El Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso interpuesto por varios sindicatos contra la Tesorería de la Seguridad Social, tras su decisión de anular por vía administrativa los periodos de alta de los extrabajadores de la planta de Delphi de Puerto Real.
A este fallo del TSJA hay que añadir la sentencia de enero de 2020 del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz por el que se eximió a estos afectados de devolver las prestaciones recibidas durante los cuatro años de formación que cursaron entre 2009 y 2012, en el contexto del protocolo de la Junta de Andalucía para la prometida recolocación de todos los parados que dejó, unos 2.000, el cerrojazo de dicha multinacional norteamericana del motor en 2007.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, señala que la sentencia conocida ahora del TSJA avala la reclamación de los sindicatos para que se exima a los trabajadores de devolver sus cotizaciones y para que se les reponga las que fueron anuladas en su día por la Seguridad Social y han dejado de percibir: “viene a reconocer que los trabajadores en ningún momento fueron culpables de una situación que vino sobrevenida por una mala gestión política por parte de la Junta”.
La sentencia reconoce que la reclamación realizada por la Tesorería a los extrabajadores exigiendo su devolución no se ajusta a derecho y señala que fue la administración autonómica la que desarrolló un contrato laboral de formación a estos parados de Delphi para que pudieran completar la prestación por desempleo.
“POR FIN SE NOS DA LA RAZÓN”
Aunque contra el fallo de la sentencia cabe recurso de casación, Montoro considera que la Tesorería de la Seguridad Social “tiene que reponer unas cotizaciones cuya anulación ha hecho mucho daño a trabajadores con edad avanzada, a las viudas de algunos ya fallecidos, e incluso a extrabajadores con incapacidades”.
“Hoy por lo menos la Justicia ha dado la razón a unos trabajadores que han sido masacrados en algunos medios de comunicación culpabilizándolos de situaciones en las que no tenían nada que ver”, lamentan desde UGT. Además, este sindicato apostilla que “vamos a seguir peleando hasta terminar con esta situación porque entendemos que si las cotizaciones son de los trabajadores, las prestaciones también son nuestras”.
“Hoy es un día importante para el colectivo de exDelphi que no ha visto cumplido el acuerdo que les prometieron en su día -insiste Antonio Montoro-. Sobre todo, para que cese de una vez por todas el hostigamiento judicial que nos ha estado persiguiendo durante los últimos años, porque que por fin se nos da la razón”.
En la primavera de 2018 se conocía que la Tesorería había anulado la cotización de casi 17 meses a un buen número de extrabajadores por la formación recibida (auspiciada por la Junta) en dos empresas hace más de una década. Estarían afectados por esta reclamación judicial unos 900 exempleados de la planta puertorrealeña: unos 150 que ya entonces trabajan en Alestis, unos 300 prejubilados, y los casi 500 que en ese momento todavía se encontraban sin empleo (y de ellos sobre 300 sin prestación alguna).
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a partir de un informe de la Inspección de Trabajo, consideró simulados los contratos laborales realizados a los exDelphi, sirviendo dicho informe para sancionar a empresas que impartieron la formación (que encima no estaba homologada), como Fueca, que reaccionaba demandando a estos parados, que han repetido una y otra vez no intervinieron ni en la elaboración ni en la puesta en marcha de estas iniciativas, contempladas en los protocolos que firmaron en su día los sindicatos implicados en el conflicto con la Junta.
