Navantia, con tres astilleros en la Bahía de Cádiz, ya tiene su plan estratégico 2018/2022 y un histórico primer convenio colectivo intercentros. El acuerdo, rubricado en la tarde de este jueves 20 de diciembre en Madrid entre la empresa pública naval, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y las seis federaciones sindicales con representación en la compañía (CCOO, UGT, CSIF, CIG, CAT y MAS), ha sido apoyado en los últimos días por el 67,4% de la plantilla (el 79%, en el caso los operarios en las plantas gaditanas), y ratificado por los consejos de administración de SEPI y Navantia.
Este plan que quiere asegurar el futuro a corto y medio plazo de la empresa estatal, prevé contratar a casi 1.700 trabajadores pero a la vez necesita la “salida anticipada” de 2.200, los mayores de 61 años. Se persigue reforzar las capacidades de la compañía, que se asientan en el área comercial y de operaciones, en la eficiencia operativa y en ese rejuvenecimiento de la plantilla.
El plan estratégico, que se viene negociando desde principios de año, ha sido firmado por la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, y el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, así como por los representantes de las organizaciones sindicales con presencia en la empresa, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz.
Tras la firma, la presidenta de la compañía ha agradecido a todos los que han participado en el desarrollo del documento el “esfuerzo” realizado, especialmente al equipo de negociación de la empresa y a los agentes sociales, al tiempo que ha acentuado el “apoyo” dado por la SEPI (accionista único de al empresa) y el Gobierno central. Este acuerdo, ha incidido, “es una gran oportunidad para transformar, modernizar y garantizar el futuro de Navantia.
Por su parte el vicepresidente de la SEPI ha subrayado la importancia del acuerdo alcanzado para el futuro de Navantia y el clima de colaboración que ha presidido todo el proceso: “se abre una nueva etapa, con la obtención de nuevos pedidos, la modernización de instalaciones y su transformación digital, un nuevo marco laboral más flexible y competitivo y la incorporación de jóvenes profesionales que darán continuidad a la larga tradición de la construcción naval en España”, ha considerado Bartolomé Lora.
El acuerdo, en general, garantiza la “continuidad” de todos los centros y sienta las bases de la “transformación” de la compañía, buscando tener “mayor influencia positiva sobre el empleo” en las zonas geográficas donde está implantada: la Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol, Dársena de Cartagena y Madrid. En ellas llega a generar 38.000 empleos directos e inducidos.
“TRANSFORMACIÓN” BASADA EN TRES PILARES
Este plan estratégico con vistas a 2022, ya en vigor, está basado en tres pilares fundamentales. Por un lado, el plan comercial y de operaciones aspira a dotar de “suficiente carga de trabajo” a todos los centros y refuerza la vocación de Navantia de “servir a la seguridad y defensa de los ciudadanos”. Además, se impulsa la internacionalización, ofreciendo su conocimiento y experiencia a otros clientes y mercados “para generar importantes retornos a nuestro país”. Este plan de operaciones ambiciona reforzar las oportunidades civiles y la diversificación, como en eólica marina, “y con él Navantia contribuirá al desarrollo de las energías renovables más limpias”. En este capítulo entran encargos para la propia Armada española (algunos de esos buques, se prevén construir en Matagorda, que en primavera se quedará sin faena, una vez que finalice el cuarto petrolero en cartera), y las polémicas corbetas para Arabia Saudí (que en gran parte se harán en La Isla, de hecho el corte de chapa se anuncia para principios de 2019).
El segundo eje, el plan de eficiencia operativa, modernizará todos los centros de Navantia, incorporando nuevas tecnologías y sistemas de gestión. La transformación digital “será un eje vertebrador para la competitividad de la empresa con el objetivo de hacer realidad el astillero 4.0 y seguir a la vanguardia de la construcción naval con un modelo colaborativo que integrará a industria auxiliar, socios, administraciones, centros educativos, tecnológicos y demás organizaciones relacionadas”, se afirma.
Y el tercer pilar está centrado en las personas, “claves para la transformación de la compañía”, con el plan de rejuvenecimiento de la plantilla y el plan de formación: en números supondrá 1.658 nuevas incorporaciones. El año que viene entrarían 563 empleados; 546 en 2020; 390 en 2021; y 159 en 2022. La previsión de empleo podría verse incrementada “cuando Navantia entre en beneficios”.
Pero para que entren nuevos operarios, habrá prejubilaciones: las salidas anticipadas afectarán a unos 2.200 efectivos en todos centros, los trabajadores que alcancen o superen los 61 años a partir del próximo 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022, siempre que tengan una antigüedad mínima reconocida en la empresa de cinco años. Eso sí, se tendrá la capacidad de retener a aquellos que desempeñen puestos claves durante un periodo máximo de seis meses, para mantener la transferencia de conocimiento dentro de la compañía.
Este proceso de rejuvenecimiento, junto con el ambicioso plan de formación, en el que también se potenciará la formación técnica de la industria auxiliar (se emplearán 900.000 horas), dotará a la empresa “de la plantilla adecuada y con la mejor preparación para afrontar con éxito los retos del futuro”.
Respecto al convenio colectivo intercentros de Navantia, que también se ha firmado este jueves, es el primero común para todos los trabajadores de la compañía, estén en Galicia, Murcia, Madrid o Andalucía. Nace como el nuevo marco de relaciones laborales con los objetivos de incrementar la productividad a través de una nueva clasificación profesional, impulsar la flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo y en el empleo, la igualdad de género, homogeneizar los diferentes sistemas retributivos y continuar implementando las políticas sociales y de conciliación. El acuerdo incluye las pautas establecidas por el Gobierno central en la negociación colectiva en cuanto a los aumentos salariales previstos. Para la mayoría de sindicatos, “pone fin a una década de congelación salarial y de desarrollo profesional, y de paralización en la creación de empleo”.
