Sin dudas, el eternizado proyecto de macropolígono de Las Aletas, en suelo estratégico en el municipio de Puerto Real, como revulsivo para el desarrollo económico en la Bahía de Cádiz –creará alrededor de 18.000 empleos, se ha llegado a calcular-, tiene toda la pinta de entrar en una antología del disparate, o de lo que pudo ser y no fue, o de las promesas que se quedan en nada… Acaba de sumar el enésimo varapalo judicial, después de que desde hace meses apenas haya habido noticias sobre la iniciativa y el consorcio público que la promueve –no se reúne desde el pasado verano-, con participación del Estado y la Junta de Andalucía y de forma testimonial de la Diputación y del Ayuntamiento puertorrealeño.
El Tribunal Supremo (TS) ha atendido el recurso interpuesto por WWF y ha vuelto a anular por segunda vez, “por ser contrario a derecho”, la reserva demanial en los terrenos de dominio público sobre los que los políticos insisten en dibujar este pretencioso parque logístico y tecnológico. En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, los ecologistas celebran esta “victoria” y demandan al Gobierno central y la Junta que “renuncien definitivamente” a este polígono, “un ejemplo de los proyectos faraónicos del pasado que han endeudado a nuestra sociedad a costa de destruir la naturaleza; deben dejar de prometer lo imposible al pueblo de Cádiz, invertir en restaurar la marisma en vez de en destruirla e incluir Las Aletas dentro del Parque Natural de la Bahía de Cádiz”.
El Supremo ya anuló en octubre de 2009 el acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007 que declaraba una reserva de 286 hectáreas dentro del dominio público terrestre (zona de alto valor ambiental) situado en el interior de las 527 hectáreas que configuran dicha zona. WWF, que también recurrió entonces, entendía que esta reserva infringía la ley de Costas. Con este duro revés se paralizaban las primeras obras sobre el terreno.
Tras este varapalo, se trabajó sin prisas en buscar una solución, intentando sortear la sentencia, y el Consejo de Ministros de 13 de febrero de 2015 autorizaba la nueva declaración de reserva demanial en estos terrenos de dominio público, para destinarlos a usos logísticos asociados al proyecto. Precisamente, en el expediente se aseguraba que se daba respuesta a las cuestiones esenciales que demandaba el fallo del TS de 2009. Algún político ya se atrevía a manifestar esos días que “el proyecto está en marcha y no hay vuelta atrás”.
De este modo, se incorporaba una “justificación exhaustiva” de que el territorio de Las Aletas es “el único adecuado” para conseguir las finalidades perseguidas en el demorado proyecto; se fijaba un plazo temporal de duración de la reserva de 75 años; se precisaban las obligaciones de restituir los terrenos al estado anterior al de declaración de reserva cuando finalice la misma; y que la superficie objeto de reserva se destinará principalmente a actividades logísticas portuarias y de transporte intermodal.
En su momento se resaltaba la especial atención que se concede en esta segunda reserva a los aspectos medioambientales -“en un intento de suavizar el proyecto”, según advirtieron los ecologistas-, “con la elaboración de una completa Memoria Ambiental y un sustancial incremento del área ambiental que dobla su superficie pasando de 120 a 240 hectáreas”. Así, de las 527 hectáreas totales de terreno del potencial polígono industrial sólo podrían instalarse empresas en 287 mientras que las 240 restantes quedarían para uso medioambiental.
Dado este paso, se estaba pendiente del siguiente, la indispensable aprobación de un nuevo planeamiento urbanístico en la zona, que es competencia de la Junta de Andalucía. Un trámite que, se dejó claro, se prolongaría al menos dos años, hasta entrado 2017… y siempre y cuando no se encontrara con nuevos obstáculos.
NO SE JUSTIFICA QUE NO SE PUEDA EJECUTAR EL PROYECTO EN OTROS SUELOS
Esa probable piedra en el camino se llamaba ecologistas: amenazaron con volver recurrir la nueva reserva demanial, “para evitar la desnaturalización y privatización de la costa gravemente alterada en las últimas décadas por proyectos similares”, y aunque los integrantes del Consorcio de Las Aletas confiaban en su trabajo bien hecho, ahora la sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, retorna el proyecto a su punto prácticamente inicial, con una sentencia en la que, otra vez, da la razón a WWF y anula el acuerdo del Consejo de Ministros de febrero de 2015.
El Supremo subraya que “para que la declaración de reserva sea ajustada a derecho debe quedar debidamente justificado que las actividades e instalaciones allí contempladas han de asentarse en terrenos de dominio público porque, por su naturaleza, no pueden tener otra ubicación”. En este punto razona que en base a los usos que se le quieren dar a estas marismas puertorrealeñas “parece claro que no se trata de actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”.
En otro de los puntos de la sentencia –que admite el fin de la iniciativa de relanzar socio-económicamente la Bahía- se afirma que el proyecto “carece de serias, reales y fundadas previsiones sobre el proceso de recuperación de los terrenos una vez extinguida la reserva”, que se establece en 75 años.
“COMPARABLE A OTRAS OBRAS FARAÓNICAS DEL PASADO”
WWF España exigió en 2015 al Gobierno de Rajoy que no aprobara esa reserva demanial. Y dibujaba el proyecto de Las Aletas: “es sólo comparable a otras obras faraónicas del pasado como el aeropuerto de Ciudad Real y el de Castellón, auténticos despropósitos ambientales y económicos que la sociedad no está dispuesta a admitir más”, al tiempo que lamentaba que “las administraciones y partidos políticos como PP, PSOE o IU, que dicen rechazar este modelo económico obsoleto, se unan para destruir la costa nuevamente por razones económicas y con la excusa de crear empleo”.
Esta asociación verde, que considera Las Aletas “una marisma de enorme valor ecológico”, defendía que el plan “destruiría de forma irreversible una marisma, incumpliendo el deber de conservar el dominio público marítimo- terrestre que a Gobierno central y regional exige la Ley de Costas; es un regreso a los proyectos faraónicos del pasado, que han endeudado a nuestro país a costa de destruir la naturaleza, y hoy permanecen abandonados por toda España”.
Por otro lado, WWF dice apoyar la generación de empleo en esta comarca castigada por el paro, pero considera que “hay alternativas que no implicarían la destrucción de la naturaleza y un gasto injustificable de dinero público”. Ya entonces repasaba que existen más de una veintena de polígonos industriales adyacentes con espacio disponible, “e incluso hay algunos de nueva construcción que están vacíos”.
Además, añade esta organización, “en el contexto del cambio climático no tiene sentido ocupar el espacio costero con construcciones. En todo el mundo se está empezando a valorar a los ecosistemas costeros, como las marismas, por ser la barrera más eficaz y barata frente a los temporales y la subida del nivel del mar”.
