El Juzgado de lo Mercantil acaba de autorizar la demolición de las instalaciones de la antigua planta de Delphi, en suelo de Puerto Real, pretendida por la administración concursal de la multinacional, ya que considera que es “lo más beneficioso” para los acreedores. Partidos y sindicatos han mostrado su oposición al derribo. El PP vuelve a instar a la Junta que compre los terrenos y los incorpore a TecnoBahía, mientras PSOE e IU plantean una reunión del Consorcio de Las Aletas de urgencia, para abordar de nuevo que sea este ente, el que con dinero de la Junta, adquiera el terreno. “Es demostrable y constatable” que el valor de los suelos “es tan importante como las instalaciones existentes”, defiende por su lado la alcaldesa puertorrealeña.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz acaba de autorizar la demolición y desmantelamiento de todas las instalaciones de la antigua planta de Delphi, que echó el cerrojazo en 2007, en suelo de Puerto Real, ya que considera que es “lo más beneficioso” para los acreedores.
Así reza en un auto de este Juzgado, encargado del concurso de acreedores de la multinacional norteamericana. La administración concursal presentó el pasado mes de junio una adenda del plan de liquidación inicial de 2011, tras verse frustrada en estos años sus intenciones de venta de los inmuebles. Se busca evitar, principalmente, el importante coste de los gastos de mantenimiento de la planta, pese al cese de la actividad.
Partidos y sindicatos ya han mostrado su oposición al derribo de las naves, que siempre han rechazado desde el colectivo de exDelphi. Es el caso de UGT-Andalucía: su secretario general de MCA-UGT-A, Manuel Jiménez, ha mostrado su “total oposición” a esta decisión judicial, sobre la que los servicios jurídicos del sindicato presentará recurso. A su juicio, “el derribo de las naves de Delphi constata el enorme fracaso de todos los partidos políticos, sean del color que sean, por salvar la actividad en la Bahía de Cádiz. Ninguno ha valorado la gravedad del conflicto ni su compromiso con los ciudadanos de Cádiz”.
Este sindicato asegura que “siempre” se han opuesto al derribo de las instalaciones, al considerar que “son el auténtico atractivo de la zona”, y porque estiman que “eso no garantiza el pago a todos los acreedores con la venta de los terrenos, por el escaso valor que tienen en la actualidad”. Igualmente, de arremete contra los administradores concursales por la “mala gestión” del proceso, responsabilizándolos de la “inviabilidad del uso de tales terrenos y sus altos honorarios”.
De la misma manera, para USO, el auto del Juzgado de lo Mercantil “supone la desvalorización de los terrenos, porque pasaría a ser un solar más, dentro de la caótica situación que atraviesa la provincia con respecto a la implantación de empresas y a su volumen brutal de desempleo, máxime cuando ha habido y hay interés de empresas por instalarse en los terrenos como puede ser el caso de la multinacional BWI y actualmente Ecogades”.
Al respecto, este sindicato insta a todas las fuerzas políticas “para que hagan un frente común para que se paralice el derribo de las naves, es por lo que entendemos que debe de negociar conjuntamente una salida publica a los terrenos de Delphi”. “Creemos que es tiempo de trabajar en buscar una solución a los terrenos y no disputas ni replicas partidistas entre partidos y si de buscar un consenso político en pro de la Bahía”, se sentencia.
EL PP MIRA A LA JUNTA Y PSOE E IU URGEN UNA REUNIÓN DE LAS ALETAS
Mientras, ya en el apartado político, el portavoz del PP de Cádiz, Rafael Ruiz, considera, por enésima vez, que la Junta de Andalucía “tiene en su mano una solución inmediata” para evitar el derribo de las naves de Delphi y le exige que asuma sus compromisos con los extrabajadores.
La derecha gaditana recuerda la oferta de compra realizada por el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, para “adquirir con recursos propios de la Junta” los terrenos de la multinacional, por lo que le exige al Gobierno andaluz que “no pierda más tiempo”. Aunque desde el Ejecutivo regional se apuesta por hacerlo a través del Consorcio de Las Aletas, que sigue sin responder al respecto.
Incide Ruiz Canto en que el Gobierno andaluz dispone y gestiona un parque empresarial TecnoBahía, que “ya está desarrollado y en funcionamiento”, donde “pueden adscribirse los terrenos de Delphi sin más demora y promover la instalación de empresas que generen empleo”.
Por su lado, la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha pedido que se convoque de manera urgente el Consejo Rector del Consorcio de Las Aletas para que el Gobierno central responda a la propuesta realizada por la Junta y se tome una decisión que evite el derribo de las naves. García ha pedido un pronunciamiento “claro e inequívoco” de las administraciones representadas en el Consorcio de Las Aletas sobre esa propuesta “en firme, solvente y seria de la Junta que podría dar una salida a lo que puede ser un paso hacia atrás en la oportunidad de tener unas instalaciones para su uso inmediato en la provincia”.
