto” sin precedentes, obligando a que el juez haya tenido que convocar el concurso de acreedores, algo que en modo alguno estaba justificado por la situación de solvencia de la entidad; con lo cual lo que se ha logrado es que los clientes se asustaran, quedaran en situación de pánico e intentaran retirar sus imposiciones algo que, de todos es conocido, es la causa de la mayoría de los casos de cierre de bancos aunque, en realidad, su cobertura de efectivo sea excelente. No hay banco que resista que, una gran mayoría de sus clientes, pidan el reintegro de su dinero a la vez. En el año 29 una de las causas de la gran depresión de los EE.UU fue, precisamente, a causa del desmoronamiento de la confianza de los ciudadanos en las entidades de crédito.
Los efectos de esta “machotada” de la Administración contra el Banco de Madrid, sin duda ha sido mucho más perjudicial para los modestos inversores, que mantenían todos sus ahorros en la entidad, que el beneficio que la Justicia pueda haber obtenido de que algunos sinvergüenzas, defraudadores de impuestos, hayan recibido su merecido; teniendo en cuenta de que, a ninguno de ellos este “tropiezo” le impedirá seguir viviendo espléndidamente porque, como es evidente, sus fortunas están distribuidas entre varios paraísos fiscales. Lo contrario ocurre con los pequeños inversores a los que se les ha cerrado el grifo de poder disponer de su dinero en cuenta corriente; el hecho de que los gestores de los distintos fondos no puedan administrarlos debidamente en tanto no se permite tocarlos o, incluso, aquellos fondos que están depositados en otros bancos están pendientes de que se los autorice para que puedan ser rescatados por sus propietarios. Y todo ello sin prisas, como ocurre en todo procedimiento judicial.
Lo peor es que, al parece no hay diligencia en solucionar el problema y puede que interese que este tema vaya saliendo en los periódicos cada día, como viene ocurriendo, o que, de momento, les agrade tener en primer plano de la actualidad casos como el de los Pujol o del millonario ruso que garantizaba los créditos que recibían de la BPA con imposiciones provenientes de dinero negro, lo que le permitía blanquearlo. Resulta incomprensible que se hable de que las cuentas quedan garantizadas, hasta un importe de 100.000 euros por cada una de ellas cuando, en este caso, no hay nada que garantizar más que se haga pagar a los culpables por sus delitos, se despida a los administradores corruptos y se permita que, cada uno de los depositarios que están en paz con Hacienda, “pagando religiosamente los impuestos que les corresponden”, algo que no se puede decir de todos los partidos políticos y de algunos de sus directivos o tesoreros; pueda recuperar aquellos dineros que invirtió legalmente, que no han sido objeto de ninguna mala praxis y que, el tenerlos improductivos, amenazados de mala administración mientras permanecen embargados y, sin que haya existido comunicación alguna, por parte de las autoridades pertinentes, que pueda tranquilizar a sus propietarios de que no forman parte alguna del acervo del balance del banco con los que deberá responder de sus posibles errores o delitos.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos importantes irregularidades en este procedimiento contra el Banco de Madrid y sus clientes, que nada tienen que ver con los negocios turbios de sus directores y de clientes privilegiados a los que, por lo visto, se los favoreció y ayudó a blanquear capitales. Nunca los inocentes no deben pagar por los pecadores. DIARIO Bahía de Cádiz
