La Marea Verde, junto a colectivos como la Flampa y la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz, celebraba el sábado a mediodía en la plaza Mina de la capital, frente a la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía una nueva concentración para, entre otras cuestiones, denunciar las ratios ilegales, reclamar la estabilidad de los interinos, exigir calidad educativa, y en definitiva, insistir en su defensa de la escuela pública.
Frente a ello, la consejería en manos de Ciudadanos replicaba en la misma mañana con una farragosa nota llena de cifras globales, subrayando entre otras cosas que “hablar de recortes no tiene ninguna credibilidad”. “Dibujan un panorama apocalíptico de la educación pública que en nada se corresponde con la realidad y con los datos objetivos reales de inversión, que demuestran el compromiso y la voluntad inequívoca de este Gobierno andaluz por una educación de calidad sin dejar a ningún estudiante atrás, y en el que queda camino por recorrer”, se defiende desde la delegación territorial; que repite el argumentario desde Sevilla: “la educación dispone de los mayores presupuestos de la historia de Andalucía. Son 7.400 millones de inversión, con un aumento de más de 1.000 millones respecto a 2018, y el último presupuesto del anterior gobierno socialista”. Gran parte de ese presupuesto extra ha llegado de fondos adicionales del Estado por la pandemia.
Mientras, para la Marea Verde “la lucha por una educación pública no puede demorarse ni un segundo más. Su futuro y el de nuestra sociedad dependen de ello”; y en este sentido, en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, hace una llamada a la unidad de acción de todos los colectivos, sectores de la comunidad educativa, sindicatos y personas defensoras de lo público “para construir entre todos un calendario común de movilizaciones en toda Andalucía” que ponga sobre la mesa la inmediata puesta en marcha de diferentes medidas, las cuales ya fueron protagonistas en la concentración del pasado 1 de septiembre junto al Parlamento de Andalucía.
Entre ellas están: el aumento de la inversión en la educación pública al 7% del PIB; la bajada de ratio en las aulas en todos los niveles y etapas “para mejorar la atención al alumnado y hacer de las aulas espacios seguros”; la contratación de docentes y personal laboral que permita dicha bajada de ratio y una atención a la diversidad individualizada adaptada a cada alumno; establecer condiciones laborales dignas y contrataciones suficientes para el personal administrativo, de limpieza y servicios, “colectivos imprescindibles para asegurar higiene, coordinación y funcionamiento de los centros, que deben ser diarias y continuas”; el incremento del número de orientadores educativos; la contratación y reconocimiento de mediadores comunicativos para el desempeño de sus funciones dentro del equipo multidisciplinar; y recursos que se adapten a las necesidades del alumnado (no al revés), y normativa actualizada y concreta que proteja los derechos del alumnado de Educación Especial o con necesidades específicas de apoyo educativo sea cual sea su etiología.
En este largo listado también se reclama: la paralización inmediata del cierre de aulas públicas, restauración de las mismas y plan para la construcción de nuevos centros educativos públicos; el acometimiento de todas las mejoras de infraestructuras necesarias; la aplicación con carácter de urgencia de la Ley de Bioclimatización; el cambio del modelo de gestión de los comedores escolares por cocinas in situ de gestión pública; la laicidad en los centros públicos; y la revisión de los textos sobre memoria histórica, “silenciada por la dictadura y la transición”.
Del mismo modo, se pide la paralización de la Ley de FP, “mejorando el modelo actual con recursos suficientes para los centros públicos”, de manera que la Formación Profesional “sea mejora de la empleabilidad y el desarrollo de los profesionales conforme al requerimiento de los distintos ámbitos laborales, en este caso el educativo”; y se exige un plan de estabilidad del personal interino, “cuya precariedad laboral va a verse incrementada con la modificación del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), que garantice su puesto de trabajo hasta la consecución de la plaza de funcionario”.
“INSOSTENIBLE E INADMISIBLE SITUACIÓN”
En el contexto de inicio del curso escolar 2021/2022, el segundo en pleno contexto de pandemia del Covid-19 y de emergencia sanitaria, para la Marea Verde “el panorama con el que nos encontramos en la educación pública andaluza nos es tristemente familiar: carencias de todo tipo, enormes recortes en la ya exigua contratación de docentes respecto al curso pasado, cierre de cientos de aulas públicas, ratios elevadísimas e incluso ilegales que imposibilitan el mantenimiento de la distancia de seguridad y una atención educativa de calidad (en las últimas semanas sindicatos han señalado casos concretos en Cádiz y Puerto Real), centros educativos con aulas e infraestructuras en general que suponen un riesgo para la salud, o una Ley de Bioclimatización que sigue sin ejecutarse”.
De igual forma, se considera que existe “un abandono absoluto al alumnado de Educación Especial, degradación de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, así como a sus profesionales, una Ley de Formación Profesional que deja parte de la formación del alumnado en manos de las empresas y que no para el proceso de privatización que se está produciendo en todos los niveles educativos”.
Y en cuanto al profesorado interino, la inminente aprobación del proyecto de ley que tiene su origen en el Real Decreto-Ley 14/2021 de medidas contra la temporalidad, “constituye la amenaza de pérdida de trabajo de 20.000 docentes andaluces”.
“Esta insostenible e inadmisible situación, que desemboca en la degradación del sistema de enseñanza aprendizaje, tiene unos responsables claros a los que conviene señalar y reclamar medidas urgentes: Javier Imbroda, el consejero de Educación y Deporte de la Junta, y Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España”, se deja claro.
“Lejos de buscar soluciones y tener en cuenta lo que en la comunidad educativa es un clamor, las actuaciones de ambos han ido en la misma línea de sus predecesores: evasión de responsabilidades bajo tácticas de marketing comunicativo carentes de contenido, desmantelamiento paulatino y constante de la educación pública, ninguneo a los colectivos y sindicatos combativos, privatizaciones y refuerzo de los privilegios a la enseñanza privada concertada, la cual conviene recordar que nació como temporal y subsidiaria de la pública y se sostiene con fondos públicos”, se lamenta desde la Marea Verde de Cádiz.
II ENCUENTRO POR LA DEFENSA DE LA PÚBLICA
Durante la concentración, también se ha recordado la convocatoria del segundo encuentro por la defensa de la pública, organizado por la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz y la Universidad de Cádiz: se desarrollará el sábado 2 de octubre por la mañana en el Edificio Constitución de 1812 (antiguo Aulario La Bomba). Los interesados pueden inscribirse AQUÍ.
Esta cita está abierta a la sociedad en general, especialmente las personas sensibles al deterioro de la educación pública y con interés en trabajar por la mejora y divulgación de su calidad.
“A lo largo del curso los centros públicos dedicados a la educación y la formación de la ciudadanía realizan multitud de actividades, programas y acciones de mucha calidad. Este encuentro responde a una necesidad natural de poner en común esas iniciativas, de calendarizarlas y coordinarlas”, se explica.