En la misma línea, ha manifestado que “el PSOE está dispuesto a aunar esfuerzos para intentar llegar a acuerdos con el fin de paralizar el derribo de las naves”, si bien estima que “quien debe decidir y tomar las decisiones al respecto es el Consorcio de Las Aletas”.
La líder socialista ha mostrado la preocupación de su partido por la decisión del Juzgado “que podría llegar en cualquier momento”, y sus consecuencias, y por ello, ha esgrimido que la propuesta de la Junta “es seria, solvente, razonable y permitiría la posibilidad y oportunidad de que la provincia no pierda de nuevo un tren y tenga unos terrenos de excelente ubicación ya que desde el punto de vista competitivo, para las empresas sería una buena oportunidad”.
De la misma forma, lamenta que hasta ahora la respuesta la ha dado “no quien debía contestar, que es el Gobierno, sino un PP insultón, con ganas de embarrar la vida política”, en referencia al líder provincial, Antonio Sanz. “Toda propuesta elevada en positivo por parte de una administración gobernada por el PSOE se ha topado con un PP que ha mostrado una sinrazón destacable”, ha señalado al tiempo que ha urgido a la derecha para “que recapacite y entienda que no puede ser un obstáculo al crecimiento de la provincia”. Por ello, le ha solicitado al PP “altura de miras y responsabilidad, que será muy importante para que esas naves no sean demolidas”.
En el caso de IU, su coordinador provincial, Manuel Cárdenas, ha hecho un llamamiento al resto de partidos políticos para aunar fuerzas institucionales de cara a evitar el derribo de las naves. Considera “una barbaridad que lleguen a derribarse unas naves tan emblemáticas por la falta de acuerdo entre administraciones”.
En este sentido, Cárdenas afirma que “dada la situación es necesaria una reacción inmediata de todos los partidos implicados”. Así, también plantea la necesidad de una reunión de carácter urgente del Consejo Rector del Consorcio de Las Aletas, así como un encuentro de las direcciones provinciales de PSOE, PP e IU para tratar de llegar a soluciones inmediatas.
“No podemos dejar que pase el tiempo y encontrarnos con un derribo que luego haya que lamentar”, agrega, y apela a la “voluntad” de todos los partidos y al “interés general” que debe primar en las decisiones que se adopten.
“LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL EN NINGÚN MOMENTO TIENE EN CUENTA EL FUTURO Y EL DESARROLLO DE LA BAHÍA”
Y la alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, también considera la sentencia del Juzgado de lo Mercantil “un paso atrás” para la puesta en valor de futuras actividades en los suelos e instalaciones de la antigua fábrica. “Prueba de ello, y coincidiendo con las alegaciones que en su día hicimos a esta pretensión de la administración concursal es que esta misma mañana (por el jueves) se ha tenido una reunión en las dependencias de Urbanismo con técnicos nombrados por la administración concursal para el desarrollo de un estudio de detalle que de cabida a la pretensión de la citada administración de solicitar licencia de actividad utilizándose las instalaciones existentes de la antigua factoría de Delphi”, se agrega.
La primera edil del PA insiste en que “es demostrable y constatable” que el valor de los suelos “es tan importante como las instalaciones existentes, ya que como dijimos con anterioridad cuando nos dirigimos al Juzgado, los interesados que ha habido y hay en estos momentos cuentan con las instalaciones que se pretenden derribar”.
“Entendemos que la pretensión torticera de la administración concursal en ningún momento tiene en cuenta el futuro y el desarrollo de una zona industrial en beneficio de puestos de trabajo tan necesarios en nuestro pueblo y por extensión en la Bahía de Cádiz”, lamenta Peinado, añadiendo que “es totalmente inaceptable, a tenor de lo que refleja el fallo judicial, que se pretendan ver esas instalaciones solamente para actividades del sector del automóvil cuando hablamos de poner en disposición un suelo con unas construcciones versátiles para cualquier tipo de actividad que ahonda en beneficio de la inversión tanto pública como privada”.
Los datos “son incuestionables”, para el Gobierno puertorrealeño. Actualmente el metro cuadrado de nave industrial tiene un coste, según las tarifas del Colegio de Arquitectos, que se enmarcan entre 267 y 344 euros. “Teniendo en cuenta solo las dos naves grandes, que rondan los 84.000 metros cuadrados, estaríamos hablando de que se pretende derribar una edificación que tiene un coste de entre 22,4 y 28,8 millones de euros”.
En base a esta primera valoración, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá esta sentencia entendiendo que sus últimas alegaciones tienen vigor y no se contradicen con lo expresado en el auto judicial.
